Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México en medio de una situación crítica en su frontera con Estados Unidos.

Lo que el presidente Donald Trump ha catalogado de “emergencia nacional” es producto de su insistencia en negar la entrada a cualquier inmigrante indocumentado al país, y se ha visto enmarcado en su lucha por conseguir que el Congreso apruebe un muro “o barrera” en la frontera.

Una de las medidas del presidente estadounidense fue también la de exigir a México recibir de vuelta a los inmigrantes que hubiesen pasado por los puertos de acceso hacia territorio estadounidense y hubiesen solicitado asilo.

La administración se amparó entonces en la Sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que contempla la capacidad de un Fiscal General de “devolver” a cualquier extranjero que llegue “de un territorio contiguo” mientras espera la resolución de su procedimiento migratorio.

Durante la semana pasada, el gobierno anunció el retorno del primer grupo de personas a México, ante lo cual el Estado mexicano “rechazó el hacerse responsable de esas personas aunque aceptará su arribo al país”, según reportó el diario La Opinión.

Según indicó Roberto Velasco, vocero de la Cancillería mexicana, “los integrantes del grupo serían personas de diferentes países de Centroamérica” y que habrían iniciado su trámite para obtener asilo en Estados Unidos después de haber ingresado “a través de territorio mexicano”.

Asimismo, Velasco aseguró que los inmigrantes “cuentan con una visa humanitaria” expedida por el gobierno mexicano que permite “entradas y salidas múltiples del territorio”.

Debido a la particular circunstancia de estos inmigrantes, el gobierno de López Obrador ha determinado “hacerse responsable de la situación jurídica” del grupo “por razones humanitarias” y de manera “temporal”, asegurando que “rechaza devolver a cualquier extranjero a su país de origen donde su vida corre peligro”.

Sin embargo, condicionó la llegada de los inmigrantes de acuerdo a circunstancias específicas.

Según agregó Velasco, “las devoluciones deben realizarse cumpliendo las formalidades que establecen las leyes mexicanas”, y se negará a aceptar “menores no acompañados o personas con problemas de salud”.

“En el caso de familias, el tema será tratado por separado dada la complejidad que implica su recepción”, subrayó.

De igual manera, el gobierno mexicano no se hará cargo de la reubicación “física” de los solicitantes de asilo una vez que la solicitud haya concluido, lo que implicaría que “no aceptará la devolución de personas extranjeras que hayan apelado la negativa a su petición de asilo”.