Cartagena, Colombia — Antonio Cordero, quien llegó a Colombia el 10 de enero de 2017, considera que su historia como emigrante venezolano es diferente a la del más de un millón de compatriotas que ha optado por el exilio. Aunque la suya puede verse como una historia de éxito, él comparte las razones que, como a él, han llevado a más de 900.000 de venezolanos, a darle una oportunidad a una nueva vida al otro lado de la frontera.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde 2014 más de un millón y medio de venezolanos han dejado Venezuela y, desde ese mismo año, las peticiones de asilo han aumentado en un 2000 por ciento en todo el mundo. Sin embargo, esta cifra es solo la punta del iceberg de un problema que hace tiempo que se salió de control.

Y es que, aunque Colombia se ha llevado la peor parte, todos los países de la región están sufriendo las consecuencias de lo que ocurre en Venezuela. Si bien un alto número de personas permanece en el país cafetero, los venezolanos ven a su vecino como un lugar de tránsito. Solo en lo que va de 2018, 593.000 personas han cruzado el país de oriente a occidente, hasta la frontera con Ecuador con la esperanza de llegar a Perú, Ecuador o Argentina. Quienes pueden, hacen este recorrido de más de 1.400 kilómetros (más de 890 millas) en bus directo desde Cúcuta hasta Ipiales (frontera con Ecuador) en unas 26 horas, pero miles de familias se enfrentan a  este recorrido a pie, lo que les toma entre 10 y 15 días. Por eso, cuando llegan a Ipiales la situación de muchos de ellos es crítica; comisiones de organismos internacionales como la Cruz Roja, la OIM y ACNUR han construido campamentos en la frontera para recibir y auxiliar a quienes quieren seguir su paso a Ecuador.

De todos los países de la región, Perú es el que ofrece los procesos de legalización más sencillos. Desde mediados de agosto, este país comenzó a exigir el pasaporte para cruzar la frontera, antes solo era necesaria la cédula venezolana. Y es que, de acuerdo con la Superintendencia de Migraciones, solo 70.000 de los 385.000 venezolanos en Perú tienen el permiso temporal de permanencia que les permite trabajar legalmente.

En los otros países de la región la situación es similar. Brasil, por ejemplo, está recibiendo entre 500 y 800 venezolanos a diario por su frontera. En el primer semestre del año, más de 56.000 personas han pedido refugio o residencia temporal y más de 16.000 asilo, registrándose un 20 por ciento más de peticiones que en 2017. Sin embargo, en este cruce fronterizo se han presentado brotes violentos en las últimas semanas con quema de campamentos y pertenencias de los recién llegados por parte de manifestantes brasileños.

Mientras todo esto sucede, los gobernantes de la región debaten posibles soluciones a largo plazo. Algunos hablan de ayuda humanitaria, otros de cerrar las fronteras, y los más críticos mencionan una posible intervención militar. El presidente Nicolás Maduro se limita a decir que todo el asunto de la diáspora venezolana es una campaña internacional contra su gobierno y que a diferencia de lo que dicen organismos internacionales, el número de venezolanos que han abandonado el país escasamente supera los 3.000.  

Venezuela, 2016. Un fallido referendum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro genera una nueva crisis en el país. Desde hace hace meses Venezuela sobrevive entre multitudinarias marchas contra el régimen de Maduro, escasez de alimentos y fuertes críticas de la comunidad internacional. Antonio trabaja como docente en la Universidad del Zulia, la segunda más grande del país. Su salario, unos 12 dólares mensuales. Con ese dinero debe cubrir las necesidades de su familia, conformada por su esposa y sus dos hijos pequeños. Antonio sabe que debe salir del país, su plan es migrar a México, donde se han ido algunos de sus amigos y conocidos. Mientras tanto, combina su vida entre las actividades diarias y salir a protestar a las calles contra una situación que desde hace tiempo es insostenible.

Ese año fue un punto de quiebre para el país y para Antonio. Según el estudio nacional Venebarómetro, que desde 2013 revela la visión de la opinión pública sobre la situación política, económica y social del país, en 2016 solo el 34 por ciento de los venezolanos podían comer las tres comidas diarias, y el 73 por ciento de la población se sentía frustrada con lo que estaba ocurriendo en su país. A finales de año, gracias a un contacto que había hecho meses atrás, cuando fue invitado a Cúcuta a un seminario de psicología educativa, Antonio encontró en redes sociales la convocatoria a un empleo como psicólogo en uno de los colegios más reconocidos de Cúcuta, la ciudad colombiana más cercana a la frontera con Venezuela. Sin pensarlo dos veces envió su hoja de vida, y en cuestión de semanas fue elegido entre más de cien candidatos.

