Para cualquier desconocedor de la historia política estadounidense, escuchar al presidente Trump es un curso profesional de realidad paralela.

Durante la tarde del pasado lunes, el presidente ofreció un discurso en el Utah State Capitol en Salt Lake City en el que anunció la reducción de dos monumentos nacionales naturales a la mitad, argumentando que las administraciones previas – léase, Clinton y Obama – habrían “abusado de la Ley de Antigüedades” al aislar grandes terrenos de la producción minera y de otras actividades económicas.

Las proclamas presidenciales del presidente, reducirían el Monumento Bears Ears en un 80% y el Grand Staircase-Escalante en un 45%, en lo que se conocerá como la eliminación de protección de tierras públicas más grande en la historia estadounidense, según asegura The Guardian.

“Algunas personas piensan que los recursos naturales de Utah deberían ser controlados por un puchado de burócratas distantes ubicados en Washington”, dijo el presidente. “¿Adivinen qué? Están equivocados”.

La cura de Trump para estas “extralimitaciones” federales es peor que la misma enfermedad: no serán las familias y las comunidades de Utah quienes aprovecharán su tierra, sino las grandes corporativas de petróleo y gas natural, poniendo en riesgo grandes reservas de patrimonio histórico.

La Ley de Antigüedades (Antiquities Act) fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Theodore Roosevelt en 1906, dándole la autoridad al mandatario estadounidense de turno de crear monumentos en tierras federales para proteger propiedades naturales, culturales o científicas importantes. Su función inicial era la de proteger las ruinas prehistóricas de los Nativos Americanos ubicadas en las tierras federales del Oeste del país – como Chaco Canyon, Devils Tower o Father Millet Cross – en un intento por preservar el patrimonio histórico del país.

El 26 de abril de este año, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para revisar esta ley y posteriormente modificarla, respaldando su decisión en la promesa de aumentar la producción económica en el país.

“Con la acción del día de hoy, no sólo les devolveremos la voz en el uso de esta tierra, sino que también les devolveremos el acceso y el divertimento,” aseguró el presidente. “Las tierras públicas volverán a ser de uso público porque sabemos que las personas libres de usar y disfrutar su tierra son las personas más determinadas a conservar su tierra”.

Pero la capacidad de “conservar” la tierra cuando de minería y explotación se trata, es bastante confusa. El presidente culpa a las administraciones previas de reservar el poder sobre las tierras federales a unos pocos y propone darle a otros pocos la capacidad de explotar monumentos que representan la historia de la nación entera.

Aún cuando el secretario de interior, Ryan Zinke – quien ha encabezado la propuesta de la reformación de los monumentos – haya asegurado que el caso de Bears Ears y Grand Staircase-Escalante no es un asunto de energía (pues no existe ni petróleo ni gas en Bears Ears), organizaciones como el Center for Biological Diversity han reportado desde hace años la presencia de hasta 12 minas abandonadas entre los monumentos, así como la producción de gas y petróleo en las fronteras norte y este del territorio en cuestión.

El Center no ha perdido tiempo y ha organizado una demanda pública en contra del presidente por abuso de poder y por el riesgo medioambiental que esta medida podría conllevar.

Equipos de investigación en el MIT como el Mission 2016 – que llevan a cabo el desarrollo de planes de acción para las tecnologías renovables y la preservación del medio ambiente – explican que los daños por operaciones como la minería, que incluyen la intoxicación por minerales como el asbesto, la contaminación del agua por residuos, la exposición al mercurio y el severo impacto en la vegetación por la explotación, son irreparables y atentan directamente contra la flora y fauna, en especial aquellas en peligro de extinción.

Asimismo, el peligro que esto supondría para el patrimonio de las tribus nativas es inminente. Las tribus Navajo, Hopi, Pueblo of Zuni, Ute Mountain y Ute Indians, consideran sagrada la tierra de Bears Ears, y es por ello que lucharon durante años para la creación del monumento. Según Natalie Landreth, abogada del Native American Rights Fund, la nueva ley será batallada con más fuerza aún.

A esta lucha se han sumado varios voceros del partido Demócrata, entre ellos Raúl Grijalva de la Cámara de Representantes y miembro del Comité de Recursos Naturales. Grijalva aseguró que “esta orden para destruir nuestros monumentos nacionales es tan sólido jurídicamente como el veto musulmán. El Sr. Trump pareciera disfrutar perversamente de ignorar la ley federal y desechar los deseos de las tribus Nativas Americanas, de los líderes conservacionistas y de millones de estadounidenses”.