El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, estuvo el viernes pasado en Filadelfia. Y su visita, en vez de ser de grato recuerdo para las comunidades inmigrantes, se tornó en una nueva embestida del gobierno nacional contra los extranjeros indocumentados que viven en la ciudad.

En esta oportunidad, en una reunión con fiscales federales y autoridades policiales de Filadelfia, Sessions señaló que los crecientes índices de criminalidad que sufre la ciudad están directamente relacionados con la presencia de inmigrantes indocumentados. 

Sin hacer el menor esfuerzo por no caer en generalizaciones o por presentar evidencia para argumentar su afirmación, Sessions cuestionó la decisión de la alcaldía de no colaborar con las autoridades migratorias federales presentes en la ciudad en cuanto a compartir información sobre el estatus de los inmigrantes que resulten detenidos por la policía.

El fiscal general instó a las autoridades locales a “considerar el daño que le están haciendo a los residentes por medio de políticas que en vez de ofrecerle santuario a ciudadanos respetuosos de la ley, se lo dan a criminales”. 

Uno de los primeros en reaccionar a las declaraciones de Sessions fue el comisionado de la Policía de Filadelfia, Richard Ross, quien afirmó que a su departamento no le incumbe ningún tema relacionado con el estatus migratorio de los habitantes de la ciudad y -de paso- desestimó las declaraciones de Sessions al señalar que “en lo que tiene que ver con criminalidad, nuestro problema no son los extranjeros, sino que nuestros jóvenes no tienen mayores esperanzas para su futuro”.

Ross también se mostró preocupado por los efectos que tienen declaraciones como las de Sessions debido a que, en vez de ayudar a crear un ambiente seguro para todos, pone en una situación de vulnerabilidad a comunidades de inmigrantes que, ante la estigmatización y el ambiente de persecución en su contra, deciden no denunciar delitos de los que son víctimas.

La visita de Sessions a Filadelfia se dio un par de semanas después de que la administración municipal le envió una carta al Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud para que compruebe que está cumpliendo con lo dispuesto por el título octavo del U.S. Code 1373 (referente a la comunicación y colaboración entre agencias gubernamentales y los servicios de inmigración y naturalización).

En la misiva, Sozi Pedro Tulante, City Solicitor, le explicó al Departamento de Justicia que la ciudad no viola ninguna normatividad federal porque -no es que no quiera sino que- no puede compartir información sobre el estatus migratorio de los habitantes que resulten detenidos por la policía porque legalmente no está obligada a rastrear este tipo de información; de hecho está impedida por la Cuarta Enmienda y por un par de ordenanzas municipales dirigidas a facilitar el acceso a servicios públicos e incentivar relaciones más amables entre las autoridades y las diferentes comunidades inmigrantes de la ciudad.