En medio de una devastadora crisis tras el paso del Huracán María, la isla de Puerto Rico sigue a la espera de que la Administración Trump de signos de preocupación o siquiera reconocimiento del territorio como dependencia federal.

La tormenta de categoría 4 que azotó la isla ha dejado “una devastación total”, según explicaba el vocero del gobierno local Carlos Mercader a CNN. “Puerto Rico no será el mismo en términos de infraestructura, es algo de proporciones históricas”.

Con vientos de 155 millas por hora, María se transformó en la peor tormenta en 85 años registrada en el territorio cuando pisó tierra el 20 de septiembre del 2017. Los daños son incalculables.

De acuerdo al reportaje de la revista TIME, más de un tercio de los hogares puertorriqueños (alrededor de un millón de personas) todavía no poseen acceso a agua potable, menos del 20% de la isla ha recuperado el cableado eléctrico y los puertos aún no funcionan al 100%, lo que mantiene a la población aislada en medio del desastre.

Si bien la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha distribuido 23.6 millones de litros de agua (6.2 millones de galones), esto tan sólo suple el 9% de los requerimientos de la población, desencadenando así una importante crisis sanitaria en la isla.

Alrededor del 86% de los negocios de alimentación han logrado abrir sus puertas a pesar de la inexistencia de provisiones para llenarlos. Es por ello que los puertorriqueños dependían en gran parte de los envíos de FEMA para alimentar a su población.

Pero el día martes, el New York Times hizo pública la noticia de que la Agencia había cerrado un inexplicable contrato con “una pequeña firma de una sola empleada” para repartir 30 millones de comidas a la isla, de las cuales tan sólo 5.000 fueron entregadas.

El contrato habría sido por la suma de 156 millones de dólares a nombre de Tribute Contracting LLC cuyo titular, Tiffany Brown, no cumplió con los requerimientos de empaquetamiento por lo cual el contrato fue rescindido.

“Es difícil entender cómo FEMA podría haber creído que esta pequeña empresa tenía la capacidad de cumplir con este contrato de 156 millones de dólares”, denunciaron los representantes Elijah Cummings (D-Md.) y Stacey Plaskett (D-Virgin Islands).

Ambos representantes escribieron una carta al presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, Trey Gowdy (R-S.C.) solicitándole que emitiera una orden judicial a FEMA para que entregue todos los documentos “relativos a su fallo al proveer decenas de millones de comidas de emergencia” a las víctimas de Puerto Rico, según reportó CNBC.

Para los representantes, esto sería continuación de los “numerosos ejemplos de decisiones contractuales desastrosas por parte de las agencias que seleccionaron al peor postor”.

Según explica el reporte del Times, Brown “no posee experiencia en ayudas para catástrofes de gran escala”. Sin embargo, y según explicó la misma Brown al equipo del Comité de la Cámara, ella ganó el contrato con FEMA por haber ofrecido “el costo más bajo” en sus servicios.

Por su parte, una vocera de FEMA aseguró a CNBC que “a pesar de que es inapropiado comentar habiendo una apelación en curso con la contratista en cuestión, FEMA sigue proveyendo comidas a los sobrevivientes en Puerto Rico”.

Pero los números y la realidad de los puertorriqueños son muy distintas, en especial tras el olvido aparente al que han sido sometidos por parte de la Casa Blanca.

Para el representante demócrata de Florida, Darren Soto, la preocupación es más amplia con respecto a “el preocupante patrón recurrente con la supervisión de FEMA a los procedimientos de contratación, desde la reparación del cableado eléctrico de la isla hasta el retraso en la entrega de asistencia alimentaria”.

“Esto demuestra claras irregularidades y preparación inadecuada por parte de la Administración Trump para responder a los desastres”, continuó Soto en una entrevista con NBC News.

Asimismo, la representante Nydia Velázquez (D-N.Y.), oriunda de Puerto Rico, emitió un comunicado en el que aseguraba que “este es el último ejemplo sobre cómo la administración Trump le ha fallado repetidamente a la gente de Puerto Rico, disimulando su respuesta a este desastre histórico”.

“El hecho es que esta administración le ha fallado a 3.3 millones de ciudadanos americanos mientras sufren una crisis humanitaria”, sentenció Velázquez.