Desde que el presidente Donald Trump, por intermedio del fiscal general Jeff Sessions, anunció su decisión de ponerle fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y hasta el próximo 5 de marzo –fecha que le dio al Congreso para solucionar el limbo que acababa de crear–, 22.000 inmigrantes que crecieron en el país como estadounidenses indocumentados habrán perdido la protección que les brindaba el programa. 

La cifra la dio a conocer el Center for American Progress que, basándose en información del Servicio de Ciudadanía (USCIS), prendió las alarmas sobre las primeras consecuencias de la medida.

Se trata de un cambio súbito de las reglas de juego que vino con el anuncio. 

Antes, todos los beneficiarios de DACA tenían derecho a solicitar la renovación de su permiso con tres meses de anticipación a su vencimiento; sin embargo ese plazo pasó a ser de un solo mes cuando Sessions dio a conocer el fin del programa el pasado 5 de septiembre.

De acuerdo con información del USCIS, 154.000 “soñadores” bajo la protección de DACA reunían los requisitos para su renovación en la medida en que se les fuera venciendo el permiso dentro de los seis meses dados por Trump al Congreso para crear un nuevo marco legal sobre el tema. 

El problema es que 22.000 no alcanzaron a radicar su solicitud, muchos de ellos debido a un extraño error en el manejo de las aplicaciones por parte del servicio postal. 

Según el estudio, hasta la fecha 7.900 beneficiarios de DACA han perdido el permiso sin posibilidad de renovarlo. Eso es 122 estadounidenses indocumentados que cada día engrosan la cantidad de personas en riesgo de ser deportadas por la Administración Trump.

El problema no es solo enfrentar el riesgo de una deportación, también es algo más inminente: la pérdida del permiso de trabajo implica la pérdida de empleo, o por lo menos la pauperización de las condiciones laborales de miles de soñadores (el 91 por ciento) que hoy tienen empleo gracias a DACA.

Las cifras se dieron a conocer el pasado jueves, el mismo día que cientos de "soñadores" marcharon en Washington para exigirle al Congreso que apruebe la Clean Dream Act al tiempo que legisladores de ambas fuerzas políticas manifestaron su compromiso de impulsar una ley que les brinde seguridad migratoria.