El presidente Biden ha hecho varias grandes promesas en materia de inmigración, como el fin de las deportaciones y el uso de instalaciones privadas para detener a los inmigrantes indocumentados. 

Pero hasta ahora, la administración Biden-Harris también ha deportado a cientos de personas, y el lunes 22 de febrero reabrieron dos centros de detención para albergar a adolescentes migrantes. 

En respuesta, la Coalición "Shut Down Berks" se ha unido a la Red de Vigilancia de Detenciones (DWN) y a otros socios, para exigir a Biden el cierre de diez centros de detención diferentes en todo el país, cada uno con un historial atroz de abusos. 

Las organizaciones lanzaron el jueves 25 de febrero la campaña Los Diez Primeros y Comunidades, No Jaulas para proporcionar una hoja de ruta al gobierno de Biden sobre por dónde empezar. 

Los Diez Primeros es la fase más reciente de la campaña nacional de DWN Comunidades, No Jaulas para cerrar 10 centros de detención del ICE, poner fin a la ampliación y construcción de nuevas instalaciones y, en última instancia, erradicar por completo el sistema de detención. 

El centro de detención de Adelanto, situado en el condado de San Bernardino (California), tiene una larga lista de abusos contra los derechos humanos, como una atención sanitaria inadecuada, agresiones sexuales y el uso del aislamiento. 

Entre 2010 y 2016, Adelanto estuvo entre los cinco centros con más quejas a la línea de denuncias del ICE por abusos sexuales y físicos.

No se puede exagerar la gravedad de las condiciones en Adelanto. 

En 2017, tres personas murieron en tres meses, entre ellas Osmar Epifanio Gonzales-Gabda, Sergio Alonso López y Vicente Cáceres Madariaga. 

También ha habido al menos siete intentos de suicidio en el centro, y más recientemente, en un intento fallido de responder a la pandemia de coronavirus, un desinfectante químico tóxico hizo que las personas desarrollaran sangre en la nariz, ardor en los ojos y una tos persistente. 

El Centro Residencial Familiar del condado de Berks, en Pensilvania, es uno de los tres centros de detención familiar de Estados Unidos. Los centros de detención familiar tienen un historial bien documentado de abusos y negligencias, como una atención médica y mental inadecuada y tácticas disciplinarias inapropiadas utilizadas contra los niños, incluidas las amenazas de separación familiar. 

En agosto de 2016, un grupo de madres inició una huelga de hambre en protesta por la prolongada detención y el maltrato de sus familias en el centro de Berks. También escribieron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicando sus motivos. 

"Dejamos nuestros hogares en Centroamérica para escapar de la corrupción, las amenazas y la violencia. Pensamos que este país nos ayudaría, pero ahora estamos encerrados con nuestros hijos en un lugar donde nos sentimos amenazados, incluso por parte del personal médico, dejándonos sin nadie en quien confiar", escribieron. 

Los otros ocho centros que están en el punto de mira son los siguientes: South Texas Family Residential Center, Farmville Detention Center en Virginia, T. Don Hutto Residential Facility en Texas, Etowah County Jail en Alabama, Irwin County Detention Center en Georgia, Mesa Verde Detention Center en California, Karnes County Family Residential Center en Texas y Otero County Processing Center en Nuevo México. 

Estados Unidos gestiona el mayor sistema de detención de inmigrantes del mundo, con una red de más de 200 centros en todo el país. Los miembros de la DWN llevan años organizándose para llamar la atención sobre los abusos que se cometen en estos centros y pidiendo el cierre de cada uno de ellos y la abolición total del sistema de detención, que es intrínsecamente inhumano.