A última hora del viernes 13 de agosto, un juez federal de Texas ordenó a la administración Biden que restablezca una política de la era Trump que obliga a los migrantes que buscan asilo a esperar en México mientras sus solicitudes están pendientes. 

El juez de distrito de Estados Unidos Matthew Kacsmaryk, que fue nombrado por el ex presidente Donald Trump, dijo que la administración Biden "no consideró varios factores críticos" antes de terminar el programa a principios de este año.  Texas y Missouri habían demandado a la administración, alegando que la suspensión del programa empeoró las condiciones en la frontera.

En junio, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, suspendió oficialmente el programa, también conocido como Protocolos de Protección Migratoria (MPP).

En ese momento, argumentó que la política no "mejoraba de forma adecuada o sostenible la gestión de las fronteras de manera que justificara las amplias cargas operativas del programa y otras carencias".

Pero el viernes 13 de agosto, el juez Kacsmaryk declaró que Mayorkas no proporcionó una "decisión razonada" para poner fin al programa, ni abordó "los problemas creados por las falsas solicitudes de asilo." 

"Desde su terminación, el número de encuentros de aplicación de la ley en la frontera suroeste se ha disparado", escribió Kacsmaryk. 

También señaló que Mayorkas debería haber tenido en cuenta que algunos solicitantes de asilo son considerados "no meritorios" por los jueces federales de inmigración. 

Aunque Kacsmaryk ordenó al gobierno de Biden que resucite el programa, concede una semana para que el gobierno tenga la oportunidad de apelar su decisión. 

La decisión del juez ha desencadenado una nueva ronda de debate entre los defensores de la inmigración y los abogados sobre la legalidad de la política de 2019. 

Los defensores legales argumentan que Kacsmaryk está interpretando mal la ley y que si se restablece la política, los migrantes se verán obligados a vivir en condiciones peligrosas en las ciudades fronterizas mexicanas.

Robert Painter, director jurídico de la organización de servicios de inmigración con sede en Texas, American Gateways, dijo a Reuters que no se ha resuelto jurídicamente si el MPP puede aplicarse como política general para todos los solicitantes de asilo. 

"Legal o no, ciertamente es una política inhumana", dijo Painter. 

Según datos recogidos por el Foro Nacional de Inmigración, de enero de 2019 a diciembre de 2020, más de 70.000 migrantes no mexicanos fueron devueltos a México a través del MPP para esperar las audiencias judiciales.

Del total devuelto hasta febrero de 2021, alrededor de 42,000 tuvieron sus casos completados o tuvieron que terminar su caso por alguna razón. 

De los casos completados, 32.638 recibieron una orden de expulsión, a 650 se les concedió el asilo y a 9.206 se les puso fin a sus casos por otras razones. 

Estos 70.000 migrantes enviados a México dieron lugar a campos de refugiados en el lado mexicano, lo que convirtió a muchas personas en objetivo de secuestradores y cárteles de la droga que buscaban beneficiarse del contrabando de personas y otros delitos. 

Geoffrey A. Hoffman, profesor y director de la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston, dijo a Reuters que Kacsmaryk citó en su fallo un estatuto que permite a los agentes de inmigración negar la entrada a ciertos inmigrantes y hacerlos esperar fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, dijo Hoffman, ese estatuto en particular no se aplica a los solicitantes de asilo, a quienes generalmente se les permite entrar en el país y esperar una audiencia, siempre y cuando tengan un caso creíble. 

"Creo que el punto principal es que la decisión [de Kacsmaryk] lo entiende al revés. El MPP era ilegal, pero la cancelación del MPP no es ilegal", dijo Hoffman.

El lunes 16 de agosto, el Consejo Americano de Inmigración, junto con más de 100 organizaciones, envió una carta al Fiscal General Merrick Garland y al Secretario del DHS Alejandro Mayorkas instando a la administración a tomar todas las medidas necesarias para bloquear la resurrección del MPP.

"Aunque no es posible deshacer el sufrimiento humano y el daño al estado de derecho y al debido proceso causados por el programa, Estados Unidos no puede reanudar la imposición de los daños del MPP ni abdicar de nuevo de sus obligaciones con los refugiados en virtud del derecho internacional y nacional", escribieron las organizaciones.

En total, 108 organizaciones firmaron la carta, entre ellas Bay Area Border Relief, Catholic Charities of Southern New Mexico, Esperanza Immigrant Rights Project, Japanese American Citizens League y Women's Refugee Commission.