Han sido dos años bastante ocupados para uno de los principales encargados de hacer cumplir la ley en Pensilvania, el fiscal general del estado, Josh Shapiro

Su principal prioridad ha sido lidiar con la crisis de opioides, tal y como le confesó a AL DÍA, hasta el punto de que ha llegado a demandar al gobierno de Trump hasta en más de 20 ocasiones; todas ellas, como le gusta señalar, han resultado exitosas.

Sin embargo, el caso por el que mejor se conoce al representante de este estado demócrata convertido en fiscal general es el informe del gran jurado sobre los abusos sexuales a menores, encubiertos por la Iglesia Católica. Un caso que implicó a 301 "sacerdotes depredadores" que presuntamente abusaron sexualmente de más de 1.000 niños en Pensilvania hace ya varias décadas.

El trabajo de su oficina llevó al papa a convocar una cumbre el pasado fin de semana para discutir esta problemática en el seno de la Iglesia, que puede interpretarse quizá como un paso en la dirección correcta, a pesar de la falta de acciones concretas llevadas a cabo hasta la fecha.

Shapiro visitó AL DÍA el martes para hablar sobre la Iglesia Católica, la inmigración y la crisis de los opioides, pero también de su futuro político.

La siguiente entrevista ha sido resumida. Puede sintonizar el podcast incluido a continuación para escuchar la entrevista completa.

Cuando juré mi cargo, me comprometí con la gente de Pensilvania a dar prioridad a las personas por encima de instituciones poderosas, que cuidaría de los más vulnerables de nuestra comunidad y creo que todos podemos estar de acuerdo, sin importar de dónde venimos o nuestra orientación política, que los niños son el activo más vulnerable y maravilloso de nuestra sociedad.

Tras dos años de arduo trabajo en mi oficina llevado a cabo por 23 gran jurados –es decir, 23 hombres y mujeres de Pensilvania– descubrimos hechos increíblemente horribles y perturbadores: identificamos a 301 "sacerdotes depredadores". El gran jurado determinó que miles de niños de Pensilvania fueron violados, maltratados, violados y asaltados. Los miembros del gran jurado destaparon un encubrimiento sistemático y organizado, que se extendió hasta el Vaticano y permitió que continuaran estos abusos. Todos creímos que era importante desenterrar estos horrores para que, por un lado, el público finalmente supiera lo que estaba pasando realmente; y por el otro, garantizar que algo así nunca pueda volver a suceder.

Desde que se publicó nuestro informe del gran jurado, otros 15 fiscales generales de diversos estados han iniciado sus propias investigaciones. No puedo hablar de ello, pero el gobierno federal también ha abierto una investigación.

[Todo esto] sucedió porque se dio prioridad a la institución por encima de la gente. Ocurrió porque, cuando un sacerdote violó a un niño o a una niña, el liderazgo institucional decidió que era más importante proteger a la Iglesia y su reputación, que proteger a ese niño.

Lo que hicimos fue desarrollar el buen trabajo que se realizó en Filadelfia, el buen trabajo realizado por el Boston Globe en la serie Spotlight, y lo ampliamos y lanzamos el que creo sigue siendo el informe más grande elaborado hasta la fecha, el más completo de este tipo en la historia de los Estados Unidos.

Les aclaro a ustedes, y a los lectores de AL DÍA, que este no es el primer caso de asalto sexual institucional que he procesado. Enjuiciamos a los administradores de Penn State que encubrieron los crímenes de Jerry Sandusky, y todos ellos fueron declarados culpables y están cumpliendo, o han cumplido, una pena de cárcel. Estamos procesando, en este momento, a los funcionarios de la prisión del condado de Lackawanna, situada en la parte noreste de nuestro estado, por su papel en el abuso sexual de las reclusas. Y la lista continúa.

Ya sean miembros de la Iglesia Católica, funcionarios de prisión, pediatras u oficiales de una universidad, seguiremos la evidencia donde sea que nos lleve y procesaremos a las personas que dañan a los niños y a aquellos que les encubren.

