Al hablar de refugiados, el pensamiento recurrente es el de imágenes del África Subsahariana, Yemen o Siria. Pero durante los últimos 5 años, la mayor crisis humanitaria ha surgido en la puerta del Caribe.

La destrucción paulatina del sistema económico y de la infraestructura de Venezuela – otrora conocida como la Arabia Saudita de América – ha llevado a sus ciudadanos a un punto de quiebre, donde cruzar la frontera con Colombia o Brasil es la primera y a veces única opción.

Según el informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “ha habido un aumento del 4.000 por ciento en el número de venezolanos y venezolanas que solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde 2014”, incluyendo a quien redacta esta nota.

La Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, establece que el término “refugiado” se aplica a toda persona que presente temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país."

Tal estatuto fue establecido en el escenario post- Segunda Guerra Mundial y como parte del compromiso internacional por enmendar las profundas heridas del episodio más violento en la historia.

El éxodo de millones de judíos del continente europeo tras el Holocausto, el exilio de cientos de miles de ciudadanos palestinos después de la creación del estado de Israel en 1948, los desplazados por la guerra civil en Nigeria a mediados de los años 60, fueron tan sólo el principio de un movimiento migratorio que sigue vigente.

Uganda (1972), la guerra soviética en Afganistán (1979-1989), la Guerra de los Balkanes (1991-1999), Rwanda (1994), Siria (2011 – presente), y Venezuela (2014 – presente), son los focos violentos que han transformado la demografía internacional.

Después de haber abierto sus puertas a miles de desplazados durante la mayor parte del siglo XX, los venezolanos hoy en día caminan miles de kilómetros hasta la frontera más cercana, huyendo de la violencia instaurada por el régimen Chavista y la crisis humanitaria surgida gracias a la corrupción y la destrucción de la economía.

Sin embargo, tan sólo algunos son reconocidos hoy en día como refugiados.

Según explica ACNUR, “muchos venezolanos y venezolanas que cumplirían con los criterios para ser reconocidos como refugiados no solicitan protección internacional a través de los procedimientos de asilo y, en cambio, optan por otras formas legales de estadía en los países anfitriones”.

El caos burocrático absoluto de las agencias diplomáticas venezolanas y la inestabilidad política interna, ha confinado a cientos de miles de venezolanos al estancamiento absoluto en mitad de su trayecto, sin acceso a documentación y sin la posibilidad de renovar sus pasaportes.

“Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia”, agrega la agencia.

De igual manera, y tal como sucedía en Cuba después de la caída de la Unión Soviética, ahora son los venezolanos quienes naufragan en el mar Caribe intentando abandonar el país.

Según informó el pasado martes la Organización Internacional para las Migraciones, más de ochenta venezolanos han muerto o desaparecido en el mar caribe tras tres naufragios ocurridos desde el mes de abril.

Los viajes habrían sido organizados por contrabandistas “que aprovechaban la desesperada situación de esas personas para venderles viajes en embarcaciones sobrecargadas e inadecuadas”, según explicó la agencia.

Su destino más cercano era Trinidad y Tobago.

Según explicó William Spindler, portavoz de Acnur para América Latina, al diario El País, “no hay en el mundo un grupo tan grande de personas que se haya visto forzado a salir de su país sin que haya una guerra o una catástrofe”.

Diariamente, salen aproximadamente 5.000 venezolanos del país, frecuentemente a países vecinos que no estaban preparados para acoger tal cantidad de personas en tan corto tiempo.

Para ello, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay suscribieron en septiembre de 2018 la Declaración de Quito, donde se esbozó un plan de acción para abordar la movilidad de los venezolanos en la región.

Sin embargo, no todos poseen el conocimiento, la asistencia o los documentos necesarios para solicitar asilo, quedando a merced de las circunstancias.

Familias enteras, frecuentemente con menores de edad, son hacinados en campamentos en la frontera, afectando directamente las dinámicas del país huésped y enfrentando mayores obstáculos a la hora de integrarse.

El resurgimiento de gobiernos de derecha y el ejemplo impuesto por la Administración Trump a la hora de manejar crisis migratorias, pone aún más en riesgo el futuro de estas poblaciones.