Mientras el país se fractura en dos con respecto al proceso de destitución del Presidente Donald Trump, aún existen proyectos en los que Demócratas y Republicanos consiguen un terreno en común.

Para sorpresa de muchos, ese terreno ha sido Venezuela.

El pasado lunes, el proyecto Venezuela Emergency Relief, Democracy Assitance and Development Act (VERDAD Act) fue introducido en un acuerdo bipartidista por los representantes Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell de la Florida, y fue llevado al suelo del Senado por los Senadores Bob Menéndez y Marco Rubio.

“La Ley VERDAD fortalece la respuesta de Estados Unidos a la creciente crisis humanitaria de Venezuela”, dijo el Senador Menendez en un comunicado de prensa. “También mantiene una presión estratégica sobre el régimen de Maduro y sus partidarios extranjeros, y avanza en los esfuerzos para abordar la gran cantidad de recursos robados al pueblo venezolano por los funcionarios del régimen”.

El Proyecto VERDAD incluye de esta manera hasta 400 millones de dólares en asistencia humanitaria para el país caribeño y sus vecinos, y 17 millones de dólares para apoyar a los “actores democráticos y a la sociedad civil”.

Asimismo, prohíbe visas para las familias de funcionarios del régimen, mantiene el congelamiento de los fondos y bienes de miembros del régimen y prohíbe la venta de armas rusas al gobierno de Maduro.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y se espera que sea firmada sin alteraciones por el presidente Trump.

Sin embargo, y a pesar del gesto que implica esta propuesta, Venezuela sigue hundida en la peor crisis humanitaria de su historia y de la historia moderna de América Latina, gracias a la destrucción de la infraestructura y del sistema económico por parte del régimen Chavista y sus veinte años de Revolución.

Gran parte de los venezolanos ahora en diáspora han recurrido a Estados Unidos en búsqueda de refugio y una vida segura.

Campañas políticas como la Trump-Biden han intentado hacerse con el apoyo de los venezolanos naturalizados y que forman parte del grueso de Latinos elegibles para votar en el país.

Sin embargo, los pactos internos y la mediocridad política en Venezuela han impedido que cualquier gesto, humanitario o político, ayude a sus ciudadanos a salir del infierno en el que viven.

Hoy en día hay más de 4.6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela en todo el mundo, según cifras oficiales de ACNUR. De ellos, más de 650.000 son solicitantes de asilo, y forman parte del éxodo más grande en la historia reciente de la región.