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Los intereses del abogado personal del presidente Trump, Rudolph Giuliani, le han conectado directamente con la élite socialista en Venezuela. Foto: Alex Wong/Getty Images
Los intereses del abogado personal del presidente Trump, Rudolph Giuliani, le han conectado directamente con la élite socialista en Venezuela. Foto: Alex Wong/Getty Images

Rudy Giuliani, Venezuela y el problema de la doble moral

El abogado personal del presidente Donald Trump habría interferido a favor de un miembro de la llamada “boliburguesía” chavista en Venezuela.

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A medida que avanza el impeachment contra el presidente estadounidense Donald Trump, un nombre insiste en implicarse cada día más: Rudy Giuliani.

El abogado personal del presidente es mencionado en transcripciones de la Casa Blanca, en deposiciones a puertas cerradas y en investigaciones públicas por parte de los Comités de la Cámara de Representantes, posicionándole cada vez más como un doble agente internacional.

Desde que el presidente Trump dijera al presidente de Ucrania Volodymyr Zelenksy que “hablara con Rudy” en la controversial llamada telefónica que detonó su impeachment, el abogado ha salido a la luz como un puente entre los intereses personales del presidente y una red de personalidades internacionales, entre ellas varios multimillonarios.

Pero pareciera que la labor del abogado del presidente no sólo se reduce a Europa del Este, y en su portafolio de clientes figuran otro tipo de escaramuzas.

Según reportó el Washington Post, Giuliani habría viajado durante el mes de agosto a Madrid como parte de sus esfuerzos por convencer a asesores del presidente ucraniano a que se llevaran a cabo investigaciones políticas contra el ex vicepresidente Joe Biden.

Durante el mismo viaje, Giuliani “permaneció en una finca histórica perteneciente al ejecutivo venezolano de energía Alejandro Betancourt López”, un miembro de la llamada “boliburguesía chavista” que desvió millones de dólares en las empresas energéticas del país caído en desgracia.

Betancourt contrató al abogado personal de Trump “para que lo ayudara a enfrentarse a una investigación del Departamento de Justicia sobre presuntos casos de lavado de dinero y soborno”, explica el medio.

Giuliani por su parte intentó interceder por Betancourt ante el jefe de la división penal del Departamento de Justicia para levantar los cargos en su contra durante una demanda legal que incluye a altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Según había reportado el Miami Herald anteriormente, Betancourt forma parte de “una clase de empresarios políticamente conectados con Miami” que se ha enriquecido gracias a contratos energéticos con el gobierno venezolano, a través de proyectos “sobrepagados” y de “relaciones acogedoras con los principales políticos”.

Mientras Venezuela se hunde en la pobreza, la hiperinflación y su gente es obligada a desplazarse a otros países para sobrevivir, Betancourt compró un ático en la Torre Olímpica de Manhattan, un castillo y otras propiedades de lujo en España, según documentos a los que tuvo acceso el Herald.

Durante su viaje a España, Giuliani se habría hospedado en El Castillo del Alamín, propiedad que Betancourt compró en el 2011 por aproximadamente 23 millones de euros, junto a sus dos asociados Lev Parnas e Igor Fruman, quienes también aparecen en las investigaciones sobre presunto abuso de poder por parte de Donald Trump.

Sin embargo, y mientras de votos se trata, el discurso oficial del gobierno de Trump ha sido el de cortejar a la comunidad venezolana en el país, haciéndole creer que la Casa Blanca se preocupa por la situación.

Desde que el conato de crisis política del pasado mes de enero en Venezuela pusiera al presidente Trump y al vicepresidente Mike Pence ante las cámaras a favor de un cambio de gobierno, poco se ha hecho realmente al respecto.

A pesar de que el gobierno estadounidense ha sancionado a más de 150 compañías e individuos, y ha suspendido las visas para muchos de los asociados con el gobierno de Maduro, hoy en día los venezolanos en Estados Unidos no cuentan con un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el país persiste en la miseria.

Mientras tanto, los intereses del gobierno de Trump parecen manejar sin problema el discurso de la doble moral.

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