No ha pasado todavía un año, y ya la medida del gobierno de incorporar la pregunta de ciudadanía en el censo pareciera ser asunto olvidado.

Durante el pasado mes de marzo, el Departamento de Comercio anunció que reincorporaría la pregunta de ciudadanía en el censo del año 2020 por primera vez en décadas, lo que muchos han interpretado como “un arma de supresión de votos” y una estrategia más para perseguir a la comunidad inmigrante en el país.

Sin embargo, no todos se quedaron de brazos cruzados ante la decisión del gobierno.

La Fiscal General de Nueva York, Barbara Underwood, ha iniciado desde hace algunos meses un procedimiento legal para revertir la incorporación de la pregunta, alegando que cuestionar la ciudadanía “podría ser costoso y afectaría el conteo del censo”.

Pero el último descubrimiento de Underwood ha sido aún más grave.

Según un memorándum dirigido al Secretario de Comercio Wilbur Ross desde el Departamento de Justicia (DOJ), e introducido en la demanda el día lunes, el Departamento “se opuso en un principio” a la incorporación de la pregunta de ciudadanía en el censo 2020, lo que sin duda contradice el testimonio de Ross ante el Congreso cuando aseguró que “la pregunta había sido incorporada para propósitos del DOJ”, según reportó Talking Points Memo.

Ante el hallazgo, Underwood ha solicitado que Ross sea depuesto como parte de la demanda.

Durante su testimonio, el Secretario de Comercio aseguró que la incorporación de la pregunta “ayudaría al DOJ a aplicar la Ley del Derecho al Voto”, pero la evidencia demuestra que el Departamento “quería evitar complicar las cosas con el censo debido a ‘todo el asunto Comey’”, según reportó Court House News.

Las conversaciones entre el adjunto de Ross, Earl Comstock, y el DOJ demuestran la reticencia del Departamento a entrar en nuevos conflictos con la prensa, lo que demostraría que Ross podría haber mentido bajo juramento ante el Congreso.

“Esta es una conducta asombrosa y sin precedentes de un miembro del gabinete”, escribió Underwood en una carta de 5 páginas. “Las consecuencias no son para un asunto menor o ministerial, sino para la precisión del censo decenal, que el secretario acuerda en que afectará a los ‘elementos fundamentales de nuestra democracia’”.