Si recuerdan, días después de que publicásemos nuestro informe, el 14 de agosto, el papa reconoció lo que contábamos en él y lo condenó, no nuestro informe, pero condenó los actos y el encubrimiento. Su lenguaje era muy, muy fuerte. Curiosamente, en un momento en que muchos obispos aquí en Pensilvania no lo reconocían, no lo aceptaban, el papa se puso frente a ellos y dejó claro que esto no debía tolerarse, en lugar de cuestionar el trabajo de nuestro gran jurado o los hechos que desenterramos.

Sin embargo, y aunque creo que las palabras del papa fueron increíblemente fuertes y que, de por sí, es una declaración muy importante y parte de ese proceso de curación, debo decir que no adoptaron, como he pedido, una política de tolerancia cero. No han dado, al menos en este punto, ningún paso concreto para proteger a los niños. Las palabras son importantes y, con suerte, ahora los obispos de todo el mundo tomarán esas palabras y las incorporarán a sus políticas.

No creo que, como fiscal, mi papel sea sermonear a la Iglesia sobre los pasos específicos que debe tomar en relación con la forma en la que actúan con los feligreses. Sin embargo, creo que sí podemos ayudar a la Iglesia a adoptar políticas para garantizar que algo así no vuelva a suceder y, hasta la fecha, aún no lo han hecho.

Para mí, ver cómo el liderazgo de la Iglesia empleó su fe como un arma para abusar de niños y una herramienta para encubrir ese abuso… Es algo que, como fiscal general, me pone enfermo; pero también como una persona de profunda fé, y, como padre. Me pone enfermo a todos los niveles.

Hemos creado una línea directa de abuso del clero a la que puede llamar. Tengo agentes especialmente capacitados que responden a esas llamadas y hablan con las víctimas. Protegemos su privacidad, y puedo decirles que más de 1.500 personas han llamado a esta línea directa desde que se publicó nuestro informe en agosto. Se trata de un número astronómico, comparado con otras líneas directas que hemos establecido. Atenderemos cualquier llamada profesionalmente y estaremos aquí para usted.

Aunque identificamos a 301 sacerdotes depredadores, las débiles leyes de Pensilvania y lo que se llama el estatuto de limitaciones (cuando pasa un determinado tiempo desde que se comete un crimen este prescribe y no se puede juzgar) solo pudimos acusar a dos sacerdotes depredadores. Ambos han sido condenados, y ambos estarán entre rejas por bastante tiempo.

Nuestra investigación también arrojó información relativa a cómo la Iglesia empleó los acuerdos de confidencialidad para comprar el silencio de las víctimas. Así, si un niño era violado por un sacerdote y un obispo se enteraba, en lugar de apartar al sacerdote y entregarlo a la Policía para que pudiera ser procesado, escribía un cheque a la familia del niño que había sufrido el abuso; y como parte de ese acuerdo, le prohibía hablar de ello con nadie, este es el acuerdo de confidencialidad al que me refiero.

Durante demasiado tiempo las víctimas creyeron que eso también significaba que no podían hablar con la Policía. Por lo tanto, una de las cosas que estamos intentando aclarar en la ley estatal es que si usted participa en un acuerdo de confidencialidad con la Iglesia Católica, o con cualquier otra institución, no pueden impedirle hablar con la Policía. Esa es una de las reformas clave que queremos que se aprueben.

