Es una historia que tiene décadas a sus espaldas. Una eventualidad, que muchos dijeron es el resultado de la situación política y social del territorio americano más grande y más poblado.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se enfrenta actualmente a una crisis de deuda monumental. La isla debe más de $70 mil millones, más del 68 por ciento de su PIB.

La deuda de Puerto Rico es propiedad de varios fondos de bonos de inversión, fondos de cobertura y ciudadanos privados, la mayoría de los cuales son puertorriqueños.

Puerto Rico, debido a las exenciones en la política tributaria, es un mercado de bonos atractivo para los inversores. El interés de sus bonos municipales está exento de impuestos. Décadas de la emisión de deuda para pagar los presupuestos encima de otras estrategias financieras cuestionables por el gobierno de la isla llevaron a la situación en que se encuentra hoy.

Por no hablar de la disparidad en los subsidios federales de salud que ha dado lugar a más problemas financieros. Todo ello añadido al éxodo más grande al que asiste la isla en 50 años, lo que supone una economía más lenta y una base tributaria encogida.

Cuando los bonos comenzaron a madurar en el año 2015, el gobierno anunció que no sería capaz de hacer pagos completos, citando compromisos para el mantenimiento de servicios para su gente.

Esto empezó una serie de incumplimientos que obligó al Congreso a crear, casi un año después, una solución para una nación de más de 3,47 millones de ciudadanos americanos. El Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, también conocido por sus siglas (convenientes) en inglés: Promesa.

Firmado el último día de junio por el presidente Barack Obama, Promesa establece, entre otras cosas, una junta de supervisión financiera que vigilará cualquiera y todos los cambios en el presupuesto y planes fiscales de la isla a medida que continúa hacia adelante con la inmensa deuda a la que se enfrenta.

La nueva junta también tendrá el poder de emitir citaciones, solicitar una ejecución judicial e imponer sanciones. Lo más importante es que la junta tiene la facultad de iniciar procedimientos que permitirían a Puerto Rico  reestructurar su deuda y ajustar su plan de pago, algo que muchos activistas han estado pidiendo durante la crisis.

Sin embargo, muchos consideran que el poder de la junta, que esencialmente reemplaza a la del gobierno electo de la isla, como otro ejemplo de tácticas colonialistas que EE.UU. ha forzado en la isla desde que tomó control de Puerto Rico en 1898.

Los activistas, incluyendo a muchos aquí en Filadelfia, dicen que con la supervisión viene el control. Antes de que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir con su responsabilidad con sus ciudadanos, tales como proveer fondos para cosas como los servicios de respuesta de emergencia y educación, tendrá que ser aprobado por siete miembros designados por el presidente y sugeridos por los líderes del Congreso.

De estos siete miembros, la ley solo exige que uno de ellos tenga residencia permanente en Puerto Rico y un negocio en la isla.

Los que apoyan la ley aseguran que Promesa ayudará a mantener las luces encendidas y permitirá a la isla mantener vivos estos servicios debido a que no se verán obligados a pagar a los tenedores de bonos que tiene el mandato de inmediato en su constitución.

Asimismo, mantendrá los fondos buitres a  distancia mientras que la junta vuelve a evaluar el plan de pago de la isla y la situación financiera. El último incumplimiento que se produjo dentro de los primeros días de julio, habría abierto las puertas a la litigación si el gobierno federal no hubiera aprobado Promesa.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla suspendió todos los pagos de la deuda después de que Promesa se convirtiera en ley.

Los opositores dicen que el hecho de que los puertorriqueños no tengan ni voz ni voto en quién está en la junta (al gobernador de la isla solo se le permite una posición sin derecho a voto), constituye una violación de la soberanía del pueblo de Puerto Rico.

También se critican otras disposiciones de la ley, tales como la reducción del salario mínimo de Puerto Rico a $4.25 por hora para los trabajadores menores de 25. Eso sería tres dólares menos que el salario mínimo federal. También, como territorio, Puerto Rico no entraría dentro la nueva ley de horas extra del Departamento de Trabajo.

También está la cuestión de la capacidad de la junta para eludir las protecciones ambientales y de nombrar ciertos proyectos de energía o de infraestructuras como “críticos” sin el consentimiento del gobierno electo de la isla.

Edwin Meléndez es el director del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College de la City University de Nueva York. Él explicó que Promesa fue un compromiso entre los republicanos y demócratas para evitar que el barco se hundiera. No es la mejor solución, pero es lo mejor que se podía hacer teniendo en cuenta las circunstancias.

“No hay nadie en la comunidad puertorriqueña que le guste o apruebe el proyecto de ley, pero se votó porque la isla se encuentra en un momento muy crítico”, dijo Meléndez. “Por ahora, lo más que podemos hacer es un seguimiento constante de la ley y asegurarnos de que lo que se hace es lo mejor para el pueblo de Puerto Rico”.

Ambas partes están de acuerdo en el primer paso, dijo Meléndez, que es resolver la crisis de deuda. Él dijo que en este punto, la isla tiene que mirar qué es lo que tiene para trabajar y lograr ese primer paso. La responsabilidad debe estar en la mente de cada uno, según Meléndez.

