En el mismo lugar donde Donald Trump ha prometido construir un muro, donde su administración ha separado a miles de familias y donde la guardia nacional fue enviada para reducir la inmigración indocumentada, ahora la Administración ha empezado a decomisar pasaportes a ciudadanos estadounidenses.

Según reportó el Washington Post, “un creciente número de personas cuyos registros de nacimiento oficiales muestran que nacieron en Estados Unidos” están siendo negados de pasaportes, y su ciudadanía está siendo “repentinamente cuestionada”.

“La Administración Trump está acusando a cientos, y posiblemente miles, de hispanos a lo largo de la frontera de usar certificados de nacimiento fraudulentos desde que eran bebés”, continúa el medio.

Si bien el gobierno ha declarado que no ha cambiado los procedimientos de adjudicación de pasaportes, sí ha admitido que “la región fronteriza entre México y Estados Unidos es un área del país donde ha habido una importante incidencia de fraude de ciudadanía”.

El Post ha reportado casos de solicitantes de pasaporte que han sido detenidos en centros para inmigrantes y se ha dado inicio a sus procesos de deportación, así como otros que se han visto atrapados en México sin la posibilidad de volver a entrar al país.

“A medida que la Administración intenta reducir tanto la inmigración legal como la ilegal, el tratamiento que el gobierno da a los solicitantes de pasaportes en el sur de Texas muestra cómo los ciudadanos de EE.UU. son cada vez más desplazados por las agencias de inmigración”, agrega el medio.

Esta nueva estrategia está argumentada bajo el alegato de múltiples casos de fraude de documentación entre los años 50 y 90 por parte de parteras, comadronas y ginecólogas quienes “proveían certificados de nacimiento estadounidense a bebés nacidos en México”.

Administraciones previas, como la Bush y Obama, recurrieron a mecanismos parecidos a la hora de denegar pasaportes a personas que se sospechaban poseedoras de certificados fraudulentos. El cambio ahora es que el gobierno de Trump no sólo ha aumentado la frecuencia de negación de documentos, sino que también ha procedido a revocarlos, solicitando documentación adicional en algunos casos y, en otros, negándolo por completo.

La nueva estrategia de remoción de pasaportes se une a un mecanismo más amplio por parte de la Administración que consiste ahora en nuevas restricciones en las aplicaciones a residencia permanente y ciudadanía para inmigrantes y la amplitud de rango para casos de deportación por parte de la USCIS.

De una u otra manera, la política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump ha pasado ahora a su etapa administrativa, y promete no dar marcha atrás.