Una jueza federal de Miami ha dictaminado que una ley de Florida que prohíbe a los municipios adoptar políticas de "santuario" para los inmigrantes en Estados Unidos de forma ilegal es inconstitucional, y su decisión se basa en parte en el apoyo a la ley por parte de "grupos de odio antiinmigrantes."

El martes 21 de septiembre, la jueza de distrito Beth Bloom dijo en un fallo de 110 páginas que la ley de 2019, defendida por el gobernador republicano Ron DeSantis, viola la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución de Estados Unidos, porque fue adoptada con la intención de discriminar. 

Bloom celebró en enero un juicio de seis días sobre la demanda, presentada por la ciudad de South Miami y varios grupos de defensa y sin ánimo de lucro.

El martes 21 de septiembre, Bloom dijo que la afirmación del estado de que la ley fue diseñada principalmente para mantener la seguridad pública no estaba respaldada por las estadísticas del crimen y otras pruebas, incluyendo la participación de grupos de extrema derecha como la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (FAIR) en la redacción de la medida. 

"Permitir que grupos de odio antiinmigrantes que promueven abiertamente ideologías xenófobas, nacionalistas y racistas estén íntimamente involucrados en el proceso legislativo de un proyecto de ley es una desviación significativa de las normas de procedimiento", escribió Bloom. 

Bloom permitió que se mantuvieran algunas disposiciones de la ley, incluido el requisito de que las fuerzas de seguridad locales cumplan con las peticiones del ICE de detener a las personas más allá de su fecha de liberación para que puedan ser recogidas por los agentes federales. 

El senador estatal de Florida Joe Gruters, promotor de la ley, dijo que se adoptó pensando en la seguridad pública y que Bloom fue "engañado" al considerar lo contrario. 

"Espero que este fallo sea revocado", dijo Gruters en un correo electrónico a Reuters. 

La ley de 2019 prohibió una amplia gama de "políticas de santuario", como las que limitan a la policía estatal y local de ayudar a los funcionarios federales de inmigración y preguntar sobre el estado de inmigración de las personas. La ley también requiere que las agencias de aplicación de la ley utilicen sus "mejores esfuerzos" para defender las leyes federales de inmigración. 

Al menos otros 10 estados, entre ellos Missouri, Texas y Carolina del Sur, han implementado leyes similares que prohíben las políticas de santuario o niegan la financiación a las ciudades que las adoptan. 

DeSantis y otros partidarios de la ley afirmaron que mejoraría la seguridad pública al mantener a los delincuentes fuera de las comunidades, pero muchos demócratas y grupos de defensa afirmaron que desalentaría a las comunidades de inmigrantes a cooperar con las fuerzas del orden, aumentando así los casos de discriminación racial. 

Bloom coincidió con muchas de estas críticas y redobló la apuesta por el carácter discriminatorio de la medida. 

"Estos motivos discriminatorios se hacen evidentes a partir del patrón histórico y continuo de discriminación racial por parte de las fuerzas del orden y la creciente dependencia de una narrativa de amenaza inmigrante para justificar la promulgación de legislación antiinmigrante en toda la nación", escribió. 

El Dr. Allan Lichtman, profesor de historia de la American University, experto en análisis estadístico y en intención e impacto legislativo discriminatorio, también testificó en nombre de los demandantes. 

Dijo que los legisladores que insisten en que el proyecto de ley era sobre la seguridad pública contradicen los datos de la tasa de criminalidad del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y los datos federales sobre las detenciones de ICE. 

Lichtman testificó que los datos mostraban que el 73% de los arrestos de ICE bajo acuerdos cooperativos de inmigración en Florida entre 2015 y 2018 involucraban a individuos sin antecedentes penales o un registro de delitos menores, mientras que solo el 0,4% involucraba a individuos con delitos penales graves como homicidio o agresión sexual. 

Concluyó que la afirmación del patrocinador del proyecto de ley de que reduciría la tasa de criminalidad y mejoraría la seguridad pública "no está respaldada" por la caída de las tasas de criminalidad en el estado, a pesar del aumento simultáneo de la inmigración indocumentada.