En un país donde la pandemia del Coronavirus ha hecho estragos, y donde las poblaciones más afectadas son precisamente las comunidades de color, no es de sorprender que los centros de detención para inmigrantes sean el escenario ideal para la propagación del virus.

Durante los últimos años, la Administración Trump ha dejado en claro su rotunda negativa a tratar a los inmigrantes como ciudadanos o individuos en pleno derecho, y la Agencia de Inmigración y Aduanas no ha hecho sino eco de ello.

Ahora, y con una cifra de más de un millón de casos y 57.000 muertes, la realidad de los inmigrantes indocumentados ha pasado a un segundo plano en los medios de comunicación.

Es quizás por ello que poco se ha escuchado de lo que el Miami Herald reportó esta semana, citando los pocos datos federales que existen al respecto, cuando expuso que al menos el 85% de lo detenidos que han sido testeados a nivel nacional han dado positivo para COVID-19.

“Según el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, 425 de sus 30.737 detenidos han sido sometidos a pruebas de detección del nuevo coronavirus hasta el 21 de abril,” dijo el medio, sin disponer de mayor información desde entonces.

Aunque las cifras del ICE demuestran que sólo un 1.38% de sus detenidos han sido testeados, el hecho de que el 85% de ellos haya dado positivo pinta un espantoso panorama si se proyecta epidemiológicamente, considerando las críticas condiciones a las que están sometidos los prisioneros.

La agencia asegura, por su parte, estar cumpliendo con los protocolos de los Centros para el Diagnóstico y Prevención de Enfermedades (CDC), “y en conjunción con las recomendaciones de socios de salud estatales y locales”.

Sin embargo, la semana pasada una demanda federal introducida en Miami expuso la negligencia por parte de la Agencia a la hora de establecer protocolos de salud, poniendo en riesgo a miles de detenidos a nivel nacional.

“El ICE contradice directamente la orientación [de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] de varias maneras, incluyendo, de manera más crítica, que los funcionarios del ICE describen la cohorte como la respuesta planificada a una conocida exposición a COVID-19, no como una práctica de último recurso", dijo Joseph Shin, profesor asistente de medicina en Weill Cornell Medicine, miembro fundador del Centro Cornell para la Equidad en la Salud, y ex director médico del Centro Weill Cornell para los Derechos Humanos, en una declaración jurada que forma parte de la demanda.

En una demanda similar, la American Civil Liberties Union introdujo un par de demandas el pasado viernes en California exigiendo “una reducción drástica de la población encarcelada” y “el cese de todos los traslados de presos a centros federales de detención de inmigrantes, en medio de las crecientes señales en todo Estados Unidos de que las cárceles y prisiones son zonas calientes para la propagación del coronavirus”, explicó el Los Ángeles Times.

"No sólo están en peligro los que están confinados en cárceles, centros de detención e instalaciones para jóvenes", dijo en un comunicado Peter J. Eliasberg, consejero principal de la ACLU en el sur de California. "Una vez que el virus entra, el movimiento regular del personal y los visitantes dentro y fuera significa que las paredes y el alambre de púas no pueden frenar ni detener la propagación del virus a las comunidades en general".

Sin embargo, mientras se espera la decisión del tribunal, ICE ha reportado 317 infecciones entre sus detenidos a nivel nacional.

Según reportó el Washington Post, en las últimas semanas se han reportado múltiples casos de inmigrantes con problemas crónicos de salud –desde diabetes hasta enfermedades cardiovasculares– que han buscado “desesperadamente alivio en peticiones individuales”, consiguiendo en algunos casos que jueces ordenen su liberación, pero no sin un esfuerzo titánico detrás que, en muchas ocasiones, ha incluido protestas y huelgas de hambre.