En Filadelfia viven 345.394 personas menores de 18 años (entre niños, niñas y adolescentes); esto es el 22.2 por ciento de su población total, según proyecciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

En un mundo ideal ningún niño o niña tendría por qué ver sus derechos vulnerados –especialmente su integridad física–, pero lo cierto es que garantizar que ninguno sea víctima de abuso infantil es una tarea titánica, casi imposible de lograr en una ciudad con índices de pobreza y violencia entre los más altos del país; aunque esos no son necesariamente los únicos factores que explican el problema.

Aquí cosas como el abuso de niños o el desentendimiento total de su cuidado suceden y mucho; tanto que con casi 10.000 casos la ciudad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en tamaño de población menor de edad atendida por los servicios de bienestar infantil.

La ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil (CAPTA, por su sigla en inglés) define el abuso infantil como “cualquier acto reciente o falta de atención de un padre (o madre) o adulto responsable del cuidado [de un menor de edad] que resulte en muerte, daño físico o emocional serio, abuso sexual o explotación, o cualquier otro acto que represente un riesgo inminentemente de daño serio [para el niño o la niña]”.

La ley también es clara en señalar que toda persona menor de 18 años es susceptible de ser víctima de este tipo de circunstancias. Palabras más palabras menos, el marco legal es lo suficientemente amplio para cubrir cualquier tipo de amenaza y obliga a todo aquel que esté involucrado directamente con el cuidado de un infante a denunciar en caso de sospecha.

Según el más reciente Reporte Anual de Servicios de Protección Infantil de Pensilvania, desarrollado por el Departamento de Servicios Humanos del estado, Filadelfia –con 5.367 denuncias– es el condado que más le aporta a la cifra de presuntos abusos registrados el año pasado en todo el commonwealth o territorio autónomo: 44.359 denuncias, 4.597 casos comprobados.

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De esas 5.367 denuncias recibidas e investigadas durante 2016, el Departamento de Servicios Humanos local (DHS, por su sigla en inglés) estableció que 847 constituyeron casos reales de abuso infantil y/o negligencia dadas las evidencias recaudadas; las niñas fueron víctimas la mayoría de veces con un 59.3% de los hechos.

La mayoría de las denuncias registradas a nivel estatal también dan cuenta del tipo de abuso más común que sufren los infantes: en su orden, abuso sexual (47.5%) y abuso físico o daño corporal (29.6%) fueron las causas predominantes seguidas por negligencia física seria (8.3%), sospecha razonable de herida corporal (7.5%) y abuso per se –cualquier acto que en sí mismo constituya un abuso, incluso sin evidencia de daño físico– (4%).

La cantidad, aunque parezca de menor relevancia cuando se mira respecto la población infantil total de la ciudad, esconde un panorama oscuro.

En temas como estos –por más detallada que sea la ley a la hora de establecer qué se entiende por abuso y quiénes están obligados a denunciarlo– siempre existe un subregistro de casos que nunca se denuncian y que dificulta la acción de las autoridades a la hora de salvaguardar o restablecer el derecho de las víctimas.

Además, cuando se le compara con la tasa de hechos registrados a nivel estatal, la ciudad se ubica muy cerca de la media regional y la supera en lo que tiene que ver con casos comprobados.

Según el mismo informe, la tasa de denuncias hechas en Filadelfia en 2016 fue de 15.5 por cada 1.000 menores de edad residentes en la ciudad, mientras que en Pensilvania esa tasa fue de 16.3 por cada mil niños.

En cuanto a la tasa de casos de abuso o negligencia comprobados, la ciudad tuvo 2.5 por cada 1.000 niños mientras que el estado registró 1.7 por cada mil menores de edad.

Pero si a nivel regional Filadelfia es líder en esta problemática, a nivel nacional no se queda atrás. Cuando la vida o el bienestar de un niño o niña se encuentra en serio riesgo, el sistema lo acoge y lo reubica en un entorno seguro, fuera del alcance del lugar en el que sus derechos fueron vulnerados, en la mayoría de los casos su propio hogar.  

De acuerdo con la última evaluación del conjunto de reformas al sistema de Bienestar Infantil conocidas como Mejoras de Resultados para Niños o Improving Outcomes for Children (IOC, por su sigla en inglés), durante este año, la ciudad ha atendido a cerca de 6.000 niñas, niños y adolescentes en la modalidad “out-of-home care” (o sea, reubicaciones en hogares temporales) a una tasa muy superior a la nacional: 16.4 por cada mil niños versus 5.5 en el resto del país.

