El viernes 26 de marzo de 2021, los miembros de la comunidad del condado de Berks y la organización de derechos de los inmigrantes, Make the Road Pennsylvania, presentaron una demanda contra los comisarios del condado de Berks Christian Leinbach, Kevin Barnhardt y Michael Rivera.

La demanda, presentada por el Sheller Center for Social Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, cita el "esfuerzo deliberado de los comisionados del condado de Berks para ocultar al público su toma de decisiones en torno a la prisión familiar del condado de Berks". 

La Coalición Shut Down Berks lleva más de cinco años abogando por el cierre del centro de detención del condado de Berks, y recientemente se ha unido a Detention Watch Network en una campaña para cerrarlo junto con otros nueve centros de detención de todo el país que tienen un largo historial de abusos y negligencia. 

El domingo 28 de febrero, el senador de Pensilvania Bob Casey anunció que todas las familias que residían en el centro del condado de Berks habían sido liberadas. 

Aunque la liberación de estas familias fue una victoria para muchos activistas de los derechos de los inmigrantes, sabían que la lucha no terminaría hasta que se terminaran todos los contratos del ICE y del DHS.

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El ICE y los comisarios del condado de Berks han mantenido conversaciones privadas sobre el futuro uso de las instalaciones. Un funcionario anónimo del DHS dijo a The Washington Post que el ICE ha estado considerando seriamente convertirlo en un centro de detención sólo para mujeres.

En respuesta, más de 100 organizaciones escribieron una carta al gobierno de Biden, instándole a rescindir todos los contratos con el ICE y el DHS y a cerrar definitivamente el centro de Berks. 

A finales de febrero, los comisionados del condado de Berks votaron a favor de una resolución para presentar una carta de apoyo a una propuesta de libro blanco del ICE sobre el uso futuro de la instalación. Sin embargo, los Comisionados no proporcionaron ninguna información sobre esta carta y propuesta al público, impidiendo así que tuvieran la oportunidad de plantear preocupaciones u objeciones.

Los residentes de Berks están muy descontentos con el secretismo de las negociaciones y consideran que es antidemocrático negarse a la transparencia con sus electores en un asunto que afecta directamente a la comunidad. 

La Pennsylvania Sunshine Act exige que las decisiones de los organismos públicos se hagan públicas y estén sujetas al escrutinio público. Exige que las reuniones sean notificadas con antelación y que el público pueda asistir y participar en el debate antes de que un organismo adopte una medida oficial. 

Esta ley condena este tipo de secretismo ya que "socava la fe del público en el gobierno". 

La Coalición Shut Down Berks se mantiene firme junto a los miembros de la comunidad que exigen transparencia y responsabilidad a sus funcionarios electos locales. 

La comunidad ha dejado claro en muchas ocasiones que no quiere que el anterior centro residencial familiar se transforme en una prisión de mujeres. Por el contrario, prefieren que las instalaciones vacías se destinen a programas comunitarios que realmente contribuyan de forma positiva a los residentes de los alrededores. 

"Quieren y merecen servicios humanos reales que apoyen y cuiden, no que criminalicen a las personas", dijo Make the Road PA en un comunicado. 

Durante una conferencia de prensa el martes 23 de marzo, el organizador de Make the Road, Armando Jiménez Carbarín, declaró muy claramente que tanto los miembros de la comunidad como los de su organización no quieren que los inmigrantes sigan detenidos en el centro. 

"Queremos algo que no sea antiinmigrante, algo que ayude a la comunidad. ... No queremos que el ICE esté allí, en el patio trasero de Reading y del condado de Berks", dijo Carbarin. 

El centro, ahora vacío, que antes se llamaba Centro Residencial del Condado de Berks, está situado a unos 75 kilómetros al noroeste de Filadelfia y era uno de los tres únicos centros de Estados Unidos en los que el gobierno federal confinaba a familias de inmigrantes. 

Su población ha fluctuado hacia arriba y hacia abajo a lo largo del tiempo, con el número de familias que entran en el país en un momento dado, y, si y donde el gobierno federal decide detenerlos. 

En octubre de 2019, el centro albergaba a unos 40 adultos y niños migrantes, el más joven de los cuales era un bebé de seis meses. 

El propósito del centro de detención familiar de Berks era confinar a los inmigrantes que estaban a la espera de las audiencias judiciales, lo que el ex presidente Donald Trump insistió en que era la única manera de asegurar su presencia. 

Trump hizo la afirmación tremendamente inexacta de que tan solo el 2% de las familias migrantes liberadas a amigos, familiares o patrocinadores realmente regresaron para su cita con el tribunal. 

Sin embargo, los estudios han demostrado que más del 80% de estas familias comparecen ante el tribunal según lo previsto. 

Un nuevo estudio del Consejo Americano de Inmigración añade más matices y profundidad a esta cuestión. En su análisis de enero basado en datos del gobierno, el consejo encontró que entre los inmigrantes que no fueron detenidos, el 83% con casos de deportación completados o pendientes asistió a todas sus audiencias entre 2008 y 2018. 

Entre los que tenían acceso a representación legal, el 96% asistió a todas sus audiencias durante esos años. 

El consejo afirmó que debido a que Trump compartió repetidamente información errónea sobre los no ciudadanos, los responsables políticos utilizaron estas falsedades para tomar decisiones clave sobre la expansión de la detención y la reducción del acceso al asilo. 

Los activistas han pedido al gobierno de Biden que ponga fin inmediatamente a la detención de los migrantes que solicitan asilo. 

Jennifer Lee, del Centro Sheller, dijo a The Philadelphia Inquirer que la nueva demanda no obligará a los comisarios de Berks a dejar de contratar con el ICE, pero sí a explicar y discutir públicamente sus decisiones. 

Cabarin sabe que la lucha está lejos de terminar. 

"Se puede seguir trayendo a más familias. Todos nosotros tenemos que hacer que el gobierno de Biden rinda cuentas y exigir que [el Departamento de Seguridad Nacional] ponga fin a la detención de familias en todo el país", dijo.