El 14 de enero, desde San Pedro Sula, en Honduras, salió una caravana migrante hacia el norte. Es la primera desde junio del año pasado, cuando México y Estados Unidos firmaron un acuerdo en que México se comprometió a acoger a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras esperan a que sus solicitudes de tramiten en Estados Unidos (lo que puede tardar meses o años) y a fortalecer la vigilancia de sus fronteras (particularmente de la frontera sur, que reforzó con 6,000 miembros de la Guardia Nacional).

Estados Unidos, por su parte, renunció a considerar a México como tercer país seguro (a diferencia de lo que pasó con Guatemala) y a apoyar la financiación del Plan de Desarrollo para Centroamérica, una propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que en su momento llegó a llamar el “plan Marshall centroamericano”.

La idea bastante sensata era crear más oportunidades de trabajo y desarrollo económico en los países por los que estaban transitando las caravanas (especialmente Honduras, El Salvador, Guatemala y México) para desincentivar la migración desde su raíz: el hambre. En el plan original de López Obrador estas oportunidades de empleo vendrían fundamentalmente de la construcción de infraestructura (estrategia frecuente para reactivar economías pues permite la contratación de grandes cantidades mano de obra no calificada y mueve otros sectores económicos, como las materias primas) y un gran programa de reforestación. Una tercera rama de su propuesta consistía en subsidiar jóvenes para que se formen al interior de empresas, con lo cual podrían ir mejorando sus habilidades y niveles de ingresos con el paso del tiempo.

De las dos caras de la moneda, la que más se implementó fue la represiva. Las detenciones a migrantes pasaron a ser llamadas con el eufemismo de “rescates” por el gobierno mexicano en una lógica parcialmente cierta: esta forma de tránsito expone a los migrantes a unas condiciones de vulnerabilidad muy complejas entre los riesgos de la naturaleza, traficantes de personas y drogas y el largo rosario de adversidades que afrontan a lo largo del camino.

Sin embargo, una cosa es salvar a alguien de una muerte segura y otra hacer que esa persona acumule moho mientras espera a que la burocracia se acuerde de posar los ojos sobre ella.

El 26 de diciembre de 2019, López Obrador presentó los resultados de su programa: el “rescate” de 59,843 personas entre mayo y diciembre Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. De acuerdo a otros datos, presentados por El País, el número de migrantes “rescatados” podría llegar al sorprendente número de 280,000 personas, de las cuales el 44% serían hondureños, el 27% guatemaltecos y el 11% salvadoreños.

Entre tanto, según reporta el mismo medio la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) sólo ha atendido el 3% de las 66,000 solicitues de refugio que han recibido.

Con relación al componente social del acuerdo, en la presentación de resultados el  gobierno mexicano reportó que en El Salvador se estaban beneficiando 1,250 personas del programa de reforestación Sembrando Vida y en Honduras, 200. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (en el que se formarían en empresas) tiene 275 beneficiadosen El Salvador y 200 en Honduras. En Guatemala, por el cambio de gobierno, el programa no se había empezado a implementar. Estos datos entran en proporción cuando se contrastan con la población de los países: 6,643,000 personas en El Salvador y 9,587,000 en Honduras.

Salvador Lacruz, coordinador del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, declaró a El País que en el último año “ha muerto gente en albergues y en estaciones migratorias. Han atacado a migrantes africanos y han muerto niños de madres embarazadas. Ha habido hasta naufragios en la costa de Chiapas", y entre tanto es paradójico “que haya dinero para pagar a 6.000 soldados desplegados en la frontera pero no para ampliar en diez o doce personas la Comar, que trabaja desbordada y ni siquiera tiene dinero para traductores ahora que también hay un importante número de africanos atrapados en las fronteras”.

Aunque estos pocos números hagan salir a la luz las deficiencias del “plan Marshall” de López Obrador, seguramente los 200 hondureños que están viviendo mejor gracias al programa de reforestación lo agradezcan. Que un estómago menos en el planeta se acueste sin hambre cada noche no es algo que se pueda menospreciar.

La solución de las condiciones sociales que llevan a la migración masiva es, ante todo, responsabilidad de los países de origen. No porque los países receptores no tengan el debe humanitario de ser tan solidarios como sea posible, sino porque del deber ser de la existencia de los gobiernos democráticos está en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Hay que revisar, pues, las políticas de los países del triángulo norte para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Pero, mientras tanto, el enfoque represivo adoptado por el gobierno de López Obrador para satisfacer las peticiones del gobierno del presidente Donald J. Trump (y así evitar potenciales sanciones comerciales) está teniendo un costo humano enorme.

Y el hambre, que siempre anda más rápido que la burocracia, ha llevado 600 personas más a salir, como en la canción de Manu Chao, por la carretera.