El pasado martes, los miembros del GOP en la Cámara de Representantes desvelaron su proyecto presupuestal para el 2018, que promete la mayor reforma fiscal en la historia reciente de Estados Unidos, pero volvieron a tropezarse con un partido dividido entre republicanos conservadores y moderados.

El miércoles, el Comité Presupuestario de la Cámara, encabezado por la representante Diane Black, envió el proyecto presupuestario republicano al pleno de la Cámara para que fuera considerado. Después de 12 horas de debate, el plan fue aprobado por 22 votos contra 14.

El proyecto titulado Building a Better America, propone balancear el presupuesto federal al recortar los gastos y reformar el gobierno, logrando así un “crecimiento” exponencial de la economía. De acuerdo con el presidente del Comité de Presupuesto, el representante Paul Ryan, el proyecto lograría reducir 6.5 billones de dólares en 10 años.  

Pero los miembros conservadores del Freedom Caucus de la Cámara han presionado para lograr recortes más agresivos a largo plazo, por lo que es probable que no acepten la propuesta sin modificaciones, según dijo el líder del grupo, el representante Mark Meadows.

Pero son los llamados Republicanos moderados los que realmente están poniendo la piedra de tranca. Veinte miembros del grupo centrista llamado Tuesday Group firmaron una carta el mes pasado en contra de hasta 200 millones en recortes a gastos obligatorios, argumentando que “no son prácticos” y que “harían que la reforma fiscal promulgada sea incluso más difícil de lo que ya es”.

Según reportó CNN, “el presupuesto del 2018 sería un vehículo para cambiar los impuestos. De la misma manera en la que lo plantearon en su programa para derogar Obamacare en el presupuesto del 2017, los dirigentes del GOP están utilizando una herramienta presupuestaria denominada ‘reconciliación’ para aprobar la legislación fiscal en el Senado con una mayoría simple”.

Por su parte, el sitio web GoLocalProv informó que “una vez que la Cámara y el Senado hayan pasado sus resoluciones presupuestarias, los sub-comités de apropiaciones de ambos órganos marcarán sus leyes de apropiaciones” – leyes legislativas que autorizan al gobierno a gastar dinero. Posteriormente, la Cámara y el Senado deben votar por las leyes marcadas y “reconciliar” las diferencias que puedan surgir al respecto.

El gobierno propone balancear el presupuesto para la próxima década, recortando cientos de miles de millones en gastos obligatorios (gastos en programas exigidos por la ley existente). Este tipo de recorte afectaría gravemente a la ciudadanía que depende de esos fondos. Por ejemplo, con respecto a los programas obligatorios la reforma republicana plantea que: “En áreas como la salud, la seguridad, la regulación medioambiental, la educación, el desarrollo de la fuerza trabajadora y el transporte, ponemos el gasto federal en un presupuesto y empoderamos los estados, quienes están mejor capacitados para abordar las necesidades individuales de sus ciudadanos y comunidades”.

Esto significa que, bajo el argumento de devolverle la autonomía presupuestaria a los gobiernos estatales, el GOP disminuiría la participación del gobierno federal en todos los programas sociales implementados a nivel local.

Según el representante demócrata John Yarmuth (Kentucky), el presupuesto recortaría al menos 1.5 billones de dólares en los programas de salud. Así lo confirma Paul N. Van de Water, quien publicó en la página web del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) un análisis reafirmando que “en un período de 10 años, Medicare perderá hasta 487 mil millones de dólares”.

Considerando el poco apoyo que podrán obtener las propuestas fiscales en el bando demócrata, los Republicanos deberán reconciliarse a puertas cerradas para lograr sortear la barrera legislativa.

Las votaciones en la Cámara de Representantes y en el Senado serán el espejo de la realidad política de la nueva administración, que está dispuesta a dejar al ciudadano común sin beneficios sociales, con tal de hacer valer su palabra.