Estas cifras se pueden leer de dos maneras: la optimista, que se concentra en las atenciones, esto es en la cantidad de niños protegidos (léase puestos a salvo en lugares temporales mientras se investiga y se solucionan las causas de la amenaza).

Y la otra no muy optimista, que da cuenta de que si bien se están adoptando medidas para mejorar la calidad de las atenciones y mejorar la respuesta de las autoridades y las agencias prestadoras de servicio, tanto el abuso infantil como la negligencia de los adultos responsables de los niños sigue siendo una causa importante de las vulneraciones a sus derechos.

Cynthia Figueroa, directora del Departamento de Servicios Humanos de Filadelfia (DHS), la entidad a cargo de estos temas, prefiere hacerlo de la primera manera. "Una de las cosas de las que estamos más orgullosos es que de esos 6.000 niños reubicados, más de la mitad se encuentra en kinship care, o sea, algún familiar o persona conocida por el menor de edad".

Figueroa sin embargo es consciente de los retos que esta problemática representa, pero asegura que el aumento de casos está directamente relacionado con las reformas que el marco legal sufrió a raíz del recordado escándalo de Jerry Sandusky, el exentrenador de fútbol americano de la Pennsylvania State University condenado por abuso sexual infantil.

“Hubo más de 24 cambios a la Ley de Protección Infantil (Child Protective Services Law) y eso tuvo como efecto el aumento del tipo de hechos susceptibles de ser considerados como abuso”, afirmó Figueroa.

“Lo que sucedió es que se amplió el margen de tiempo para denunciar un posible abuso y también se amplió el rango de quiénes pueden hacer las denuncias. En ese sentido, lo que evidenciamos fue un incremento enorme de remisiones al sistema de bienestar infantil entre 2005 y 2017”, agregó.

La funcionaria se refiere al efecto cultural que ha tenido la norma en el sentido de haber creado un sentido de responsabilidad en más personas que las obliga a denunciar hechos sospechosos. Ese efecto ha contribuido con el aumento del 46 por ciento en la tasa de atención en entornos seguros ajenos al familiar (child protective services) desde 2012.

Cuando Figueroa entró a ser parte del equipo del alcalde Jim Kenney a dirigir el Departamento de Servicios Humanos hace más de un año, muchas voces calificaron su paso de la organización Congreso al DHS como un salto al vacío: la complejidad de los asuntos que trata la oficina versus el salario, que no llega a los 170.000 dólares anuales, hacen que el puesto no sea nada atractivo.

Figueroa, que no le hace ascos a las dificultades, aceptó el cargo y desde entonces lidera los esfuerzos para mejorar tanto los servicios de prevención del abuso infantil y como los de atención de las víctimas.

Uno de esos esfuerzos fue poner en marcha la estrategia de Mejora de los Resultados Infantiles (IOC) que establece un estándar de calidad para las 10 organizaciones comunitarias locales conocidas como CUA (Community Umbrella Agencies) que prestan servicios de atención a niños en situación de vulnerabilidad.

Hace apenas un par de meses, el DHS publicó los resultados de la primera evaluación llevada a cabo a las CUA. Aunque solo dos agencias cumplieron las expectativas básicas del DHS (y las 8 restantes tuvieron un desempeño insatisfactorio), el DHS califica esto como positivo ya que por primera vez se estableció un estándar de atención, lo que implica que hacia el futuro solo hay espacio para mejorar.

Entre los logros que Filadelfia se anota mediante la implementación del IOC desde el 2013, el DHS destaca que casi la mitad de los niños víctimas de abuso infantil o negligencia viven con un familiar en un hogar sustituto, mientras que el 56% de los atendidos lo hacen a menos de cinco millas de distancia de sus hogares, 2.021 niños han encontrado un hogar permanente mientras que cada vez son menos los que tienen que vivir en hogares colectivos.

En resumen, estas cifras dan cuenta de que Filadelfia enfrenta un problema grave con el abuso infantil, pero también de que gracias al trabajo y las reformas adelantadas por el DHS, ese problema es cada vez más visible, un paso fundamental para combatirlo.