“Podemos estar en desacuerdo en muchos puntos, pero tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer, que es resolver la crisis de la deuda”, dijo Meléndez. “Teniendo en cuenta los $2 mil millones que no hemos sido capaces de pagar este mes, es fácil ver cómo esta situación actual simplemente no podía seguir el camino que seguía. Nadie quería hacer este sacrificio, pero dadas las circunstancias, era posible y necesario”.

El año pasado, varios legisladores y líderes estatales y de Filadelfia formaron una coalición en Pensilvania. Conocido como PA for Puerto Rico,  este grupo trató de abogar por la isla durante la crisis de deuda.

Antes de que las conversaciones sobre la posibilidad de una junta de revisión financiera comenzarán en Washington, la coalición intentó traer tres cosas a Puerto Rico, que dijeron se podría haber hecho a través de una orden ejecutiva del presidente.

La habilidad de la isla para declarar la quiebra y la reestructuración de su deuda fue el número uno en la lista, seguida de la mejor atención a la salud y la situación de Medicaid, y el impulso a la economía a través de créditos fiscales ampliados.

La coalición viajó a Washington para presionar al Congreso sobre el destino de Puerto Rico en noviembre del año pasado. El grupo está formado por prominentes puertorriqueños locales, tales como la concejal María Quiñones-Sánchez y representante estatal Ángel Cruz.

Quiñones-Sánchez ve la situación de la misma manera que Meléndez.

“Está claro que el proyecto de ley tiene sus problemas”, dijo Quiñones-Sánchez. “Cuando se tiene un Congreso tan dividido, se tiende a ser obligado a aceptar leyes imperfectas. Sin embargo, lo que hace esta ley es traer de vuelta la posibilidad para Puerto Rico de poder reestructurar su deuda, algo que tenía la capacidad de hacer antes de que se la quitaran en 1984”.

En el contexto, la eliminación de la habilidad de Puerto Rico para declararse en quiebra es importante, dice Quiñones-Sánchez. La isla y organizaciones como PA para Puerto Rico no estaban buscando el rescate monetario de la isla. El simple hecho de traer de vuelta la capacidad de la isla para el Capítulo 9 de la quiebra, era lo que se buscaba. Esto es algo que se trató de hacer por sí mismo en el año 2014, por sus empresas de servicios públicos, pero fue bloqueado por el Tribunal Supremo.

“La única cosa que nos gusta de Promesa es eso”, dijo Quiñones-Sánchez. “El hecho de que mantiene los fondos buitres a distancia. Estos son fondos que compraron deuda a niveles muy baratos y quieren hacer ganancias a   costa de los puertorriqueños”.

Quiñones-Sánchez, junto con otros, ve la situación como una irresponsabilidad por muchos de los involucrados. Al final, las acciones tomadas o no tomadas, han traído disparidad a la asistencia sanitaria, el cierre de escuelas y la falta de financiación de los fondos de pensiones.

“Promesa no trae dinero”, dijo Quiñones-Sánchez. “La ironía de un nombre como Promesa... No es un rescate. No hay dinero para la paridad de la salud”.

Cruz dijo que estaba consternado por la forma en la que el Congreso manejó la situación.

“No ha habido ningún otro estado o territorio que haya sido tratado tan injustamente como Puerto Rico”, dijo Cruz. “La crisis exige una supervisión y un junta de revisión, entendemos eso. Se convierte en problema cuando se empieza a hacer algo más que poner esta junta en acción”.

Según Cruz, la crisis de Puerto Rico fue enmarcada por Wall Street como un rescate monetario. Agregó que esa propaganda contamina lo que realmente está pasando: que los puertorriqueños están siendo tratados como ciudadanos de segunda clase.

“No sé dónde obtienen su información, pero hay gente, hombres y mujeres menores de 25 años con niños, con familias”, dijo Cruz. “¿Cómo se supone que deben ellos mantener a sus familias? Con el cambio del salario mínimo están obligando a la gente joven a abandonar su isla de origen, ya que no tienen otra opción”.

Cruz cree que la creación de esta junta de control es el primer paso para que Puerto Rico, finalmente, tenga una respuesta a la pregunta que les ha atormentado desde que se aceptó el control estadounidense. ¿Puerto Rico será alguna vez un estado americano?

“No soy un experto, pero veo esto como la primera etapa para que el Congreso fomente orden en el ambiente político puertorriqueño con el fin de que se convierta en un estado”, dijo Cruz. “No veo otra explicación a por qué se estableció este sistema complicado de un comité de revisión cuando lo único que pedía Puerto Rico era el regreso del poder de declarar la quiebra. Algo que tenía antes”.

Fermín Morales ve la situación de manera similar a la de Cruz, excepto al hablar acerca del estatus político de Puerto Rico.

