Después de que la política de tolerancia cero del Fiscal General Jeff Sessions no diera los resultados esperados, el gobierno de Estados Unidos ha decidido aumentar el número de arrestos y litigar una legislación que le impide detener a menores de edad durante largos períodos de tiempo, argumentando una “crisis” nacional.

Según reportó el Washington Post, “la cantidad de unidades familiares migrantes detenidas por ingresar ilegalmente a Estados Unidos aumentó en un 38% en agosto” según los datos publicados por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, y ahora los puntos de entrada se han diversificado.

Durante las últimas semanas, Agentes Fronterizos en Arizona reportaron “una larga columna de inmigrantes guatemaltecos, en su mayoría mujeres y niños, caminando penosamente en fila por el desierto mientras eran puestos bajo custodia”, informó Kevin McAleenan, funcionario principal fronterizo, al Post.

Las 170 personas forman parte de las últimas oleadas de centroamericanos que han intentado entrar al país para solicitar asilo, pero esta vez lo han hecho por Arizona.

Durante los últimos días McAleenan se desplazó a Guatemala, Honduras y El Salvador para “buscar ayuda de sus gobiernos y llamar la atención al aumento de inmigrantes que ha sido declarada como ‘una crisis’”.

“En vez de conseguir soluciones rápidas, su viaje destacó principalmente las profundas fuerzas estructurales que amenazan con enviar aún más inmigrantes hacia el norte: el hambre, el desempleo y la atracción gravitacional de la economía estadounidense”, continúa el medio. “La Administración Trump ya ha intentado detenerlos con una de las medidas más duras de su conjunto de herramientas – separar a los padres de sus hijos – y la estrategia falló”.

McAleenan coincide con la retórica de la Casa Blanca en que los llamados “vacíos legales” - que el presidente Trump ha criticado constantemente – son la principal atracción de las familias e inmigrantes que buscan comenzar de cero en Estados Unidos.

Esto se ha visto reflejado en las cifras de tránsito a través de la frontera. Por ejemplo, y según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, el número de unidades familiares guatemaltecas detenidas durante el último año fiscal se ha duplicado, pasando de 24.657 en el 2017 a 42.757 en el 2018.

“Como resultado de ello, organizaciones criminales trasnacionales están aprovechándose de una industria multimillonaria de tráfico de humanos que tratan a las personas como una mercancía desechable”, dijo el funcionario a los medios.

Según explicaron los líderes comunitarios a McAleenan durante su viaje, “los contrabandistas cobran 10.000 dólares por viaje a Estados Unidos, capitalizando con la disfunción del sistema de inmigración estadounidense”.

Pero el fenómeno migratorio tiene sus motores en ambas partes de la frontera.

Aunque la violencia ha pasado a segundo plano en las razones principales para el desplazamiento demográfico en la zona, un artículo publicado por Associated Press reportó que las armas más utilizadas en los países centroamericanos son precisamente de manufactura estadounidense.

Según el reportaje, un informe de la Universidad de San Diego en el 2013 determinó que “el número de armas de fuego de contrabando desde los Estados Unidos fue tan significativo que casi la mitad de los comerciantes de armas estadounidenses dependen de ese negocio para mantenerse a flote”.

Aproximadamente, alrededor de 253.000 armas son compradas anualmente en Estados Unidos con el único propósito de ser enviadas a México, según demostró el estudio. Las armas entonces pasan a manos de carteles y pandillas en toda la zona que, paradójicamente, son una de las fuerzas más importantes que impulsan a las personas a dejar el país.