La vivienda y el estado de vida de una persona tienen un impacto directo en su futuro. Los niños que crecen en vecindarios sistemáticamente discriminados y con bajos ingresos tienen más probabilidades de asistir a escuelas con escasa financiación, lo que conlleva menores tasas de asistencia a la universidad y menores ingresos en el futuro. 

Las viviendas e infraestructuras que carecen de inversión también registran mayores índices de delincuencia, una mayor vigilancia policial y están sometidas a desiertos alimentarios e injusticia medioambiental, lo que repercute aún más en la duración y la calidad de vida. 

Es un efecto dominó que va más allá de un breve resumen. 

A los pocos días de su presidencia, Joe Biden emitió cuatro órdenes ejecutivas destinadas a implementar más la equidad racial y el racismo sistémico. Las órdenes incluían ordenar al departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que revisara los impactos de los recortes del ex presidente Donald Trump a las protecciones de los derechos civiles en las leyes de vivienda y que iniciara el proceso de reversión.

Ahora Joe Biden continúa con esta iniciativa, restaurando las normas de vivienda justa de la era Obama en el HUD, que son fundamentales para hacer cumplir las leyes federales que prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, religión o discapacidad, entre otros.

El 11 de abril, Biden emitió una proclamación para reconocer el mes nacional de la vivienda justa, la aprobación de la legislación histórica de 1968, la Ley de Vivienda Justa, que implementó las protecciones de los derechos civiles en las leyes de vivienda. 

"Mi administración continuará nuestros esfuerzos para cerrar las brechas raciales persistentes en los salarios, la vivienda, el crédito, las oportunidades de préstamo y el acceso a la educación superior", dijo Biden, y añadió que en los próximos cinco años, "añadiría un estimado de 5 billones de dólares en el producto interno bruto en la economía estadounidense".

Las acciones sobre la equidad en la vivienda van más allá. Los cambios de política fueron anunciados por la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca el 13 de abril.

En una declaración en vídeo para reconocer el Mes de la Vivienda Justa, Marcia Fudge profundizó en la Ley de Vivienda Justa comentando que se trata de "poner fin a la discriminación en la vivienda y eliminar el patrón de segregación racial y étnica y las disparidades económicas que han existido durante mucho tiempo en nuestros barrios y comunidades". 

Tiene la intención de restablecer las normas del entonces secretario del HUD, Julián Castro, que son fundamentales para la aplicación de las leyes federales que prohíben la discriminación por motivos de raza, sexo, religión y discapacidad, entre otras categorías protegidas.

La primera en la agenda es la norma de 2013 que codificó un estándar conocido como "impacto dispar". Su objetivo era hacer que la industria de la vivienda justificara las políticas de comprobación de antecedentes penales excesivamente restrictivas, así como el uso de la inteligencia artificial para predecir la solvencia. Aunque los defensores argumentaron que estas prácticas no son discriminatorias, tienen un efecto dispar en función de la raza. 

La norma de 2013 bajo el mandato de Castro impedía a los propietarios, prestamistas y otras autoridades de la vivienda poner esas barreras discriminatorias a la vivienda que tienen un impacto desproporcionado entre los residentes negros y latinos. 

Esta regla se debilitó bajo Trump. 

El ex secretario del HUD, Ben Carson, hizo una norma que exige a los demandantes un umbral más alto para probar el "impacto dispar". El pasado mes de octubre, un juez federal dictaminó que la agencia dejara de aplicar la nueva norma justo antes de que se finalizara. 

Fudge también pretende restablecer una norma de 2015, la regulación Affirmatively Furthering Fair Housing (AFFH), que exige a las comunidades identificar y desmantelar las barreras históricas a la integración racial (segregación), o arriesgarse a perder los fondos federales.

Carson puso fin al programa, alegando que era demasiado complicado de aplicar. 

"Washington no tiene por qué dictar lo que es mejor para satisfacer las necesidades únicas de su comunidad local", escribió Carson en ese momento. 

"La administración Trump nos hizo retroceder años en el impulso de la vivienda justa y las comunidades inclusivas", escribió Castro en Twitter el 13 de abril. "Restablecer estas reglas, que el HUD trabajó para finalizar durante varios años, marca un gran paso adelante".

El Washington Post informó de que el HUD recibió más de 7.700 denuncias de discriminación sólo el año pasado, según la agencia. 

La mayoría de las quejas se referían a la discriminación en la vivienda por motivos de discapacidad y raza. Una parte menor de las quejas correspondía a denuncias de inquilinas sobre acoso sexual. 

Sin embargo, las palabras de Carson en el momento en que el HUD dio marcha atrás a la AFFH ofrecen algo que hay que tener en cuenta, a saber, cómo se aplicará la amplia normativa para combatir la segregación histórica para proteger a las personas de este tipo de situaciones. 

Si el restablecimiento de las políticas de la era de Obama complica y retrasa aún más el proceso de la vivienda, las normas pueden obtener un nuevo rechazo.