Mi trabajo no solo es opinar sobre cada política o declaración que hace el presidente. Mi trabajo es usar la ley para proteger a los ciudadanos de Pensilvania. Entonces, no demando al presidente cuando no estoy de acuerdo con él. Estoy en desacuerdo con su decisión de declarar una emergencia. Creo que se equivoca. Pero, cuando le demando, lo hago por violaciones de la ley, por lo que en este caso, lo que he dejado claro es que creo que tendremos la capacidad de demandar, siempre y cuando sepa que el dinero que se suponía debía venir a Pensilvania se desvía para construir este muro en la frontera sur. Y he dejado muy claro que si, de hecho, la Casa Blanca hace eso, si el presidente Trump lo hace y toma dinero de Pensilvania y lo envía al muro, entonces estaré preparado para ir a la corte y pelear en nombre de los residentes de Pensilvania para pararle. Por lo tanto, no vean el hecho de que no estoy poniendo una demanda en este momento como un apoyo a lo que está haciendo el presidente.

Necesitamos una frontera fuerte. Necesitamos normas que las personas deben cumplir para poder llegar a este país legalmente. Estoy de acuerdo con eso. Pienso que lo que debemos hacer es tener una discusión real y honesta sobre la aprobación de una reforma migratoria integral de seguridad en la frontera y dejar de tener estos problemas puntuales que distraen de la conversación más amplia que debe tener lugar.

Creo que cuando hablamos de una reforma migratoria integral, sí, debemos tener en algunos lugares barreras físicas a lo largo de nuestra frontera. Necesitamos tener un monitoreo agresivo en estos puntos de control fronterizos. Necesitamos tener leyes para el asilo. Necesitamos tener pautas muy claras sobre lo que se debe hacer para ingresar a este país legalmente y recompensar a quienes pasan por ese proceso. Y necesitamos tener una conversación honesta sobre los aproximadamente 13 millones de personas que están aquí en este país, que ingresaron ilegalmente, pero que ahora han construido sus vidas aquí, y encontrar vías para su ciudadanía.

La epidemia de opioides, la crisis de la heroína, la crisis del fentanilo, esta es mi principal prioridad, y lo ha sido desde el primer día. Perdemos a 15 residentes de Pensilvania cada día a causa de una sobredosis de drogas. Perdimos a 1.200 habitantes de Filadelfia el año pasado. Eso es inaceptable. Kensington está en el centro de la crisis en Filadelfia, por lo que comencé algo llamado Iniciativa Kensington, en el que estamos aprovechando una gran cantidad de recursos policiales para neutralizar a los principales distribuidores que están paralizando estas comunidades.

Acabamos de poner fin hace un par de semanas a una red importante que operaba en Argyle Street, en Kensington. Además de la cantidad masiva de heroína, fentanilo y armas, y el dinero que sacamos de estos hogares, nos centramos no solo en la aplicación de la ley, sino también en devolver la vida a las personas. ¿Sabes lo que pasó la tarde después de que hiciéramos esa redada? Los niños salieron a jugar de nuevo, los vecinos salieron y limpiaron las aceras, repararon las vallas y pusieron el alumbrado. Estas personas recuperaron sus esquinas, recuperaron su vecindario, y creo que nos incumbe seguir haciendo ese trabajo.

Estamos trabajando estrechamente con la ciudad de Filadelfia para poder ingresar y proporcionar esos recursos justo después de realizar nuestras operaciones de cumplimiento de la ley. He dicho muchas veces que la adicción a las drogas es una enfermedad, no un delito, por lo que no puedes detenerte de esta manera. Pero necesitamos una respuesta sólida de la ley para sacar estos venenos de nuestros vecindarios y sacar a estos distribuidores de nuestras calles para que los niños puedan salir y jugar de nuevo.

Esto es lo que planeo hacer: pienso seguir haciendo un buen trabajo, creo, como fiscal general. Tengo la bendición de mi familia para presentarme de nuevo, así que haremos eso. Aprendí que no puedes hacer tu trabajo de manera efectiva si tienes un ojo puesto en otra cosa. Me encanta hacer este trabajo. Me encanta ser un ejecutivo. Me encanta servir a la gente de Pensilvania y espero poder seguir haciéndolo durante bastante tiempo.

El número de la línea directa de abuso de clero de la Oficina del Fiscal General es 1-888-538-8541.