Deportados: cuando los inmigrantes son sólo un número
Un año después de la investidura de Donald Trump, indagamos en las verdaderas cifras de deportaciones causadas por las políticas de la nueva administración.
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Hace un año, Estados Unidos aún no se convencía de su nueva realidad política.
El candidato más improbable se había hecho con la llave de la Casa Blanca, después de una campaña basada en la división, el racismo y la promesa del resurgir nacionalista en los estratos sociales que se habían sentido relegados por administraciones anteriores.
Muchos culparon de esto a los dos períodos del gobierno de Barack Obama, al liberalismo que parecía haberse instaurado en la economía nacional y al resentimiento acumulado por años en la población blanca menos educada.
Pero para la comunidad latina, el peligro era inminente: un muro fronterizo, la promesa de que el país “volvería a manos de los estadounidenses” y la amenaza contra los programas de inmigración, suponían que el gobierno de Donald Trump hablaba en serio cuando catalogaba al hispano de “bad hombre”.
La retórica de campaña convenció a muchos otros de que la causa del desempleo, la violencia y la recesión económica era la alta tasa de inmigración, caracterizando al hombre hispano e inmigrante de enemigo nacional.
Durante sus discursos, Trump aseguró que el primer problema era de carácter fronterizo, cuando decía que “hemos dejado nuestras fronteras abiertas de par en par, para que cualquiera entre, y para que las drogas fluyan a niveles sin precedentes”.
Así garantizaba el candidato el argumento principal para la construcción de su anhelado muro fronterizo que, según pregonaba, “será un arma muy efectiva contra las drogas y el crimen”.
Pandilleros, traficantes e ilegales eran los archienemigos de la nación, según Trump, y serían también su primer objetivo durante su administración.
Medios nacionales comenzaron a reportar un aumento en la retórica anti-inmigrante dentro de las comunidades, que hacía eco de la campaña agresiva y violenta del ahora presidente.
Sus primeras medidas se aplicaron de manera inmediata tan pronto se inició el mes de febrero del 2017, según reportaba la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Ésta acababa de iniciar una serie de redadas a nivel nacional para detener alrededor de 680 personas que poseían condenas previas por violaciones a la ley, como bien aseguró el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.
Las condenas “incluían, pero no se limitaban, a homicidios, abuso sexual agravado, agresión sexual de menores, actos lascivos con menores de edad, libertades indecentes con un menor, tráfico de drogas, violencia, asalto, cargos por conducir bajo influencia o cargos por porte de armas”.
Si bien el ICE no especificó en ese momento si la naturaleza de ese 75% de arrestos contemplaba todo el espectro de criminalidades, varios grupos activistas denunciaron la escala y la sincronización de las redadas que incluían “daños colaterales” como la detención arbitraria y la caracterización racial en las calles de las ciudades.
Y es que la orden ejecutiva presidencial para la deportación de “inmigrantes criminales” permitía la deportación de individuos “bajo cualquier cargo”.
Durante estos 12 meses, AL DÍA ha estado siguiendo de cerca casos de deportación que demuestran un cambio radical en las nuevas medidas migratorias de la Casa Blanca, donde familias se han visto separadas y amenazadas por cargos tan sencillos como multas de tránsito o incluso por ningún cargo en lo absoluto.
Tales fueron los casos de Guadalupe García de Rayos, Armando Páez, Rafael, Sonia y su hija con parálisis cerebral, Liliana Cruz, e incluso el de Ramón Ruíz Ortiz, cuya comunidad apoyó abiertamente a Trump durante las elecciones presidenciales.
Todos ellos compartían un trasfondo parecido: habían venido al país hace mucho tiempo, habían creado un hogar, trabajaban, pagaban impuestos y no habían cometido ningún crimen.
Pero para el presidente, sus promesas y su ideología van siempre primero.
A un año de su investidura, Trump ha cumplido con casi todas sus promesas: ha puesto el financiamiento de su muro como moneda de negociación fundamental en todos sus proyectos legislativos, ha aumentado el financiamiento de los oficiales de inmigración, ha aumentado las redadas y la detención de inmigrantes sin récord criminal, ha intentado cancelar el financiamiento a las ciudades santuario, intentó bloquear el flujo de ciudadanos musulmanes al país, ha intentado suspender la inmigración de países minados por grupos terroristas y por ende de refugiados, ha dado por terminado el Estatus Temporal de Protección (TPS) para países centroamericanos y ha suspendido temporalmente el programa para los jóvenes llegados en la infancia (DACA).
