Ya no se trata de “legalidad” o “ilegalidad”. El gobierno de Donald Trump pretende poner obstáculos a todo tipo de inmigración en el país.

Como es costumbre, la administración Trump cerró la semana con una nueva medida severa contra inmigrantes que pretendan solicitar visas para ingresar al país.

Según anunció la Casa Blanca, a partir de ahora “se suspenderá la entrada de inmigrantes extranjeros que supongan una carga financiera al sistema de salud de Estados Unidos”.

El documento publicado por el gobierno estipula que se rechazarán las solicitudes de visa de los individuos que no cuenten con un seguro médico aprobado o con recursos financieros demostrados para pagar sus costos médicos.

Los inmigrantes deberán contar con un seguro de salud patrocinado por un empleador, un plan de salud no subsidiado, una política de salud a corto plazo, un plan catastrófico, estar incorporados en el plan de un miembro de su familia, un plan de seguro médico de visitantes o un plan médico bajo el programa de Medicare.

Según argumenta el gobierno, “continuar permitiendo la entrada de ciertos inmigrantes que carecen de seguro de salud o la capacidad demostrada de pagar por su atención médica sería perjudicial para los intereses de los contribuyentes estadounidenses”.

“Más allá de imponer costos más altos en los hospitales y otras infraestructuras de atención médica, las personas sin seguro a menudo usan los servicios de emergencia cuando no lo necesitan, causando hacinamiento y demoras para aquellos que realmente necesitan servicios de emergencia”.

Según explicó CBS News, esta nueva orden no se aplicará a personas que ya cuenten con documentación legal como visas, solicitantes de asilo, refugiados, hijos de ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero o titulares de visas especiales para ciudadanos iraquíes y afganos que han colaborado con las fuerzas estadounidenses en esos países.

Sin embargo, el historial de medidas anti-inmigrantes del equipo de Donald Trump habla por sí solo.

“Este gobierno está obsesionado con la noción errónea de que los inmigrantes están agotando los recursos de los contribuyentes”, dijo Doug rand, ex funcionario de la Administración Obama, al medio. “Son capaces de remover cielo y tierra para excluir a las personas que no son ricas”.

Durante el pasado mes de agosto, el gobierno de Donald Trump impuso una estrategia para evaluar los recursos económicos de cada inmigrante que solicite su entrada al país a través de las vías regulares, poniendo en la mira a quienes fueran propensos a utilizar programas de beneficios gubernamentales como cupones de alimentos y viviendas subsidiarias.

Pero la nueva medida va mucho más allá.

La falta de procesos de regulación o de comentarios judiciales antes de la implementación de la medida – que entrará en vigencia este mes de octubre – demuestra nuevamente las estratagemas del gobierno para dar la vuelta al sistema legal de Estados Unidos, y evitar así disputas en cortes menores.

“Al no tener el poder de cambiar la ley de Estados Unidos por su cuenta, Trump está tratando de sortear el Congreso y el proceso legislativo para imponer su voluntad por mandato”, dijo al New York Times Julie Dinnerstein, abogada de inmigración de CUNY Citizenship NOW, una organización que ofrece servicios legales gratuitos.

Su nueva medida, auspiciada por su asesor especial en inmigración Stephen Miller, se ajusta entonces a vacíos legales como los utilizados para imponer el veto migratorio a personas de origen musulmán o para autorizar una emergencia nacional que ofreciera fondos para su anhelado muro fronterizo.

De una u otra manera, la meta es blindar las fronteras – físicas o legislativas – contra cualquier extranjero que pueda calar en el retorcido estereotipo vendido por la campaña Trump.