La crisis venezolana comienza a revelarse en capas mucho más profundas.

Considerado como el éxodo más grande en los últimos 50 años, organizaciones como la ONU han estimado que alrededor de 2.3 millones de venezolanos han abandonado el país durante los últimos años, dirigiéndose hacia países aledaños.

Impulsados por el declive económico y social del país que alguna vez fuera considerado la Arabia Saudita de América, los venezolanos han recogido sus pocas pertenencias y emprendido un viaje de hasta semanas para buscar un mejor avenir en sus países vecinos.

Según un análisis realizado por medios ecuatorianos, entre el 2016 y el 2018, 156.113 venezolanos registrados se encuentran en el país, representando tan sólo el 7.93% del total de los refugiados.

Según declaró el sociólogo Fernando Guerrero a El Telégrafo, el desplazamiento de estos venezolanos se trata de un claro caso de “migración forzada”, que trae consigo el ciclo natural de “períodos de salida, asentamiento, consolidación y estabilidad” que se observan en países con situaciones similares.

Pero un episodio sucedido el pasado sábado en la región norte de Ecuador parece romper con el pronóstico de este ciclo.

Un inmigrante venezolano asesinó a su pareja, una joven ecuatoriana de 25 años de edad, en la vía pública de la ciudad de Ibarra frente a agentes de la policía y de la comunidad, después de haberle retenido como rehén durante 90 minutos.

Inmediatamente, el resto de los venezolanos en la ciudad fueron perseguidos de manera violenta por vecinos, quienes quemaron sus pertenencias y desencadenaron una ola de agresiones que llegaron incluso a la persecución de mujeres y niños hacia la frontera de la región.

En respuesta a la situación, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció la formación de “brigadas especiales para controlar la situación de los inmigrantes venezolanos en las calles”, así como el diseño de “permisos especiales de ingreso al país”.

“Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, escribió Moreno en su cuenta en Twitter, una declaración que desencadenó la preocupación de la comunidad venezolana internacional ante la posibilidad de que fuera interpretado como carta blanca para el maltrato a sus conciudadanos en Ecuador.

Grupos del exilio venezolano denunciaron el día lunes las agresiones declarando en un comunicado que “repudiamos las tristes, dañinas y violentas acciones realizadas por algunos venezolanos que se encuentran en territorio ecuatoriano como el asesinato de una joven ecuatoriana embarazada", expresó José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami.

Colina precisó que por la acción de un delincuente "no pueden pagar ni responsabilizarse a todos los nacionales de ese país".

De igual manera,  solicitó al presidente del Ecuador, Lenin Moreno, castigar a cualquier venezolano que viole la ley, pero también brindar protección a los venezolanos para que no sean víctimas de la "xenofobia".

Sin embargo, el asesinato de esta joven resalta la verdadera crisis que vive Latinoamérica, hoy en día considerada como la región con mayores índices de violencia de género, con un promedio de nueve mujeres asesinadas por día.

Según la ONU, América Latina es el lugar “más letal” para mujeres fuera de una zona de guerra, con cifras que llegaron hasta las 2.500 víctimas durante el 2017.

En Ecuador, “el 60.6% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia”, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y Venezuela forma parte de los 15 países con más feminicidios en el mundo, demostrando que la verdadera crisis que sufre Latinoamérica es una epidemia de una naturaleza completamente diferente.