Desde hace casi cuatro meses, Estados Unidos ha intentado luchar contra el COVID-19 y ha salido perdiendo. 

Hasta la fecha, el virus ha infectado a cerca de un millón de personas en el país y ha matado a más de 50.000, colocándolo a la cabeza del mundo tanto en infecciones como en muertes atribuidas a la enfermedad.

El resultado colateral ha sido la paralización de las operaciones diarias en la mayoría de los estados, a excepción de los servicios esenciales como las tiendas de alimentación y los hospitales.

Algunos ciudadanos pueden teletrabajar; otros han perdido sus empleos o han dejado de ingresar dinero.

En la semana del 20 de abril, 22 millones de estadounidenses han solicitado beneficios de desempleo después de haber sido despedidos o cesados de sus trabajos. La cifra es probablemente mucho más alta si se tiene en cuenta a quienes no pueden acceder a beneficios de desempleo, como los trabajadores independientes o los inmigrantes indocumentados. 

Hace dos semanas se contaban 17 millones, pero el número ha aumentado rápidamente desde que los gobernadores estatales ordenaron las primeras cuarentenas a principios de marzo.

Con muchas empresas dependiendo de sus ingresos diarios o semanales para operar y pagar al personal, el largo cierre ha sido una sentencia de muerte.

Para los antiguos empleados, la cuarentena ha reducido los costos de transporte y ha hecho bajar el precio del combustible, pero todavía hay que pagar por las necesidades básicas como la comida, el agua y el alojamiento.

La vivienda en particular ha generado acalorados debates en todo el país.

Una de las cosas que se está volviendo cada vez más difícil de pagar es el alquiler mensual.

En muchos estados los procedimientos de desalojo se han suspendido de diversas formas.

En Pensilvania, el Tribunal Supremo hizo inicialmente una moratoria en todos los procedimientos de desalojo hasta el 3 de abril, antes de ampliarla hasta el 30 de abril después de que el Gobernador Tom Wolf prorrogara el cierre del estado.

En la costa occidental, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva que permitía a los gobiernos locales aplicar sus propias suspensiones de desalojo. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San José y San Diego han puesto en marcha sus propios protocolos.

En otras partes de los Estados Unidos también han detenido los desalojos en lugar de adoptar medidas a nivel estatal, como en el caso de cuatro condados de Florida y Atlanta (Georgia).

Sin embargo, las moratorias sólo representan un retraso en las actuaciones. Los que se enfrentan al desalojo antes de la cuarentena seguirán siendo desalojados cuando se levante.

Algunos estados y municipios han pospuesto los desalojos y otros los han prohibido si los inquilinos pueden probar que no pueden pagar el alquiler porque han perdido el trabajo a causa del COVID-19.

En algunos casos, los inquilinos se han enfrentado a la intimidación a pesar de los fallos del estado.

LizaMarie, que compartió su historia durante la junta de Freedom to Stay en Pennsylvania, dijo que su casero llegó con un equipo de mudanzas para desalojarla por no pagar su alquiler de abril, a pesar de que ella había perdido el trabajo debido a la cuarentena.

"Ahora me acosa y trata de desalojarme aunque los desalojos sean ilegales", dijo LizaMarie.

Pero no todos los propietarios están amenazando a sus inquilinos durante la pandemia, y muchos se enfrentan a problemas financieros similares.

Cuando un inquilino no puede pagar el alquiler, los caseros también pueden perder la hipoteca y otros pagos de servicios públicos. Para aquellos que poseen muchas propiedades, uno o dos pagos perdidos no los arruinarán financieramente, pero tampoco les impedirá desalojar o presionar contra los cambios de política que ofrecen congelar el alquiler en tiempos de crisis.

Los propietarios más afectados por el cierre de COVID-19 tienen historias como la de Maribel, quien también habló en la reunión.

Maribel dijo que le resultaría muy difícil desalojar, habiendo visto el costo financiero y psicológico de COVID-19 en sus inquilinos.

"Sé que no puedo hacer eso", dijo Maribel, que también reconoció que tiene hipotecas que pagar. 

