Roberto Beristain llegó a los Estados Unidos como inmigrante ilegal, en búsqueda de un futuro mejor del que le ofrecía su país natal, México. Mientras trabajaba como conductor de autobuses, conoció a su futura esposa de origen griego, Helen, quien obtuvo la ciudadanía hace más de 16 años, y con quien ahora tiene tres hijos ciudadanos americanos.

Pero hace 17 años, Roberto y Helen, quien se encontraba embarazada de su primer hijo, viajaron a visitar las cataratas del Niágara; en su trayecto tomaron la salida equivocada, y terminaron cerca de la frontera con Canadá. Al solicitar sus papeles en la alcabala, y determinar que no poseía alguno, Roberto debió firmar una orden de compromiso que sentenciaba su retiro del territorio americano en un lapso de 60 días.

Al no cumplir con su compromiso, se transformó ante la ley en objeto de una “orden final de remoción”, que implicaba una deportación inmediata.

Según Helen, Roberto debía decidir entre abandonar a su esposa durante un embarazo de alto riesgo – que ponía en peligro tanto su vida como la del hijo que llevaba en el vientre – o abandonar el país y regresar a México. “Él nos escogió a nosotros. ¿Qué hubiese hecho otro hombre en sus zapatos?”, reflexiona su mujer.

Desde entonces, la familia Beristain ha gastado más de 45.000 dólares en asistencia legal para conseguir la normalización del estatus de Roberto. Hace tan sólo tres años, lograron obtener una exclusión temporal de la orden de deportación, consiguiendo para él un permiso laboral, un número de seguridad social y un permiso de conducir. El compromiso era hacer un chequeo anual con la oficina de inmigración para comprobar que no había cometido ningún crimen.

Según su esposa y sus amigos cercanos, Roberto jamás ha cometido un crimen. “Su único error ha sido quedarse en los Estados Unidos porque ama este país”, asegura su esposa.

Durante su chequeo anual en febrero, Roberto fue detenido y se dio inicio a su proceso de deportación.

El caso de Roberto Beristain es una de las tantas paradojas amparadas bajo la nueva orden ejecutiva del presidente Trump, quien prometió durante su campaña presidencial que disminuiría significativamente el ingreso de inmigrantes ilegales durante sus 100 primeros días. Tanto su esposa como sus amigos votaron a favor del nuevo presidente.

Según el reportaje de la CBS, desde la toma de posesión de Donald Trump, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha asegurado haber arrestado a 21.000 inmigrantes indocumentados, de los cuales 5.000 no poseían récord criminal, como es el caso de Roberto. Eso equivaldría al doble de los casos deportados durante el mismo período en el año 2016.

Durante la administración Obama, la orden ejecutiva de inmigración determinaba que la ICE debía enfocarse en aquellos inmigrantes ilegales que tuvieran un expediente criminal por “delitos graves y contravenciones”, y cuyo caso fuera correctamente justificado por los agentes, sobretodo si se tratara de una persona cuyos familiares fueran ciudadanos americanos.

Pero la orden ejecutiva de Trump ha facilitado la deportación de quienes no tuvieran récord criminal, incluyendo a aquellos que hubiesen sido portadores de una “orden final de remoción”.

Roberto y Helen son dueños de una brasería en Indiana, y muchos de sus clientes fueron partidarios de la campaña de Trump: “(Roberto) no es una de las personas que Trump prometió que deportaría”, dice una de ellos. “¿Por qué deportarías a alguien como Roberto, cuando tienes a tantas otras malas personas allí afuera? Sencillamente no tiene sentido”.

La CBS no logró obtener una entrevista con la ICE, pero en su conversación con James Carafano (experto en política de la Fundación Heritage y miembro del equipo de transición de Trump), el argumento estuvo claro: “No es que (los agentes) andan por allí buscando a personas que no han cometido delitos. Pero su obligación es hacer cumplir la ley. Y si alguien se atraviesa en nuestro camino, habiendo faltado a la ley, entonces probablemente se tendrá que ir, porque el mensaje es éste: hay un nuevo sheriff en el pueblo. Y la ley se va a hacer cumplir”.