El 22 de enero se cumple el 48º aniversario de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Roe contra Wade que afirmó el derecho al aborto en Estados Unidos. 

Nuevo México está honrando inadvertidamente este aniversario al proponer la derogación de una ley de 1969 que penaliza el aborto en el estado. 

Según esta prohibición del aborto, que tiene medio siglo de antigüedad, una mujer sólo puede someterse a un aborto si comparece ante una "junta hospitalaria especial" para obtener el permiso. 

Sólo hay tres circunstancias que otorgarían a una mujer el derecho a someterse al procedimiento: una agresión sexual denunciada a la policía, un embarazo que suponga un grave peligro para la mujer, un embarazo fruto de un incesto o la probabilidad de que el niño nazca con un grave defecto mental o físico. 

Si una mujer aborta sin pasar por este proceso sería culpable de un delito de cuarto grado y, si este "aborto criminal" provocara la muerte de la mujer, el profesional sanitario sería culpable de un delito de segundo grado.

Aunque la ley es inaplicable desde la sentencia en el caso Roe contra Wade, los defensores de los derechos de la mujer plantean una preocupación válida sobre la posibilidad de que el alto tribunal anule o debilite la decisión de que las regulaciones restrictivas de los gobiernos estatales sobre los abortos son inconstitucionales. 

Con el reciente nombramiento de la jueza pro-vida, Amy Coney Barrett, el sentido de urgencia para los defensores del aborto en Nuevo México se ha ampliado enormemente. Esta propuesta de derogación, el Proyecto de Ley 10 del Senado, es el primer proyecto de ley que el Comité de Salud y Asuntos Públicos del Senado estatal considerará el lunes 25 de enero. 

El líder de la mayoría del Senado, Peter Wirth, es uno de los principales patrocinadores de la legislación y declaró que la derogación de "una vieja ley que criminaliza el aborto" es una prioridad para la bancada demócrata del Senado. 

"Tenemos toda una serie de cosas en las que estamos centrados, pero este es un tema que estuvo en primer plano en el ciclo electoral que acabamos de atravesar, y con el nombramiento de Amy Coney Barrett para el Tribunal Supremo, es más importante que nunca que eliminemos esta ley de nuestros libros", dijo Wirth. 

Hasta ahora, todos los miembros de la bancada demócrata, excepto dos, han firmado en apoyo de la propuesta. Wirth confía en que obtendrán esos dos votos restantes para aprobar el proyecto de ley. 

El senador Jerry Ortiz y Pino afirmó que ha recibido "muchísimos correos electrónicos" sobre la propuesta de derogación. 

"Intento que todo el mundo conozca mi posición al respecto, que es básicamente que tenemos que respetar el derecho de la mujer a tener el control sobre su propia toma de decisiones, y ella y su médico juntos tienen mucho mejor conocimiento de las circunstancias que 112 legisladores, muchos de los cuales nunca tendremos que enfrentarnos a esa decisión nosotros mismos", dijo Ortiz y Pino. 

Sandra Roeuny, portavoz de Planned Parenthood of the Rocky Mountains, instó a los legisladores a que aprobaran la derogación e insistió en que la mayoría de los nuevomexicanos creen que las mujeres deben tomar sus propias decisiones sobre su salud. 

Planned Parenthood citó un estudio realizado por la empresa de investigación de opinión política Latino Decisions entre más de 1.700 nuevos mexicanos que viven en zonas rurales. El estudio encontró que el 56% cree que los residentes de todo el estado necesitan acceso a todo tipo de atención de la salud reproductiva. 

"Nuestros legisladores deben ser audaces y eliminar la anticuada prohibición del aborto para garantizar que las mujeres y las familias puedan acceder a la atención del aborto, sin restricciones arbitrarias, en consulta con sus proveedores de atención médica", dijo Roeuny.