La carta explica que para que su política de paz total sea exitosa deberá cumplir ciertas estrategias de seguridad que garanticen los derechos humanos de los ciudadanos, el desmantelamiento de los grupos armados y las economías ilegales que lo sostienen.

La nueva directora para las Américas en HRW, Juanita Goebertus, arranca diciendo en la misiva que la propuesta del actual presidente "si se diseña e implementa adecuadamente”, 

tiene el potencial adecuado para avanzar en la protección de los DD.HH de comunidades que han sufrido abusos por parte de los sectores del conflicto armado.

La organización le plantea al Gobierno un total de cinco recomendaciones: 

En primera instancia le pide garantizar la puesta en marcha de "una política para recuperar la seguridad territorial”. Ya que es urgente y necesario debido a que el gobierno del expresidente Duque no garantizó los DD.HH en zonas remotas y permitió la expansión de grupos ilegales.

En el segundo punto, le pide a Petro definir con qué grupos criminales piensa negociar y el proceso para realizar los acercamientos, porque existen más de 30 organizaciones armadas en el país y muchas de ellas tienen vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.

El tercer punto en el que hace énfasis HRW es el abordar las causas que propagan la violencia en el país, que han contribuido a nuevos grupos armados una vez sus predecesores se desmovilizan.

HRW reconoce los procesos de paz, como el que va tener con el ELN, sin embargo le pide al presidente que estos nuevos planes no dupliquen lo que se acordó en el proceso con las Farc y cuya implementación debería ser reforzada.

Aplauden la llamada "guerra contra las drogas" de Petro, pero le piden desarrollar en "el mediano plazo enfoques alternativos en política de drogas a nivel regional que estén basados en estándares internacionales de derechos humanos". 

En cuatro punto, sostiene que su gobierno debe “garantizar que todos los acuerdos cumplan con el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de abusos graves e incluya condiciones adecuadas, como la verdad completa y la reparación a las víctimas, para los perpetradores que reciban sentencias reducidas”.

Para finalizar, HRW pide al Gobierno que tome las medidas especiales para impedir desmovilizaciones fraudulentas de personas que no forman parte de los grupos pero buscan los beneficios de los acuerdos.