El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha utilizado de nuevo el Tribunal Supremo de Justicia – controlado por los cabecillas de su gobierno – para disolver el Parlamento de mayoría opositora, elegido en el 2015.

Durante el día martes el TSJ había adelantado su estrategia retirando la inmunidad de los diputados opositores, abriendo la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares, según reporta El Comercio.

La sentencia tendría un trasfondo económico, pues resultó en respuesta a un recurso sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero que iría en contra de la Constitución si no cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo, por el contrario, indicó que no existía impedimento alguno para llevar a cabo la medida económica con la que Maduro pretende atraer la inversión extranjera, omitiendo de lleno al órgano Legislador.

Ante la resolución, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, convocó de manera urgente a un Consejo Permanente para tratar la violación constitucional que supone la medida de Maduro.

“Almagro emitió un comunicado rechazando la sentencia (…) que ordenó a la Sala Constitucional asumir las facultades de la Asamblea Nacional. El secretario general de la OEA denunció un auto-golpe de Estado del gobierno contra el Parlamento”, como explica El Nacional.

La Organización de Estados Americanos habría advertido en sus informes del 30 de mayo del 2016 y del 14 de marzo del 2017 de la grave crisis democrática que sufría el país caribeño.

La oposición venezolana hizo eco de las declaraciones de Almagro, denunciando un abierto golpe de Estado en la voz del presidente de la Asamblea Julio Borges y el líder opositor Hernique Capriles, también gobernador del Estado Miranda y ex candidato presidencial.

La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se ampararía en el Estado de Excepción vigente en Venezuela que, sin embargo, no establece la desaparición de los poderes públicos, de acuerdo a la Constitución.

Borges habría llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir, asegurando que “Sabemos que los oficiales de la Fuerza Armada Nacional sufren el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Queremos hacer un llamado para que sean los primeros guardianes de la democracia y de la constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución”, como reportó El País.

Los opositores venezolanos Carlos Vecchio y Luis Florido compararon la resolución con lo sucedido el 5 de abril de 1992 en Perú bajo el mandato de Alberto Fujimori.

Por su parte el gobierno brasileño aseguró que la medida del Tribunal venezolano es “una ruptura constitucional” convocando al diálogo entre las partes.

Tras intervenciones de personalidades, instituciones y hasta el Vaticano para mediar entre las dos bancadas en Venezuela, pareciera que la decisión de Maduro diera por sentado que el país le pertenece tan sólo a algunos pocos y que la frágil oposición no tendrá manera de llegar a un acuerdo democrático.

En estos momentos el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski ha retirado a su embajador en Caracas como medida de condenar la “ruptura de la democracia en Venezuela” y la oposición venezolana ha anunciado protestas a partir del sábado.