Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump ha dejado clara su postura sobre el sistema educativo de Estados Unidos: considera que es ineficiente, costoso y burocrático. Con el nombramiento de Linda McMahon como Secretaria de Educación, su administración ha emprendido un camino de reducción del Departamento de Educación, despidiendo a 1.300 empleados y promoviendo una mayor descentralización en favor de los estados. Pero, ¿responde esto a una estrategia de mejora o a una agenda ideológica?

Trump ha sostenido que Estados Unidos gasta más en educación que la mayoría de los países del mundo sin obtener los resultados esperados. Según los datos de la OCDE, el país invierte $15.270 por estudiante en educación primaria y $16.301 en secundaria, cifras superiores al promedio de la organización. Sin embargo, los resultados en la prueba internacional PISA muestran que, aunque los estudiantes estadounidenses se desempeñan bien en lectura (puesto 6 entre los 37 países de la OCDE) y ciencias (puesto 12), siguen rezagados en matemáticas (puesto 28).

Para la administración Trump, estos datos justifican una reestructuración drástica del sistema, con menos regulación federal y mayor autonomía para los estados en la definición de currículos y gestión de fondos.

¿Qué están haciendo Trump?

Los principales cambios impulsados por Trump incluyen, evidentemente, la reducción del Departamento de Educación, con despidos masivos y reasignación de funciones a agencias estatales.
Pero también está dando impulso a la elección escolar, permitiendo que los fondos federales sigan a los estudiantes a escuelas privadas o programas alternativos.
De otra parte, está eliminando regulaciones en diversidad e inclusión, argumentando que estas imponen ideologías progresistas en el aula.
El pasado 30 de enero además firma de una Orden Ejecutiva para expandir la libertad educativa, fortaleciendo el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.
Otras de las decisiones allí incluídas son ordenar al Departamento de Educación priorizar programas de elección escolar en sus fondos discrecionales; permitir a los estados usar fondos federales para becas K-12 y opciones educativas privadas y religiosas; pedir al Departamento de Defensa diseñar un plan para que las familias militares puedan financiar la educación de sus hijos en la escuela de su elección e incluir a las comunidades indígenas, asegurando que los fondos de la Oficina de Educación Indígena puedan destinarse a programas educativos alternativos.

Mientras los defensores de estas medidas aseguran que fomentarán la competencia y la mejora del sistema, los críticos advierten que podría ampliar la brecha educativa y debilitar la protección de estudiantes vulnerables.

Impacto y debate

¿Cómo afectan estas decisiones a la educación estadounidense? Algunos expertos argumentan que la descentralización podría ser positiva, permitiendo que cada estado adapte sus políticas a sus necesidades específicas. Sin embargo, otros advierten que esta estrategia podría aumentar las desigualdades regionales y reducir los recursos disponibles para estudiantes de bajos ingresos.

Asimismo, la eliminación de programas de diversidad y educación inclusiva genera preocupación entre educadores y defensores de derechos civiles, quienes temen que se reviertan décadas de avances en equidad educativa.

Por otro lado, la Orden Ejecutiva refuerza la narrativa de Trump sobre la importancia de la elección escolar. Según la administración, el sistema educativo tradicional ha fallado a millones de estudiantes y familias, y la mejor solución es otorgar a los padres el poder de decidir. De acuerdo con datos del NAEP, el 70% de los estudiantes de octavo grado están por debajo del nivel competente en lectura y el 72% en matemáticas, lo que Trump usa como argumento para justificar la necesidad de alternativas educativas.

El enfoque de Trump en materia educativa es, sin duda, una de las políticas más polarizadoras de su administración. Mientras sus seguidores ven en esta estrategia una forma de reducir la burocracia y devolver el poder a los estados y padres, sus opositores la consideran un intento de desmantelar el sistema educativo público en favor de intereses privados.

A largo plazo, la pregunta clave es si estas reformas mejorarán realmente la calidad de la educación o si, por el contrario, generarán una fragmentación que perjudique a las futuras generaciones. Lo que es innegable es que el debate sobre el futuro de la educación en EE.UU. está más vivo que nunca.