El miércoles 19 de enero, la Cámara de Representantes dio luz verde para avanzar en el proceso con la esperanza de implementar la Ley de Exactitud en la Recuperación de Puerto Rico (PRRADA).

Con el anuncio del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico aprobado por un juez federal el martes, los congresistas están trabajando rápidamente para que las medidas de PRRADA entren en vigor.

Los senadores estadounidenses Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey) y Marco Rubio (republicano de Florida), así como la congresista Nydia Velázquez (demócrata de Nueva York) se opusieron a la anterior norma financiera aprobada por el Congreso en 2016.

Argumentaron que la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), tenía "lagunas" y no "revelaba los conflictos de intereses con los acreedores."

Menéndez dijo que PROMESA no tenía este requisito durante la quiebra para sus "asesores, contadores y otros profesionales involucrados en el proceso de reestructuración de la deuda."

"El pueblo de Puerto Rico tendrá por fin la transparencia que se merece desde hace tiempo en el proceso de reestructuración de la deuda", dijo Menéndez.

La PRRADA exigirá a todos los profesionales, incluida la Junta de Supervisión y Gestión Financiera, que verifiquen primero cualquier conexión con los acreedores o las partes antes de que se pueda distribuir la compensación.

El plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico pretende consolidar casi 33.000 millones de dólares en reclamaciones existentes, según un comunicado de prensa.

"Este proyecto de ley ayudará a restablecer la confianza en que los asesores de quiebra de la Junta no tienen su 'pulgar en la balanza' para favorecer ciertas deudas en las que tienen un interés propio", dijo Velázquez.