Emilio Gutiérrez Soto de 54 años y su hijo de 24 tienen casi 10 años buscando el asilo en Estados Unidos, después de haber abandonado México tras amenazas contra su vida.

Todo comenzó en junio de 2008, cuando una amiga le advirtió que su vida corría peligro después de haber publicado varias notas explicando la corrupción de militares mexicanos que robaban a civiles y algunas otras sobre la maquinaria de los carteles en el país en el periódico El Diario del Noroeste, en el estado de Chihuahua.

Un mes antes, unos cincuenta soldados allanaron su casa en plena noche y de manera ilegal, según recuenta la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Al intentar cruzar la frontera, fue retenido por meses en un centro de detención y liberado en enero de 2009, y desde entonces ha solicitado el estatus de refugiado en Estados Unidos. Su primera audiencia fue en el 2016, casi 8 años después, y su veredicto fue negativo, aún cuando el reportero nunca cometió un crimen y siguió las pautas del procedimiento. El 19 de julio de 2017 un juez de inmigración denegó finalmente la solicitud del periodista y ordenó su deportación.

Según reporta Univisión, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia desestimó la apelación introducida por los abogados de Gutiérrez, lo que les dejó con la única opción de solicitar la reapertura del caso para evitar la deportación, lo que decidieron hacer a principios del mes de diciembre de este año.

Para tal procedimiento, Gutiérrez debía registrarse con ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas), y su abogado sabía los riesgos de ello, pero era inevitable.

“Tuvimos garantías de que, al menos, esperarían las apelaciones de la Junta de Inmigración para adjudicar la suspensión”, dijo su abogado Eduardo Beckett. “Cuando fuimos a informarle, los agentes del ICE lo esposaron y se lo llevaron”, agregó.

A pesar de los esfuerzos de sus representantes, Gutiérrez y su hijo han sido detenidos temporalmente en Sierra Blanca (Texas), un puesto a 90 millas al este de El Paso, sin fecha estimada para su liberación, en espera de la decisión sobre la solicitud a la Junta de Apelaciones.

El caso de Gutiérrez se suma al de cientos de miles de centroamericanos que buscan el refugio a través de la frontera mexicana, a sabiendas de que volver a sus países es una sentencia de muerte.

Pero particularmente para los periodistas mexicanos, la situación es muy aguda. Durante el 2017 se han registrado al menos 11 casos de periodistas asesinados por cumplir con su trabajo, lo que transforma a México en “el segundo país más mortífero del mundo para los periodistas, después de Siria”, según continúa RSF.

Y esta realidad no ha pasado desapercibida para la comunidad internacional. Desde la semana pasada, medios como The Associated Press, The Washington Post, Texas Tribune, Canadian Journalists For Free Expression, Animal Político y varios foros internacionales se han sumado a la causa de la libertad de Gutiérrez.

Pero el periodista no se dará por vencido. “Si me tengo que poner en una huelga de hambre lo voy a hacer”, dijo en una entrevista con Univisión.

Asimismo pidió que se dé a conocer la información sobre la realidad que tanto él como sus colegas viven en México. “Por favor, no nos dejen”, dijo. “No dejen de comunicar la situación que estamos pasando, no dejen de publicar lo terrorífico que es trabajar el periodismo de una manera libre en México”.