La Administración Trump no tiene obstáculos suficientes para el Sueño Americano cuando de inmigrantes se trata.

Nuevos datos sugieren que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés) planea modificar los estatutos del sistema de inmigración que datan de hace más de 400 años, según reportó el Washington Post.

“El DHS desea cambiar la definición de lo que constituye un cargo público – alguien dependiente del estado – para negar tarjetas de residencia a inmigrantes legales que son trabajadores de bajos sueldos considerando su uso, o probable uso, de casi cualquier beneficio del gobierno como criterio para determinar quién puede ingresar o permanecer en el país”, explica el medio.

Dichos beneficios incluyen ayudas sociales, cupones alimenticios, Medicaid, seguro de salud infantil, crédito tributario por ingreso del trabajo o subsidios de cuidado de salud contemplados bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

La información fue inicialmente hecha pública por NBC News, después de que dos fuentes cercanas a la estrategia decidieran comunicar lo que el gobierno planea tras bastidores, y que AL DÍA había reportado hace algunos días.

Pero el Post entra en detalles al explicar que el “cargo público” forma parte de una cláusula en la ley de inmigración que permitiría al gobierno “tomar severas medidas” contra los inmigrantes que dependen “fundamentalmente” del gobierno para subsistir.

Si bien actualmente para ser impedido de entrar al país los inmigrantes deben llegar sin medios económicos o ser considerados no aptos para trabajar, el gobierno pretende expandir los argumentos de esta cláusula para negar más solicitudes de residencia o, incluso, quitar el estatus de algunos inmigrantes naturalizados.

Esta sería la primera vez en la historia migratoria del país que el gobierno excluye “categóricamente” a los inmigrantes de recibir beneficios públicos, considerando que desde principios del siglo XX la ley migratoria estadounidense ha evolucionado en miras de la adaptabilidad del inmigrante en la sociedad, y se ha hecho responsable de las condiciones de pobreza como asunto administrativo.

El Post va más allá y argumenta que “la Administración Trump quiere negar casi todos los beneficios públicos a los inmigrantes legales con un simple cambio de reglas, algo que debería estar en manos de nuestros legisladores, no del ejecutivo”.

De ser aprobada esta política, los inmigrantes se verán “disuadidos” de utilizar los beneficios públicos para los cuales “son elegibles”, por miedo a perder su estatus migratorio, afectando a unos 18 millones de ciudadanos residentes y 9 millones de estadounidenses.