La reforma policial es un tema acuciante en todo el país, provocado por la proximidad del primer aniversario de la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía, y por el juicio en curso del ex agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin, acusado de la muerte de Floyd. 

A pocos minutos de donde fue asesinado Floyd y poco menos de un año después, Daunte Wright, un joven negro, fue asesinado por una experimentada agente que dice haber confundido su pistola con su pistola eléctrica.

En Virginia, la policía finalmente publicó un video que muestra al oficial, Joe Gutiérrez, amenazando y rociando con gas pimienta a Caron Nazario, un subteniente del ejército negro y latino en diciembre de 2020.

Más recientemente, Adam Toledo, un niño de 13 años en Chicago, fue disparado y muerto por un oficial mientras estaba desarmado con las manos en alto.

Debido a estos casos, las iniciativas de reforma policial se están extendiendo en Estados Unidos como un reguero de pólvora.

En Maryland, la nueva legislación limitará el uso de las órdenes de detención sin previo aviso. Amplía el acceso a los expedientes disciplinarios y establece una política de uso de la fuerza "necesaria y proporcional", lo que significa que los policías que infrinjan la nueva ley, matando o hiriendo gravemente a alguien, podrán ser condenados a 10 años de prisión. 

Nuevo México también se convirtió recientemente en el segundo estado (Colorado fue el primero) en prohibir la "inmunidad cualificada", la doctrina judicial que proporciona a los agentes un enorme escudo contra las consecuencias civiles por violar los derechos de las personas. 

Sin embargo, su aprobación y aplicación son cuestiones totalmente diferentes, ya que los casos de extralimitación policial mencionados anteriormente siguen saliendo a la luz o haciéndose públicos meses después de producirse, especialmente en comunidades en las que esta legislación es inédita.

En San Antonio, los votantes decidirán pronto si aprueban una medida, la Propuesta B, que despojaría a los sindicatos policiales de su capacidad de negociación colectiva. Sus defensores afirman que mejorará la rendición de cuentas y reformará un "sistema roto" que, en su estado actual, tiene un sistema disciplinario indulgente para los agentes que infringen las normas. 

Los que están en contra del proyecto de ley argumentan que esa pérdida de derechos de negociación limitaría la capacidad del departamento para contratar agentes, lo que, según ellos, se traducirá en menos patrullas y en un aumento de la delincuencia. 

Pero la cuestión entre esas líneas, es que la incapacidad de actuar perpetuará lo que se ha convertido en la norma dentro del departamento de policía de la ciudad: que el 70% de los agentes despedidos por mala conducta son recontratados.

La iniciativa en una de las mayores ciudades de Texas se produce casi un año después de la muerte de George Floyd, y mientras aumenta la presión sobre el presidente Joe Biden y los miembros del Congreso para que demuestren su compromiso de exigir responsabilidades a la policía.

También llega más de un año después de que el ex secretario de HUD, Julián Castro, hiciera de la reforma policial una de las principales prioridades de su campaña cuando se presentó a las primarias presidenciales demócratas. 

Fue el único candidato con un plan de reforma policial dedicado, pero en aquel momento sus iniciativas no fueron totalmente aceptadas por todo el partido. 

"Tras el asesinato de George Floyd, a muchos estadounidenses se les abrieron los ojos sobre la realidad de cómo las comunidades negras y marrones son tratadas a menudo por las fuerzas del orden. Y lo que hemos visto en las dos últimas semanas no ha hecho más que reforzarlo, por lo que la sensación de urgencia por cambiar lo que está ocurriendo no hace más que crecer, especialmente entre los demócratas", dijo Castro a AL DÍA en una reciente entrevista.

Se refirió al proyecto de ley de San Antonio, en el que los ciudadanos tienen la oportunidad de aumentar la responsabilidad eliminando la capacidad del sindicato de la policía para negociar en torno a cuestiones de disciplina, transparencia y responsabilidad. 

"Mi esperanza es que la sensación de urgencia se convierta en acciones concretas, incluso a nivel local, y estoy orgulloso de que en mi ciudad natal estemos viendo la voluntad de asumirlo", dijo Castro.

A pesar de las crecientes presiones, el gobierno de Biden hizo una muestra de cautela esta semana al abordar los recientes casos de brutalidad policial y dar marcha atrás en la promesa electoral de Biden de crear una comisión de reforma policial. Era una de sus políticas más progresistas durante la campaña. 

Según funcionarios de la Casa Blanca, la postura del presidente es que sería "contraproducente" la aprobación de la ley George Floyd Justice in Policing Act. 

Esta medida hace que uno se pregunte si, en caso de que la nación fracase en las iniciativas de reforma policial generalizada, que los proyectos de ley a menor escala, como la Propuesta B, sean una solución más inmediata. 

Durante años, los legisladores han intentado abordar eficazmente la violencia policial, pero han fracasado. 

No es la situación ideal para los defensores de la reforma policial, pero puede ser la única vía disponible si el presidente procede con cautela. 

"Espero que no haga falta una serie de iniciativas electorales en las ciudades. Espero que los ayuntamientos y los consejos comarcales aborden estas cuestiones como representantes del pueblo elegidos localmente. Sin embargo, si no lo hacen, la gente debería tomar cartas en el asunto con iniciativas electorales", dijo Castro. 

El tema se ha considerado durante mucho tiempo tabú, y muchos legisladores dudan a la hora de abordarlo. Castro lo hizo en las primarias, y fue rechazado por los moderados por su postura. 

Durante las elecciones de 2020, los republicanos atacaron a los opositores demócratas por los llamamientos a "desfinanciar a la policía" entre los progresistas, e intentaron pintar a todo el partido como "radical". 

Con el tiempo, esto hizo su daño.

Algunos hablan, mientras que otros no lo hacen.

"A nivel local tienen miedo de los sindicatos policiales. No quieren dar la cara, aunque simpaticen con los objetivos de la gente que pide un cambio. Y es esa valentía política la que tenemos que ayudar a crear antes de que se produzca un cambio masivo", continuó Castro.

Las profundas divisiones en el Partido Demócrata sobre qué hacer en el tema de la reforma policial han puesto a los demócratas en una situación difícil, pero sólo es difícil si no se tiene en cuenta lo obvio. 

"Lo que vemos es muy triste y muy evitable", dijo Castro. "Y los terribles casos de extralimitación policial piden a gritos una responsabilidad policial mucho más fuerte de inmediato. Y eso significa a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local".

La votación anticipada para la Propuesta B en San Antonio comienza el lunes 19 de abril.