Colombia: 122 líderes sociales y defensores de DD. HH. han sido asesinados en 2022
Así lo reveló Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, en el marco de la audiencia y presentación del informe de Violencias contra Líderes Sociales.
Las cifras se presentaron entre el primero de enero y el 31 de julio de este año.
Los departamentos colombianos que cuentan con mayor número de casos de los líderes y lideresas asesinados son: Cauca con 19 homicidios, Nariño con 17, Antioquia con 12 y Putumayo con 11.
A esta cifra también se suman: Arauca 9 homicidios, Valle del Cauca 9, Bolívar 7, Tolima 6, Caquetá 5, Norte de Santander 4, Cesar 3, Chocó 3, Meta 3, Sucre 2, San Andrés 2. La Guajira, Córdoba, Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Bogotá y Risaralda con un caso cada uno.
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Nariño ha tenido un incremento en los homicidios durante los últimos años, de 6 casos en el 2016 pasó a 14 en 2020 y en los primeros siete meses de este año ya se han presentado 17 muertes.
Por su parte, Tumaco ha presentado un mayor número de muertes violentas contra líderes con 7 homicidios, le sigue Barbacoas con 4, Manalla, Olaya Herrera, Samaniego, Leyva, Córdoba, Guachucal, con un caso cada uno.
“Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables. Por esta razón debemos, desde el Estado, brindarles las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones”, señaló el Defensor del Pueblo.
Según el reporte presentado por la Defensoría del Pueblo, los líderes comunales representan el mayor número de muertes violentas en todo el país con 33 casos, indígenas 27 casos, y comunitarios 25 casos. El sexo masculino presentó el 93% de los homicidios mientras que el femenino el 7%.
“Rechazamos el accionar criminal en contra de los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Debemos mantener la guardia arriba para que el Estado les garantice la protección, su seguridad y la de sus familias y que puedan realizar con tranquilidad su labor en defensa de las comunidades”, puntualizó Carlos Camargo.
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