La implementación de un sistema de verificación de trabajo que garantice que solo residentes documentados trabajen en Pensilvania. Hacer que 'ciudades santuario' paguen por daños causados por sus residentes indocumentados, y que cheques de ciudadanía sean un requisito previo para acceder a beneficios públicos.

Estos son los objetivos primordiales de tres proyectos de ley de inmigración presentados este miércoles ante la Cámara de Representantes estatal, que tratan de detener lo que sus patrocinadores en varias ocasiones y de forma inequívoca denominan una "invasión de extranjeros ilegales" en Pensilvania.

A continuación lo que necesita saber:

1. Existe un punto de mira en la designación de Filadelfia como 'ciudad santuario'

El más reciente de los tres proyectos de ley proviene de Martina White, una republicana de primera legislatura. Seis semanas después de que el alcalde Kenney, en su primer día en el cargo, reestableciera el estatus de “ciudad santuario,” White dibuja una legistación que lo desmatelaría —por segunda vez en tan solo unos meses—.

La medida introducida por White haría pagar a Filadelfia por cualquier daño a personas o propiedades como resultado de “actividad criminal de extranjeros sin autorización”. Y lo que es más, levantaría la restricción con la que cuentan los empleados públicos y que les prohíbe, en muchos casos, compartir información ciudadana sobre empleados federales. 

Como “ciudad santuario” que es, la policía local y los oficiales de prisión de Filadelfia tienen prohibido cooperar con las autoridades de inmigración federal. Immigration and Customs Enforcement, o ICE, necesitan una orden de detención de un indocumentado que esté bajo custodia de la ciudad. 

“Déjenme ser todo lo directa que puedas”, dijo White. “Las ciudades santuario violan las leyes federales... Si las ciudades tienen permitido ignorar la ley, ¿dónde van a parar y qué mensaje envía?”

White hizo referncia a un reporte de 2011 de Government Accountability Office, que analiza el coste tanto de los crímenes como de las encarcelaciones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Para destacar el coste a los contribuyentes, White citó otro estudio de Federation for American Immigration Reform (FAIR) que dice que, en 2010, los 140.000 extrangeros indocumentados y los 27.400 nacidos en Pensilvania supusieron un coste de $1.400 millones. FAIR ha sido definido como un grupo extremista por Southern Poverty Law Center.

2. Metcalfe revive E-Verify

El representante Daryl Metcalfe, republicano de Butler County con una larga lista de legislaciones anti-inmigrantes, reintrodujo una antigua legislación este miércoles.

Revelada en el 2009, Metcalfe reintrodujo su propuesta de requerir a todos los empleadores el uso de E-Verify —un sistema online ligado a Homeland Security y Social Security Administration que determina si un trabajador es legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos—.

Algunos empleados ya usan E-Verify en Pensilvania. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, lea esta historia sobre lo que sucedió el mes pasado en Urban Outfitters. Tras adquirir el restaurante del grupo Vetri, 30 trabajadores indocumentados perdieron su trabajo tras ser verificados con E-Verify por Urban.

Pero podría ser más problemático que eso. Existe un debate abierto sobre la precisión de E-Verify's. Algunos aseguran que podría forzar potencialmente a más trabajadores hacía la economía sumergida. 

3. Limitando el acceso a tarjetas de "Acceso" o beneficios públicos

El representante Doyle Heffley, otro legislador republicano de Carbon County, retomó su legislación del año pasado que busca cerrar la brecha entre los no ciudadanos y los beneficios públicos.

Este asunto fue llevado a la atención de Heffley por agentes de policía de Carbon County quienes, durante revisiones de tráfico, habían encontrado residentes indocumentados utilizando licencias de conducir falsas. (Una legislación de licencias de conducir universal ha sido presentada antes como una manera de abordar este problema.) Pero esa no fue la preocupación principal.

“[La policía] confiscó los ID's falsos, pero no pudieron confiscar los 'Access cards', muchas de ellas a nombre de otras personas”, dijo Heffley. “En el tráfico de drogas, a menudo se utilizan las tarjetas de acceso [de la misma forma] como dinero en efectivo”.

Residentes indocumentados no califican para 'Access cards'. Sin embargo, menores nacidos en Estados Unidos califican para recibir beneficios públicos sin importar el estatus migratorio de sus padres. Llevar el 'Access card' de otra persona no es un crimen en Pensilvania.

La legislación de Heffley sirve más como una medida para reforzar la ley, de forma similar a E-Verify.

Esta requeriría que aquellas agencias públicas que proveen beneficios públicos tener que verificar el estatus legal de los solicitantes al utilizar SAVE program, o Systematic Alien Verification for Entitlements, otro sistema en línea en resumen verifica en beneficios públicos lo que E-Verify hace para los empleadores. 

4. Conectando las legislaciones con los ataques terroristas en Bruselas

Cada uno de los patrocinadores hizo alusión a los ataques terroristas ocurridos esta semana en Bruselas, ya sea como gesto de solidaridad o en relación a las legislaciones propuestas. En la mayoría de los casos, los comentarios se realizaron como una introducción neutra. Sin embargo en su comentario final, Metcalfe relacionó explícitamente los proyectos de ley y el reciente acto de terror.

Los ataques en Bélgica son similares a los ocurridos en "París ... y luego aquí en nuestro propio suelo en San Bernardino", dijo Metcalfe, refiriéndose al ataque afiliado a ISIS ocurrido en California en diciembre pasado. "Así que el momento de presentar este proyecto es muy apropiado. Porque la invasión de inmigrantes ilegales está ocurriendo aquí en Estados Unidos de América, proporcionando una inmensa cobertura y camuflaje para aquellos que traten de hacer daño a nuestros ciudadanos".

Metcalfe no mencionó que los dos tiradores de San Bernardino eran residentes documentados de Estados Unidos, ni que obtuvieron legalmente el rifle semi-automático que utilizaron durante el ataque. Más allá de eso prefirió resaltar que desaprueba la política del gobernador Tom Wolf de "puertas abiertas" hacia refugiados sirios que han huido de la guerra civil en su país.

"Este ataque de tres puntos que tenemos a través de esta legislación van a dirigirse a estos problemas", dijo Metcalfe. "Tenemos que apagar los grifos que están atrayendo a los ilegales aquí. Acabar con los trabajo ilegales. Hay que acabar con los beneficios a ilegales. Hay que acabar con las ciudades santuario... debemos detenerlos de robar el sueño americano, cuando tantas personas trabajan tan duro para poder lograrlo".

Más tarde al responder una pregunta sobre asimilación de inmigrantes por parte de un reportero que asistió a la conferencia de prensa, Metcalfe dijo que "no estoy interesado en asimilar a inmigrantes ilegales, estoy interesado en deportar a inmigrantes ilegales".