El gobierno de Donald Trump ha anunciado una nueva medida para coartar la inmigración, siguiendo la maquiavélica agenda de asesor presidencial Stephen Miller.

Como habíamos anunciado durante el mes de agosto, el gobierno ha puesto en marcha finalmente una estrategia para negar las residencias permanentes (llamadas “Green cards” en inglés) a inmigrantes legales que hayan recibido asistencia del gobierno.

La nueva ley fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional el día sábado y estipula que “se le podrá negar a los inmigrantes la llamada ‘residencia permanente legal’ si han recibido algún tipo de beneficio gubernamental o si el gobierno anticipa que podrían hacerlo en el futuro”, según reportó Politico.

Entre los beneficios que serán evaluados se encuentran las estampillas de alimentación (llamadas Supplemental Nutrition Assitance Program), la Asistencia Temporal para Familias con Necesidades, Medicaid, Medicare Part D (subsidios para medicamentos de prescripción) y los bonos de vivienda (también conocidos como Section 8).

Según continúa el medio, esta nueva regulación “podría obligar a millones de familias de bajos ingresos a escoger entre la asistencia del gobierno y la residencia permanente en Estados Unidos”, y afectará principalmente a “inmigrantes legales” y a sus familias pues “los inmigrantes indocumentados no son elegibles para la mayoría de los beneficios federales”.

Las personas que se verán exentas de la nueva medida serán aquellos que han recibido asistencia médica subsidiada bajo el llamado Affordable Care Act o el CHIP (Children’s Health Insurance Program).

Asimismo, los inmigrantes bajo el estatus de refugiados, asilados, víctimas de violencia doméstica o niños que califiquen en el “estatus especial para inmigrantes juveniles” no se verán afectados por la medida, como tampoco lo serán quienes se encuentren bajo el Estatus Temporal de Protección.

La propuesta de ley establece un procedimiento de tres pruebas que serán llevadas a cabo por las autoridades de inmigración para determinar “si un solicitante de residencia que recibe beneficios del gobierno podría clasificar como un cargo público”.

Politico explica que esto podría ser determinado si los beneficios fácilmente monetizables, como asistencia en efectivo o cupones de alimentos, recibidos por el inmigrante son superiores al 15% del nivel federal de pobreza (actualmente en $1.821 para una persona y $3.765 para una familia de cuatro).

Esta nueva medida no afectará a la mayoría de los inmigrantes que ya se encuentren en posesión de una residencia definitiva, explicó el New York Times, pero varios activistas y personas cercanas al servicio social han asegurado que las nuevas medidas podrían coartar a los residentes legales de utilizar los beneficios públicos para proteger su estatus.

El gobierno vuelve entonces a utilizar el mecanismo de miedo para reducir la inmigración (con o sin documentos) en el país, reforzando su postura nacionalista de la que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, hizo eco durante una declaración el día sábado, donde dijo que la nueva regulación “hará cumplir una ley destinada a promover la autosuficiencia de los inmigrantes y proteger así los recursos limitados, garantizando que no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.