"Nuestros legisladores necesitan cancelar los pagos de la hipoteca para que los propietarios puedan cancelar el alquiler", dijo.

Freedom to Stay fue iniciado por organizaciones sin fines de lucro de toda Pennsylvania y contó con tres legisladores que propusieron un proyecto de ley de congelación de alquileres e hipotecas en la asamblea general del estado.

La legislación inicial previene el aumento de los alquileres en el próximo año, como el que instó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, para los apartamentos regulados de la ciudad.

Estas congelaciones de alquiler no impiden a los propietarios cobrar el alquiler mensual, pero sí evitan el aumento porcentual anual en ciertos apartamentos.

Una legislación similar ha sido aprobada en San José, California y Washington D.C.

Sin embargo, los llamados públicos a los funcionarios electos piden que se cancelen los alquileres e hipotecas mientras dure la pandemia del coronavirus.

Hasta ahora, eso sólo ha ocurrido de forma individual.

Un ejemplo es el de Mario Salerno, un propietario de Brooklyn, que posee 18 edificios de apartamentos.

En medio de la pandemia de coronavirus, Salerno eligió no cobrar alquiler a ninguno de sus inquilinos durante el mes de abril.

En un perfil del New York Times, el reportero Matthew Haag escribió que Salerno "es probable que renuncie a cientos de miles de dólares de ingresos".

Su principal preocupación era la salud de sus inquilinos, como lo demuestra la nota que dejó en cada uno de sus complejos anunciando la cancelación del alquiler.

"Les dije que sólo se preocuparan por su vecino y se aseguraran de que todos tuvieran comida en su mesa", dijo Salerno al Times.

Los inquilinos también dijeron que el gesto ha sido un gran alivio para el estrés durante el pánico causado por el coronavirus.

Pero la amabilidad de Salerno es sólo una en una ciudad donde más del 60% de los residentes son inquilinos.

Otro propietario, Isaac Schwartz, que según Newsweek era dueño de unos 50 edificios en la ciudad de Nueva York, no ha respondido a sus demandas de cancelación de alquiler.

Uno de ellos, Maxwell Paparella, dijo que la mayoría de los inquilinos de su complejo de apartamentos en Brooklyn estaban en huelga contra el pago del alquiler a Schwartz para abril y han instado a los líderes del estado a instituir una cancelación del alquiler mientras dure el cierre de COVID-19.

"Nos negamos a pasar hambre o a quedarnos sin atención médica para pagar el alquiler", dijo a Newsweek.

Nueva York ha sido un centro del movimiento de huelga de renta de COVID-19, pero esfuerzos similares se han llevado a cabo en California, Florida, Pennsylvania y Virginia.

Hasta ahora, los líderes se han pronunciado en contra de las huelgas de alquiler y cualquier legislación local para cancelarlo ha sido derribada por los esfuerzos de cabildeo.

Pero el tema sólo ganará más fuerza a medida que la cuarentena se prolongue.

​​​​​​​

El jaleo parece haber llamado la atención a nivel federal. A medida que el primer proyecto de ley de estímulo se agota ante la extensión de las cuarentenas, se han propuesto más proyectos de ley para ayudar a los americanos en apuros.

Además del pago único de 1.200 dólares como parte del primer proyecto de ley de estímulo, los representantes Ro Khanna y Tim Ryan han propuesto otro proyecto de ley de financiación individual más sólido que enviaría cheques mensuales de estímulo por valor de 2.000 dólares a cualquier estadounidense de 16 años o más.

Este segundo proyecto de ley es justo lo que los inquilinos y los propietarios han estado pidiendo.

La Ley de Cancelación de Alquiler e Hipotecas, propuesta por la diputada Ilhan Omar, proporcionaría el perdón total de los pagos de alquiler e hipoteca durante la duración de la pandemia del coronavirus o hasta un año.

Tampoco permitiría la acumulación de deudas de los inquilinos o los propietarios y establecería un fondo de ayuda para los propietarios y los titulares de hipotecas para cubrir las pérdidas.

"En 2008, rescatamos a Wall Street. Esta vez es hora de rescatar al pueblo estadounidense que está sufriendo", dijo Omar.