La consigna de “Divide y Vencerás” del Presidente Trump pareciera estar haciendo estragos, fragmentando las bases de organizaciones cuyas posturas fundamentales se oponen radicalmente al racismo y la nueva segregación contra el ciudadano inmigrante que la Casa Blanca despide como si de radiación se tratara.

Ejemplo de ello ha sido la controversia y el caos que se ha sembrado en el seno de una de las organizaciones de derechos civiles más antiguas en la historia del país, la Liga de los Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), una coalición que pretende “mejorar la situación económica, educativa, de influencia política, de vivienda, salud y de derechos civiles de la población hispana en Estados Unidos”.

Después de que su presidente, Roger Rocha Jr., enviara una carta al presidente Trump fechada el 28 de enero diciendo que la LULAC apoyaría las demandas migratorias de su administración (incluyendo millones de dólares para su muro fronterizo), la junta de la organización y las redes sociales explotaron en rechazo contra un gesto que bien podría ser catalogado de traición.

“Quisiera comenzar por felicitarle al haber delineado un marco razonable para la reforma migratoria y la seguridad fronteriza”, comienza la carta de Rocha Jr. a Trump. “Los cuatro pilares que usted ha descrito (Seguridad Fronteriza, legalización de DACA, Proteger a la Familia Nuclear y la Eliminación de la Lotería de Visas) son ítems que LULAC puede apoyar si se mantienen dentro del marco actual que usted ha propuesto”.

La carta de Rocha desencadenó una ola de indignación por parte de miembros voluntarios de los concejos de la LULAC a nivel nacional y en las redes sociales, urgiendo a sus directores el despido inmediato del presidente de la organización.

Según reportó NBC News, miembros de la Región del Medio Oeste emitieron un comunicado en el que declaraban que “una moción fue emitida por los seis directores de la LULAC en el Medio Oeste (del país), por el Vicepresidente Nacional para los Ancianos y el vicepresidente del Medio Oeste Nacional para demandar al presidente nacional de la LULAC Roger Rocha Jr. que haga lo siguiente: 1. Retractarse de la carta enviada al presidente Trump; 2. Disculparse formalmente ante la junta nacional por sus acciones y 3. Renunciar inmediatamente”.

Rocha Jr. procedió a emitir un comunicado a través de la plataforma de la organización disculpándose por los efectos que pudiera haber tenido su carta pero asegurando que se trataba de “nuestra última oportunidad para salvar y proteger a nuestros Dreamers y a nuestra comunidad inmigrante”, a través de lo que planteó como “la continuación de un diálogo” que pudiera cambiar la postura de los miembros del Congreso y de la Administración Trump en general.

A pesar de haber calificado la carta como “el peor error de mi vida”, Rocha Jr. se rehusó el pasado viernes a renunciar a su puesto, poniendo a la organización en una grave situación de “cero confianza” con su liderazgo.

En una declaración hecha a NBC News, el presidente venido en desgracia aseguró que terminará su período que culmina en la convención de julio de la LULAC. “Fui elegido como presidente nacional y ese período se termina en la convención, y es entonces cuando mi mandato terminará”, aseguró Rocha.

Para evitar ser despedido por la junta, el presidente fue más allá e introdujo una demanda contra la LULAC y sus miembros del comité ejecutivo, obteniendo asimismo una orden de protección temporal por parte de una corte en Texas.

Electo desde julio del 2015, Rocha insiste en que “aún queda mucho trabajo por hacer” antes de renunciar a su cargo como se le ha exigido desde el seno de la organización a la que pretende representar.

Por su parte, la vicepresidenta nacional de los miembros jóvenes adultos en la LULAC, Abigail Zapote, declaró hallarse atónita por la postura de Rocha: “No puedo creer que no perciba las consecuencias de sus actos”.

En medio de la crítica situación que enfrenta la comunidad inmigrante en el país, la inestabilidad de organizaciones como la LULAC (que existe desde 1929) es un síntoma de la necesidad de revisión y concordancia a la hora de enfrentar a una Administración que está a punto de desproteger a 800.000 jóvenes indocumentados y cuya arma por excelencia es la de culpabilizar a otros de sus propias acciones, destruyendo simultáneamente cualquier bloque de oposición en su contra.