La Administración de la Casa Blanca parece ir de obstáculo en obstáculo. Entre un GOP dividido, la odisea de la reforma fiscal y una investigación por colusión en puertas, las pocas decisiones realmente puestas en acción por parte del presidente Trump se ven nuevamente amenazadas.

Tal es el caso de la decisión de la juez Colleen Kollar-Kotelly, de la Corte Distrital de Columbia, quien escribió que “es probable que la Administración haya violado los derechos de los miembros transgénero de las Fuerzas Armadas contemplados por la Quinta Enmienda, que garantiza un proceso legal debido”, según reportó The Atlantic.

Esta habría sido la consecuencia directa de la decisión del presidente Trump de “vetar” a los ciudadanos transgénero de servir en las Fuerzas Armadas, que anunció por Twitter durante el mes de julio.

 “Nuestras Fuerzas Armadas deben centrarse en la victoria decisiva y arrolladora, y no pueden ser lastradas con los enormes costes médicos y la perturbación que implicarían los transgéneros”, escribió el presidente en Twitter el pasado mes de julio.

Asimismo, la jueza determinó que “no existe ninguna evidencia de que el servicio de las personas transgénero tenga efecto negativo alguno en el servicio militar”.

Después del anuncio presidencial, y según continúa el reporte de The Atlantic, “ocho personas transgénero se sumaron a una demanda contra la administración Trump” para contar sus historias sobre cómo la decisión del presidente les ha afectado a nivel emocional y financiero. Durante el día lunes, la juez Kollar-Kotelly expresó su preocupación por el daño que se le ha causado de manera directa a estos soldados. Según la juez, el veto al servicio militar “reduciría su estatus entre sus colegas y oficiales, inhibe el desarrollo de sus carreras y amenaza con desbaratar su vocación profesional o el acceso a oportunidades únicas de formación”.

Si bien la Administración ha argumentado que el veto estaría enfocado en el “mejor interés de la defensa nacional”, para la juez existe una importante falta de evidencia de la decisión y una abierta tendencia a la discriminación por parte del gobierno.

“La simple invocación de la ‘defensa nacional’ sencillamente no puede sobrepasar cualquier moción de requerimiento judicial preliminar que toque el asunto militar”, aseguró Kollar-Kotelly.

De la misma manera, el procedimiento del presidente de “gobernar a través de Twitter” implica una falta de “formalidad o de procesos deliberativos que frecuentemente acompañan el desarrollo y el anuncio de importantes cambios en las políticas que afectarían gravemente la vida de muchos estadounidenses”, según continúa la juez.

Si bien el caso se encuentra aún en su etapa preliminar, resulta fundamental pues detiene la puesta en marcha del veto presidencial, poniendo en el tapete una fuerte batalla legal que superaría los plazos de puesta en efecto requeridos por el presidente.