Después de que California se haya transformado en el centro de la resistencia contra las medidas anti-inmigrantes de la Administración Trump - y que el número de deportaciones en el interior del país hayan escalado considerablemente - la actuación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha pasado a primer plano en cuanto a agresiones a la comunidad inmigrante se trata.

Habíamos explicado antes que durante el primer año de este gobierno, ICE ha detenido a más inmigrantes sin cargos criminales y en territorios lejos de la frontera que durante el gobierno de Barack Obama, aún cuando el número de deportaciones permanezca inferior.

Estas estrategias han intercambiado la deportación por el acoso y la instigación del miedo, medidas que podrían ser potencialmente más útiles a la hora de reducir el número de inmigrantes que cruzan la frontera.

Según recuerda Vox, el director de ICE, Tom Homan, inició una campaña de miedo durante el año pasado declarando que “Si entras a este país de manera ilegal, deberás volver siempre la cabeza y estar preocupado”. Los efectos de sus nuevas medidas han sido registrados por centros de investigación en la George Washington University y el UCLA Civil Rights Project, quienes han determinado que los niveles de estrés y ansiedad afligen a la comunidad inmigrante “sin distinción de estatus legal”, según continúa el medio.

Aunado a esto, las redadas masivas, las separaciones familiares y las constantes amenazas a las Ciudades Santuario, forman un arsenal excesivamente agresivo contra la comunidad latinoamericana y de color en general, y es la retórica su arma preferida en la vanguardia.

Pero, ¿Qué sucede cuando los datos y las cifras de ICE resultan ser, digamos, exagerados? ¿Qué pasa cuando una agencia federal se une al discurso exacerbado y megalómano de un cacique atrincherado en la Casa Blanca?

Según reportó el San Francisco Chronicle, esto es más que probable.

El pasado lunes, un vocero de importante trayectoria en el ICE hizo pública su renuncia argumentando que “no podía seguir haciendo su trabajo después de que funcionarios de la Administración Trump hicieran declaraciones públicas falsas” sobre un aspecto clave en la reciente operación de redadas masivas llevada a cabo en el Norte de California.

James Schwab declaró al Chronicle su frustración por “las repetidas declaraciones de funcionarios, incluyendo el Fiscal General Jeff Sessions, de que casi 800 inmigrantes indocumentados escaparon de ser arrestados porque la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, advirtiera públicamente a la comunidad sobre la operación de cuatro días”.

Según Schwab, las cifras serían mucho menores pero, ante su intención de corregir a la agencia, fue ordenado a seguir el discurso al pie de la letra.

“Renuncié porque no quiero seguir perpetuando datos falsos”, aseguró el ex vocero. “Les pedí que cambiaran la información. Les dije que era errónea, me dijeron que desviase, y no estuve de acuerdo con eso”.

La operación llamada “Keep Safe”, comenzó el 25 de febrero en forma de redada masiva en barrios y comunidades, llevándose consigo a 232 inmigrantes indocumentados. El 27 de febrero, y según recuerda KTVU, Schwab debió emitir un comunicado del director de ICE, Thomas D. Homan, en el que aseguraba que “Gracias al dedicado y profesional trabajo de los oficiales de deportación de ICE, fuimos capaces de remover varias amenazas a la seguridad nacional de las calles de la Bay Area durante los últimos días. Sin embargo, 864 extranjeros criminales y amenazas a la seguridad nacional pública permanecen en esta comunidad, y creo que varios de ellos fueron capaces de evadirnos gracias a la irresponsable decisión de la alcaldesa”.

Días después, el Fiscal General Jeff Sessions repetía el discurso en Sacramento argumentando su decisión de demandar al estado entero de California, y la mañana siguiente, el presidente “redondeaba” el número a “cerca de 1000 personas” durante su discurso político en Pennsylvania.

Y esto es tan sólo la punta del iceberg.

Para Sean McElwee (The Nation), “ICE se ha transformado en una genuina amenaza a la democracia y está destruyendo miles de vidas”. Si bien la agencia fue creada en el 2003 como “producto de la cultura del pánico post 11/9”, según continúa McElwee, su acoplamiento con el Departamento de Seguridad Nacional ha puesto el foco sobre las comunidades inmigrantes y de color, tergiversando “seguridad” con “pase libre”, adoptando posturas que el columnista cataloga de “peligroso indicador de autoritarismo”.

Detrás de todo, lo que realmente preocupa no es tanto la manipulación de cifras, el proselitismo político y la suma de medidas agresivas, sino la maquinaria que los engloba.

Como bien dice McElwee, “es momento de frenar la peor amenaza que enfrentamos: una irresponsable fuerza de ataque que está llevando a cabo una campaña de limpieza étnica”.