Pero, ¿cuáles son las cifras reales de deportación?
Según declara la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en su portal web, el 2017 “ha sido un año exitoso en esfuerzos de seguridad fronteriza, en la reducción de la migración a través de la frontera, el aumento de las fuerzas en el interior y en el desmantelamiento de empresas criminales trasnacionales”.
De la misma manera, la oficina explica en su reporte del año fiscal que todas sus medidas se han aplicado de acuerdo con la Orden Ejecutiva presidencial firmada el 25 de enero del 2017, y que sus estrategias contienen “la detención de personas que hayan sido condenadas por algún crimen, que hayan abusado de algún programa relacionado con beneficios públicos o que sean objeto de una orden final de deportación y que no hayan cumplido con ella”. Asimismo, la agencia explica que “cualquier ciudadano puede ser detenido de acuerdo al juicio de un oficial de inmigración que considere que plantea un riesgo para la seguridad nacional”.
Este tipo de operaciones son llevadas a cabo por el organismo dependiente de ICE denominado “Operaciones de Ejecución y Remoción” (ERO, por sus siglas en inglés), y contempla varios tipos de arrestos:
1. Administrativos
Arresto de ciudadanos inmigrantes por violación de las leyes migratorias. Durante el año 2017, ICE “registró su tasa más alta de arrestos administrativos”, comparado con los tres años fiscales anteriores.
2. Administrativos por crímenes cometidos
Contemplan el arresto de extranjeros con condenas criminales conocidas. Durante el año 2017, ERO arrestó 105.736 personas, lo que representa un aumento del 12% con respecto al año fiscal 2016.
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3. Administrativos sin cargos criminales
Consisten en el arresto de inmigrantes que no estaban cometiendo un crimen en el momento de ser detenidos. Durante el año 2017, este tipo de detenciones representó el 26% del total de las detenciones del ICE. De esos arrestos, el 59% poseía algún tipo de cargo criminal sin resolver, pero el otro 41% contemplaba individuos indocumentados, previamente deportados o sencillamente personas que no habían cometido crimen alguno.
4. Arrestos generales
Llevados a cabo dentro de la comunidad, fuera de prisión y en zonas que limitan el acceso a ICE. Durante el año 2017, este tipo de detenciones llegó a las 40,066, a diferencia del año fiscal 2016 donde se llevaron a cabo 30,348 arrestos.
Ahora bien, las tasas de detención no equivalen directamente a los números de personas deportadas durante el primer año de la Administración Trump. Las deportaciones se llevan a cabo en circunstancias variadas que incluyen detenciones fronterizas y detenciones dentro del territorio.
Durante el año 2017, ICE ha reportado un aumento de las deportaciones por arrestos llevados a cabo dentro del territorio, comparado con el año fiscal 2016 durante la administración Obama.
Si bien varios medios nacionales han reportado que las tasas de deportación durante el primer año de gobierno de Trump son considerablemente menores a aquellas registradas durante los últimos dos años de gobierno de Barack Obama, ello se debe a que las detenciones fronterizas han disminuido de manera importante.
Durante los ocho años precedentes a Donald Trump, el presidente Obama era conocido como “el deportador en jefe”, el hombre que se había encargado de dejar un legado de “deportaciones innecesarias” como reclamaba el National Council of La Raza en el 2014, cuando más de 2 millones de deportaciones se habían registrado hasta el momento.
¿Por qué es entonces tan agresiva la respuesta contra Trump durante su primer año?
La respuesta es sencilla: a Trump se le podrá llamar ahora “el acosador en jefe”, pues sus medidas no se basan sólo en el refuerzo de las fuerzas del ICE, sino en la persecución de los inmigrantes, su estigmatización y en mecanismos de terror que obliguen a las personas a pensárselo dos veces antes de cruzar la frontera.
Así lo confirmó un reportaje de The Associated Press publicado en el mes de diciembre, donde comparaba los datos de arrestos en la frontera con respecto a aquellos realizados en el interior, y atribuía esa diferencia a que menos personas deciden ahora emigrar a Estados Unidos gracias a la retórica violenta y amenazante de esta administración.
“Los inmigrantes potenciales se han dado cuenta de que Estados Unidos no está precisamente colgando un cartel de ‘bienvenidos’”, dijo Michelle Mittelstadt del Migration Policy Institute, al medio. “Creo que ahora hay un sentimiento de que Estados Unidos es menos acogedor”.
Así pues, si consideramos las cifras, quizás el presidente no necesite su muro, después de todo.
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