Según el documento del Departamento de Seguridad Nacional, publicado a través de varios medios nacionales estadounidenses, el dirigente chavista Diosdado Cabello coordinó la contratación de un sicario mexicano para asesinar al senador de Florida, Marco Rubio.

Si bien las autoridades federales no pudieron asegurar la veracidad de la amenaza, las medidas de resguardo y protección del senador se han visto reforzadas durante las últimas semanas tanto en Washington como en Miami.

Rubio ha sido una de las voces que han criticado de manera más férrea el régimen venezolano, llegando incluso a catalogar a Cabello de “el Pablo Escobar de Venezuela” durante una audiencia en el Senado estadounidense el 19 de julio, lo que desató un fuego cruzado entre ambos políticos a través de Twitter.

De acuerdo al reporte del Miami Herald, el memorando especificaba la emisión de una orden de asesinato en contra del Senador Rubio que, aunque no se corroboraban detalles del complot, incluía el contacto con “ciudadanos mexicanos no especificados” para llevar a cabo el ataque.

Estados Unidos cree que Cabello controla las fuerzas de seguridad de toda Venezuela, y el hecho de que Rubio, como republicano, tenga acceso directo a la consideración del presidente Trump con respecto a la situación venezolana, podría ser el motivo detrás de la estratagema de Cabello.

Según el medio, “Rubio ha liderado la presión para una respuesta estadounidense contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, antes y después del disputado voto del 30 de julio que eligió un nuevo cuerpo legislativo cuyos poderes sobrepasan las otras bancadas gubernamentales – incluyendo el parlamento de mayoría opositora”.

El foco se ha ubicado sobre Cabello después de que varias investigaciones hayan concluido su conexión con el narcotráfico internacional, una acusación que Cabello ha rechazado enfáticamente, tildándole de “ataque imperial” contra el “pueblo de Chávez”.

Pero durante el mes de febrero, el gobierno estadounidense acusó al vicepresidente Tareck El Aissami de ser el principal responsable del narcotráfico en la región, revelando que poseía al menos 500 millones de dólares en fondos ilícitos guardados fuera del país, lo que conllevó a la emisión de sanciones en su contra dentro del territorio de Estados Unidos.

Cabello, sin embargo, no ha sido sancionado aún por el gobierno estadounidense, durante el procedimiento de sanciones financieras emitidas por la administración Trump en represalia por la violación a los derechos humanos en Venezuela.