Cincuenta mil californianos anteriormente encarcelados podrán recuperar su derecho al voto antes de que termine su libertad condicional.

El Senado del estado de California votó el miércoles para aprobar la enmienda constitucional ACA6, poniendo en la boleta de noviembre si restaurar el derecho al voto a todos los delincuentes en libertad condicional.

Conocida también como la Ley de Liberar el Voto, sus defensores sostienen que repararía una forma de racismo sistémico de larga data en forma de privación del derecho de voto por delitos graves, que prohíbe a los presos en libertad condicional participar en sus comunidades locales y en la sociedad en su conjunto.

El asambleísta de California Kevin McCarty llamó a la privación del derecho de representación de los delincuentes una "ley Jim Crow", que afecta de manera desproporcionada a los estadounidenses negros.

Según el Instituto de Política Pública de California, en 2018, los individuos negros están sobrerrepresentados en la población de la libertad condicional de California, constituyendo el 26% de los presos en libertad condicional, pero sólo el 6% de la población adulta del estado. Los latinos representan el 40% de la población en libertad condicional y el 35% de los adultos de California.

A nivel nacional, muchos dicen que esto es una señal de un sistema roto que promueve un legado de esclavitud, donde en muchos estados los presos todavía son contados en el censo, y la manipulación de las prisiones ve a los políticos dibujando distritos legislativos estatales o municipales alrededor de las grandes prisiones.

Quienes se oponen a la ACA6 dicen que la medida otorga derechos a los individuos que aún deben pagar sus deudas con la sociedad.

"Dado que el voto es la más preciada de todas las libertades civiles americanas, debería ser la última en ser recuperada, la mayor zanahoria para la completa reintegración y el compromiso con el contrato social", dijo Colleen Britton del Proyecto de Integridad Electoral a Capitol Weekly.

Cuarenta y ocho estados y el Distrito de Columbia no permiten actualmente que los delincuentes voten, mientras que Maine y Vermont son los únicos estados que permiten a los reclusos votar tras las rejas, así como después de su liberación.

"Cuando la gente regresa a casa después de una sentencia de prisión, son miembros de nuestra sociedad y deben ser tratados como tales", escribió el senador estatal latino Bob Archuleta (D-CA). "Permitir que estos individuos voten y que sus voces sean escuchadas es un paso importante para reintegrarlos a nuestras comunidades."

Alex Padilla, Secretario de Estado de California y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO) es también un patrocinador de la Ley de Libertad de Voto.

"En noviembre, los votantes tendrán la oportunidad de devolver el derecho al voto a los californianos privados de la libertad condicional", escribió en un Twitter.

La lucha por "liberar el voto" continúa en noviembre.