“La junta representa un segundo movimiento para colonizar Puerto Rico más de lo que ya está”, dijo Morales. “Lo que estamos viendo hoy en día es lo que sucede cuando uno es una colonia. La gente se va de la isla en masa. Todo esto comenzó cuando se aprobó una ley que estableció que Puerto Rico no podía declarar la quiebra. Esto se hizo para ayudar a las empresas americanas que ganaron mucho dinero durante esta situación. Pero para el pueblo de Puerto Rico no dejaron nada”.

Morales es parte de una organización local conocida como el Philadelphia-Camden Boricua Committee. La organización fue creada el año pasado en respuesta a la crisis para promover el cambio a nivel comunitario.

“Nuestra misión es crear una conciencia en la comunidad de que han engañando al pueblo puertorriqueño”, dijo Morales. “Queremos acabar con la mentira de que siempre ha estado en la mente de los puertorriqueños, que no podemos ser independientes, porque los yanquis nos mantienen en su bolsillo y que no podemos hacer nada por nosotros mismos”.

Morales y los otros en la organización llaman a la independencia de Puerto Rico, la otra cara de la moneda cuando se habla del estatus de Puerto Rico. De hecho, parece como si es difícil hablar de la crisis de deuda sin hablar de su condición de nación.

Hablar sobre el estatus político de Puerto Rico es hablar de décadas de historia, tanto contenciosa y fácilmente malinterpretada. Esencialmente, Puerto Rico ha sido un territorio no incorporado de los EE.UU. desde que el país fue adquirido de España después de la Guerra Española-Americana. A los puertorriqueños se les dio el derecho de ser ciudadanos de Estados Unidos a principios del siglo XX y a la isla se le dio permiso para crear su propia constitución en los años 50, después de un referéndum.

Sin embargo, como territorio, el gobierno  estadounidense tiene la última palabra en todo lo que sucede en la isla. Ese poder se establece en el artículo 4 de la Constitución Americana.

“Lo que ha hecho esta crisis es poner al frente de la discusión la cuestión del estatus de Puerto Rico”, dijo Meléndez.

“Esto es algo que no era el caso antes", él continuó. "Esta situación demuestra dónde está el poder verdadero en Puerto Rico y cuáles son las opciones verdaderas del pueblo puertorriqueño. Esto se ha hecho más evidente por cómo Promesa fue creada y cómo las personas han reaccionado a ella, y por lo tanto, la forma en que reaccionan al estatus de Puerto Rico”.

Robertoluis Lugo Morciglio es un líder religioso en el Beit-El Reino de Dios en North Philadelphia. Él es parte de un grupo formado por el clero puertorriqueño de la ciudad.

El grupo, Pastores x Puerto Rico, tiene un alcance similar al de PA for Puerto Rico a la hora de avanzar en la conversación y la acción. Sin embargo Morciglio dice que la coalición está más interesada en formar la conciencia cultural para potenciar el poder político de los puertorriqueños.

“El poder tiene que venir de la diáspora aquí en Estados Unidos”, dijo Morciglio. “Si nos fijamos en la historia de Puerto Rico, muchos de los momentos significativos ocurrieron fuera de la isla. Entonces hay que reconocer que el poder de la diáspora es muy importante”.

Al igual que con otros grupos, Pastores reconoce que la cuestión del estatus político ya no es un problema.

“Ya no es un tema de debate si Puerto Rico es o no es una colonia”, dijo. “Es. Simple y llanamente.”

La cultura será el motor de cambio, dijo Morciglio. Lo que ha promulgado la nueva ley, según él, es una pérdida de poder político en la isla. Así que con el fin de crear cambio, los puertorriqueños deben darse cuenta que deben luchar por su herencia cultural.

“A esta altura, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo”, dijo Morciglio. “Lo que estamos tratando de hacer con Pastores x Puerto Rico es luchar por la libertad para tener una opción y que el poder lo tengan los puertorriqueños. En su forma actual,  no podemos hacer nada para dictar su futuro, hacia dónde vamos, pero todo empieza con un cambio de actitud, un cambio de conciencia”.

Morciglio dijo que él cree que la religión puede ser un catalizador perfecto para reunir a la unidad cultural. Según él, la religión busca unir, y no dividir. Como tal, Pastores x Puerto Rico ha tratado de llegar a todos los puertorriqueños.

“El otro día mencioné a mi congregación puertorriqueña, que el gobierno de Puerto Rico ha dejado de existir en esencia,” dijo el. “Ellos estaban confundidos. No entendían. Lo que tenemos que hacer es educar e informar a todos sobre lo que está pasando en su nación y con sus compañeros puertorriqueños”.

Morciglio mantiene la esperanza. A pesar de que tiene sus opiniones personales sobre cómo Puerto Rico debe resolver su problema de estatus y la crisis de la deuda, cree que cualquier cambio es bienvenido. Dijo que la isla se encuentra en el comienzo de un nuevo ciclo.

“No va a suceder a corto plazo”, dijo Morciglio. “Tal vez no hasta dentro de dos décadas. Pero cuando sea que llegue el cambio, es algo que todos los puertorriqueños deben tener voz en cómo lo ven. Dónde cae el argumento, no importa. Lo que importa es que quieren un cambio. El resto irá a partir de ahí.”