Por ese golpe de suerte es que Antonio insiste, “mi la llegada no se corresponde con la de la mayoría de mis compatriotas”. Desde su arribo, su situación y la de su familia ha sido completamente legal, él tiene visa de trabajo, su esposa Gianela y su hijo de 8 años, Gabriel, tienen desde inicios de este año lo que se conoce como visa de beneficiario, que les permite permanecer en el país, siempre y cuando Antonio conserve su trabajo. Gianela no puede trabajar y el niño solo pudo ser matriculado en el colegio cuando consiguieron su visa. Susan, su hija de dos años, aún no tiene este documento pues aún no va al colegio, pero sí tiene derecho a los servicios de salud obligatorios que presta el estado solo con presentar el pasaporte. Según Migración Colombia, la organización estatal encargada de los temas migratorios en el país, 935.593 venezolanos están actualmente en Colombia, de estos, apenas la mitad, tienen su situación regularizada; 361.399 están en proceso de regularización y algo más de 100.000 personas están en situación irregular, ya sea porque se les ha vencido el tiempo de permanencia en el  país o porque cruzaron la frontera por lugares no permitidos.

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Antonio ya cumplió 18 meses en Colombia, 18 meses en los que la situación de su país lo sigue golpeando de cerca. “El primer año fui casi todos los meses porque estaba haciendo los trámites para apostillar mis documentos y mi esposa seguía allá. Este año he ido una sola vez, pero las cosas han empeorado significativamente”, comenta. A la ya usual escasez de alimentos, medicamentos, efectivo y una rampante hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional calcula en 1 millón por ciento para final de 2018, ahora hay que sumarle la escasez de servicios públicos. “Ya estábamos acostumbrados a que la luz por ejemplo se iba por unas tres horas todos los días, ahora es al contrario, solo hay luz o agua, por unas tres horas cada día”.

En Maracaibo aún vive su mamá. Hasta hace pocas semanas también lo hacía su hermana, pero ella también decidió ir a Colombia, a Barranquilla, una de las ciudades colombianas que ha recibido a más venezolanos en los últimos meses (sobre todo colombianos que emigraron hace décadas a Venezuela, cuando la crisis era de este lado de la frontera, y hoy regresan con familias colombo venezolanas).

“El tema es que nadie gana lo suficiente como para comprar poder comprar, los precios son imposibles”, explica Antonio. El 67 por ciento de los migrantes refirieron la necesidad de ir a buscar trabajo cuando dejaron su país. Solo hasta principios de septiembre, el salario mínimo en el país era el equivalente a algo más de un dólar, cifra que aumentó el gobierno a $30 dólares con la intención de paliar la crisis económica.    

“Yo le ayudo a mi mamá, todos los meses le envío dinero, pero no por los canales oficiales”. Y es que en Venezuela desde tiempos de Chávez, existen dos bolívares, el que maneja la tasa oficial y el que se vende en la calle. La diferencia entre los dos es tan abismal que el 80 por ciento de los aproximadamente 1.200 millones de dólares que entraron por remesas al país en 2017, lo hicieron por canales no oficiales –casas de cambio o personas que sirven de intermediarias para que el dinero llegue desde Colombia u otro país hasta quienes lo reciben en Venezuela–.

“Si yo le mando a mi mamá 100.000 pesos colombianos (unos 30 dólares) por una casa de cambio, ella recibe unos 3.500 bolívares, pero si lo hiciera por un canal oficial, recibiría unos 1.000”. Con ese dinero ella alcanza a hacer un mercado de productos perecederos para unas dos semanas, pero ni pensar en alimentos procesados, elementos de aseo, o medicinas; pues o los precios son ridículamente altos o simplemente no se consiguen.

Desde inicios del siglo XXI, con la llegada de Hugo Chávez al poder, miles de venezolanos empezaron a emigrar hacia otros países. En ese entonces, los emigrantes eran empresarios y petroleros que salían de su país para asegurar sus fortunas, sus destinos fueron principalmente Estados Unidos, España y Colombia a donde llegaron y construyeron empresas exitosas. Con el paso de los años y la profundización de la crisis, más venezolanos siguieron saliendo; los siguientes en la lista fueron académicos y profesionales. Hoy muchos quieren salir de Venezuela, sin importar las condiciones. Por eso no es raro toparse en una calle de cualquier ciudad del país a venezolanos durmiendo en las plazas o vendiendo caramelos en una esquina. Ingenieros que manejan taxi en Bucaramanga u odontólogos que lavan vidrios en los semáforos de Cartagena, incluso estudiantes que dejaron su vida atrás para regalar billetes de bolívares en los buses de Bogotá a cambio de cualquier moneda, todo con tal de completar el dinero necesario para enviar a sus familias en Venezuela o poder seguir su viaje hacia otros países.

Mientras los países de la región buscan alternativas para enfrentar la crisis, desde pedir auxilio a organismos como la ONU, hasta denunciar al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos; Antonio sigue haciendo su vida como un inmigrante afortunado en Cúcuta y se enfrenta todos los días a ver a sus compatriotas llegar en unas condiciones mucho más complicadas que la suya.