El jueves 7 de abril, Lizelle Herrera, de 26 años y residente en Texas, fue detenida y acusada de asesinato por "aborto autoinducido".

Su abogado dijo a Buzzfeed News que fue acusada de "causar intencionalmente y a sabiendas la muerte de un individuo por aborto autoinducido". Se le impuso una fianza de 500.000 dólares en una cárcel de la ciudad de Río Grande.

Los detalles sobre lo sucedido, incluyendo si la propia Herrera había estado embarazada, no estaban inmediatamente claros.

La oficina del sheriff del condado de Starr tampoco indicó inicialmente por qué ley fue detenida Herrera. Texas había prohibido el aborto después de las seis semanas, pero las sanciones se centran en los proveedores de abortos, no en las propias embarazadas.

Después de que se hiciera pública la detención de Herrera, los defensores del derecho al aborto comenzaron rápidamente a recaudar fondos para ayudarla con los costes legales, y fue liberada de la cárcel el sábado 9 de abril. 

"Queremos que la gente sepa que este tipo de legislación impacta más a las comunidades de gente de color de bajos ingresos cuando los legisladores estatales ponen restricciones a nuestros derechos reproductivos", dijo Rockie González, fundadora de Frontera Fund, a la Radio Pública de Texas.

En un giro repentino de los acontecimientos, la fiscal del condado de Starr, Gocha Ramírez, anunció en un comunicado de prensa el domingo 10 de abril que su oficina desestima los cargos contra Herrera. 

"Las cuestiones que rodean este asunto son claramente polémicas, sin embargo, sobre la base de la ley de Texas y los hechos presentados, no es un asunto penal", dijo Ramírez en un comunicado.

A pesar de la acusación del gran jurado, los hechos del caso no permitieron a Ramírez procesar. 

Todavía no se sabía el domingo si Herrera fue acusada de inducirse un aborto a sí misma o si ayudó a otra persona a conseguirlo. Texas tiene una de las leyes de aborto más restrictivas del país.

El profesor de derecho de la Universidad de Texas, Stephen Vladeck, dijo a The Associated Press que la ley de Texas la exime de un cargo de homicidio criminal por abortar su propio embarazo. 

"(El homicidio) no se aplica al asesinato de un niño no nacido si la conducta imputada es una conducta cometida por la madre del niño no nacido'", dijo Vladeck.

La ley de Texas de 2021 que prohíbe los abortos después de las seis semanas de embarazo ha reducido drásticamente el número de abortos en el estado. También permite a los ciudadanos particulares demandar a los médicos o a cualquiera que ayude a una mujer a abortar. 

La mujer que aborta está exenta de la ley.

"Aunque con este sobreseimiento la Sra. Herrera no se enfrentará a un juicio por este incidente, tengo claro que los acontecimientos que han conducido a esta acusación se han cobrado un precio en la Sra. Herrera y su familia", dijo Ramírez.

Defensores de los derechos reproductivos en el Valle del Río Grande y a nivel nacional dijeron que, en primer lugar, nunca debería haber sido detenida.

Nancy Cárdenas Peña, directora estatal de Texas para la política y la promoción del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva, dijo que el aborto debe estar disponible en los propios términos de la mujer donde se sienta más cómoda.

"Permitir que el derecho penal se utilice contra las personas que han interrumpido sus propios embarazos no sirve a ningún propósito razonable del Estado, sino que puede causar un gran daño a los jóvenes, a las personas con menores ingresos y a las comunidades de color, que son las que tienen más probabilidades de encontrarse con las fuerzas del orden o de ser denunciadas", dijo Peña en un comunicado. 

Aunque se trata de una victoria, es agridulce, y muchos defensores creen que Herrera no será la última mujer de color de Texas victimizada de esta manera. Muchos defensores están insatisfechos con la forma en que se manejó este caso y exigen más justicia para Herrera.

"Seguimos necesitando respuestas del fiscal del condado de Starr porque llevó el caso a un gran jurado. Necesitamos saber cómo o por qué tuvo la impresión (EQUIVOCADA) de que se había cometido un delito", escribió en Twitter Mary Drummer, directora de la red All* Above All.