Un informe publicado por Democracy Docket a mediados de septiembre encontró que los aliados del GOP han aumentado los esfuerzos este año para desafiar la legislación de votación, con casi cinco veces la cantidad de demandas registradas desde el año pasado.

Septiembre de 2022 marcó un punto álgido para la legislación del voto con 41 demandas en los tribunales de todo el país, que representan más de la mitad de todos los casos de votación rastreados para el año, encontró el grupo. 

En cambio, en 2021 se presentaron siete demandas relacionadas con la legislación del voto, presentadas por grupos republicanos, mientras que este año hay un total de 76 demandas presentadas por "partidos republicanos nacionales y estatales y afiliados, legisladores y funcionarios del GOP, votantes republicanos o grupos legales conservadores conocidos", observó Democracy Docket. 

Uno de los casos del condado de Chester, en Pensilvania, fue una demanda planteada por America First Legal -un grupo legal conservador fundado por los ex empleados de Trump Mark Meadows y Stephen Miller- que desafió a la Junta Electoral del condado por las reclamaciones de fraude electoral en los buzones. 

La moción de AFL alegaba que el "derecho fundamental a votar se perderá porque sus votos serán anulados por votos inválidos entregados por terceros y la elección no será libre o justa porque se contarán los votos inválidos y nulos." 

La documentación de apoyo incluida en la demanda incorporaba imágenes fijas de lo que parecía ser una persona que depositaba varias papeletas y, según AFL, diluía un voto legalmente emitido, aunque no se incluía ningún fondo o contexto en las imágenes. 

AFL solicitó que las urnas estuvieran dotadas de personal en todo momento para evitar el voto indebido en los lugares de entrega, o que los lugares sólo estuvieran disponibles durante las horas de trabajo para poder contar con personal, contando así con los recursos del condado para ello.  

La Alliance for Retired Americans, una organización que intervino en la demanda, argumentó que la orden judicial solicitada interfería en la capacidad de los jubilados para emitir legalmente su voto, dado que muchos de ellos dependen de asistencia externa para llegar a las urnas y, en algunos casos, dicha asistencia sólo estaría disponible fuera del horario comercial propuesto. 

ARA argumentó además que el grupo conservador no presentaba ninguna base legal para lo que ellos pretendían como votos indebidos captados por las imágenes de la moción. 

"En particular, los demandantes no alegan si los votantes que parecen haber depositado varias papeletas poseían la autorización oficial por escrito necesaria que les permitiera devolver la papeleta de otro votante, y las imágenes de vídeo no revelarían si esto era así", argumentó ARA. 

La ARA también señaló el momento de la demanda, presentada el 15 de septiembre, con una inusual proximidad a las elecciones de mitad de período de 2022. Más tarde, el 7 de octubre, AFL desistió de la demanda, dando por cerrado el asunto. 

La demanda de Meadows-Miller refleja un mayor esfuerzo por cambiar el funcionamiento de las elecciones sobre la base del voto indebido, aludiendo a prácticas ilegales en las urnas, aunque pocos o ningún dato o precedente legal apoyan las alegaciones. 

En Arizona, la Asamblea General republicana introdujo dos leyes que pretendían invalidar las listas de votantes si los funcionarios del condado encontraban pruebas creíbles de manipulación electoral, pero la medida fue anulada en los tribunales, ya que la legislatura no había definido un proceso logístico para apoyar las disposiciones. 

Y en Wisconsin, el Tribunal Supremo del estado declaró ilegales las urnas, creando obstáculos aún mayores para que las personas con discapacidad puedan emitir legalmente su voto. Aunque en virtud de la ADA, las personas discapacitadas pueden seguir autorizando un apoderamiento a través de los propios procedimientos de la junta electoral. 

Democracy Docket espera un patrón continuado de demandas en los próximos meses de acuerdo con el aumento actual y declaró que las demandas no parecen estar relacionadas con los ciclos electorales.

"A pesar de que los primeros meses de la pandemia del COVID-19 crearon un entorno legal único en el que se litigó una serie de leyes de votación antes de las elecciones generales, los litigios presentados por el GOP en 2022 ya están superando significativamente a los de 2020", dijo Democracy Docket.