Bajo las políticas de inmigración de la administración Trump, cientos de familias migrantes fueron separadas a la fuerza en la frontera entre Estados Unidos y México. Un equipo de abogados se ha encargado de localizar y reunir a las familias después de esto, y han tenido un buen comienzo. 

El miércoles 7 de abril, el Departamento de Justicia y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) publicaron un documento en el que detallan su reciente éxito en la localización de los padres de los niños separados. 

En la presentación, el Departamento de Justicia y la ACLU informaron al Tribunal de Distrito de EE.UU. del Distrito Sur de California que han reducido el número de niños cuyos padres no han podido contactar de 506 a 445.

Se ha encontrado y contactado con 61 padres. Los abogados dijeron que los padres de 302 de esos niños restantes ya han sido deportados, mientras que se cree que los padres de 120 niños todavía están en los estados, y los esfuerzos de localización están en marcha.

En cuanto a otros 14 niños, los abogados explicaron que el gobierno aún no les ha proporcionado la información necesaria para iniciar su búsqueda, como los números de teléfono del niño, de los padres, del patrocinador o del abogado. 

Cuando el equipo tuvo dificultades para encontrar a los padres, llevó a cabo "largas y arduas" búsquedas sobre el terreno centradas específicamente en el extranjero "en los países de origen de los padres que fueron expulsados de Estados Unidos tras la separación de sus hijos". 

Advocates claim that the number of migrant families separated at the U.S.-Mexico border under Trump’s “zero-tolerance” policy is in the thousands. 

La controvertida política se detuvo en junio de 2018 cuando la ACLU obtuvo una orden judicial. Desde entonces, los abogados designados por el tribunal han estado trabajando diligentemente para reunir a las familias afectadas. 

El presidente Joe Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas centradas en la inmigración en febrero, donde ordenó a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, que creara un grupo de trabajo destinado a la reunificación familiar. 

Al firmar la orden para establecer el grupo de trabajo, Biden calificó la política de su predecesor como una "mancha" en la reputación del país. 

"Por la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, reuniremos a estos niños y restableceremos nuestra reputación de ser un refugio para las personas necesitadas", dijo entonces.

Ese mismo mes, los abogados designados por el tribunal publicaron un documento en el que afirmaban que habían reducido de 611 a 506 el número de niños cuyos padres no habían podido localizar. 

El 1 de marzo, el secretario Mayorkas dio a conocer los principios del grupo de trabajo para la reunificación familiar, dirigido por Michelle Brané.

"Estamos dedicando nuestros recursos en todo el Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno federal, y aportando todo nuestro peso para reunir a los niños que fueron cruelmente separados de sus padres", dijo Mayorkas en un comunicado. "Es nuestro imperativo moral no sólo reunir a las familias, sino proporcionarles el alivio, los recursos y el servicio que necesitan para sanar".

Mayorkas recordó recientemente lo que se le pasó por la cabeza cuando escuchó los llantos de los niños a los que se les quitó a sus padres. 

"No he escuchado antes un dolor tan agudo", dijo, reiterando que su plan es asegurar que este dolor no se vuelva a sentir. 

La presentación del miércoles ante el tribunal representa la importancia del grupo de trabajo y pone de relieve sus dedicados y denodados esfuerzos. 

"Los demandados creen que el trabajo del grupo de trabajo resolverá muchas -si no todas- las cuestiones pendientes en este litigio, y los demandados esperan trabajar con los demandantes con ese objetivo", se lee en la presentación.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas este mes que los casos de separación de familias van a ser examinados de forma individual para determinar los próximos pasos. 

"El objetivo del grupo de trabajo es, por un lado, identificar, pero por otro, hacer recomendaciones sobre cómo se pueden unir las familias, teniendo en cuenta el menú de opciones que existen bajo la ley de inmigración", dijo el funcionario.

Los grupos de defensa piden más, en términos de responsabilidad, transparencia y una verdadera recuperación de la política de "tolerancia cero" y sus daños restantes. 

La CNN informó previamente de que la primera dama, la doctora Jill Biden, tendría un papel activo en el grupo de trabajo. También participarán el secretario de Estado, el secretario de Salud y Servicios Humanos y el fiscal general.

La política de "tolerancia cero" fue anulada oficialmente el mes pasado en un memorando enviado por el Departamento de Justicia a los fiscales federales, aunque ya había finalizado. 

Ya es hora de que Estados Unidos reoriente su actitud de tolerancia cero hacia la injusta separación de familias, y trabaje para restablecer la confianza, la curación y la equidad.