Después de que el juez John Roberts se alineara con los jueces liberales de la Corte Suprema para bloquear la propuesta de una pregunta de ciudadanía en el censo 2020, la batalla de Donald Trump y su Secretario de Comercio, Wilbur Ross, por perseguir a los inmigrantes parecía finalmente coartada.

Al punto que el presidente dijo a los medios en el Rose Garden de la Casa Blanca que “no estamos dando marcha atrás en nuestro esfuerzo por determinar el estatus migratorio de la población de Los Estados Unidos”.

Acompañado de Ross y de su Fiscal General, William Barr, Trump aseguró que emitiría una orden ejecutiva que obligará a los departamentos y agencias federales a que entreguen sus bases de datos a la Oficina del Censo.

“Por más impactante que suene, los demócratas de extrema izquierda en nuestro país están decididos a ocultar la cantidad de extranjeros ilegales que hay entre nosotros”, agregó. “Probablemente saben que el número es mucho mayor, mucho más alto de lo que nadie hubiera creído antes. Tal vez por eso es que luchan tanto. Esto es parte de un esfuerzo más amplio de la izquierda para erosionar los derechos del ciudadano estadounidense y es muy injusto para nuestro país”.

El presidente borró así cualquier duda de que sus intenciones con el censo tuvieran algo que ver con algo más allá del reforzamiento de su agenda anti-inmigrante y de su campaña por la re-elección.

De acuerdo al New York Times, el uso de los datos de las agencias federales podría influir en la reestructuración de los distritos y “cambiar el balance de poder en la política estadounidense”.

“Los lugares con un gran número de residentes que no pueden votar (incluidos niños, no ciudadanos con residencia legal, inmigrantes no autorizados y personas privadas de derecho por haber cometido delitos graves) en general son urbanos y votan por los demócratas”, explica el medio. “Los distritos basados en un número igual de votantes elegibles generalmente desplazarían el poder político de las ciudades hacia zonas rurales más antiguas y homogéneas que tienden a votar republicano”.

Aunque muchos interpreten el discurso del presidente el día jueves como una manera de esquivar el fracaso, el tono de amenaza y el proselitismo político siguen intactos en su retórica.

Su frase “no dejaremos piedra sin voltear” lo resume bastante bien.

El director ejecutivo de la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), Arturo Vargas, dijo en un comunicado que la decisión del presidente de no incluir la pregunta “al menos nos dará la oportunidad de luchar para intentar abordar la tarea monumental de contar a cada persona que vive en los Estados Unidos”.

Para la organización, “un conteo insuficiente de latinos (que representan casi una de cada cinco personas en Estados Unidos, significaría un censo fallido para el país”.

Ello implicaría “una inversión significativa de esta Administración y millones de dólares de los contribuyentes para superar los efectos”.

De igual manera, NALEO advirtió la necesidad de observar de cerca la decisión ejecutiva del presidente por el riesgo de que pudiera violar la Voting Rights Act, “afectando la capacidad de los Latinos de escoger los candidatos de su elección o influya en el proceso de redistribución de los distritos”.

Por su parte, el Latino Victory Project insistió que, tras el fracaso del presidente, “debemos asegurarnos de maximizar la participación de nuestras comunidades en el censo, para que todos sean contados”.