El gobierno de Donald Trump ya no sabe cómo explicar sus políticas anti-inmigrantes. Desde la estigmatización de todos los que cruzan la frontera como “bad hombres”, “animales” y “violadores” hasta implementar políticas para separar familias y detener a niños menores de edad, sus estrategias no sólo han violado los derechos humanos sino que, si consideramos sus argumentos, han sido inefectivas.

Durante los primeros meses del año, el Fiscal General Jeff Sessions anunció que aumentaría los procesos judiciales, separaría familias e impondría penas criminales sobre quienes intentaran cruzar la frontera sin documentos.

La medida fue consecuencia del pánico en la Casa Blanca después de que una caravana de refugiados peregrinara por todo México hasta llegar a la frontera para manifestarse en contra de la violencia en Centroamérica y, en la mayoría de los casos, para pedir asilo en Estados Unidos.

Sessions aseguró que “no seremos un país que se dejará abrumar. La gente no vendrá en caravanas ni en estampida a través de nuestra frontera”.

A pesar de las amenazas, las familias siguieron cruzando la frontera, siendo la mayoría de ellas separadas para ser procesadas, causando la furia de comunidades de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

La presión mediática y la introducción de varias demandas obligó al gobierno a intentar suavizar sus posturas, y el Vicepresidente Mike Pence insistió en que “la Casa Blanca no quiere separar a los niños de sus familias”. Pero funcionarios de la Casa Blanca respaldaron las medidas asegurando que se trataba de una política “para desalentar a las personas que piensan en cruzar la frontera ilegalmente con sus niños”.

No fue hasta que una corte impusiera una fecha límite para reunificar a las familias separadas, que el gobierno intentó “revertir” algunos de los efectos de su nueva política, sin conseguir mayores logros.

Hoy, más de cuatro meses después del anuncio del Fiscal General, los resultados que el gobierno esperaba brillan por su ausencia.

Según reportó el Washington Post, “el número de familias inmigrantes detenidas en la frontera con México se ha mantenido casi sin cambios entre los meses de junio y julio”, de acuerdo con datos hechos públicos por el gobierno. El Post explica que las cifras son “un indicador de que el controvertido movimiento de la administración para separar a miles de padres e hijos hizo poco para impedir que otros intentaran el viaje”.

Las cifras de familias separadas han variado en un porcentaje despreciable: 9.485 en Mayo, 9.434 en Junio y 9.258 en Julio, lo que el gobierno ha intentado explicar a través de dos endebles argumentos: o bien son estas cifras la justificación para seguir implementando la política de “tolerancia cero” o sencillamente no ha sido suficiente por los obstáculos que ha enfrentado el gobierno desde la población civil y tras la orden del juez distrital Dana Sabraw - que no sólo obligaba al gobierno a reunificar familias, sino mantenía en pie la prohibición a detener menores de edad por más de 20 días consecutivos.

Sin embargo, las cifras no son absolutas.

Si bien el número de detenciones de unidades familiares se ha mantenido constante, el número de menores sin acompañante decreció considerablemente (de 5.093 en junio a 3.938 en julio), mientras las familias completas comenzaron a representar más del 20% de las detenciones en general.

La pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿Realmente ha valido la pena obligar a miles de familias a pasar por el dolor, el sufrimiento y la angustia de la separación?

Los números parecen indicar que no.