Una nueva investigación analizó el efecto de levantar las moratorias de desalojo después de que las prohibiciones de desalojo a nivel estatal expiraran durante el verano. 

El estudio, dirigido por la epidemióloga y becaria postdoctoral Kathryn Leifheit, de la Escuela de Salud Pública Fielding de la Universidad de California en Los Ángeles, abarcó 27 estados que terminaron con el período de moratoria del 13 de marzo al 3 de septiembre.

Descubrió que los estados que dejaron expirar las moratorias de desalojo - dando así a los propietarios la autoridad de echar a los inquilinos - tenían un 2,1% más de casos y un 5,4% más de mortalidad, lo que equivale a 433.700 casos de exceso de coronavirus y 10.700 muertes de exceso.

Los inquilinos siguen siendo desalojados durante la pandemia de COVID-19, apesar de las medidas emitidas después de que las moratorias a nivel estatal terminaron. 

Una prohibición de desalojo a nivel nacional entró en vigor el 4 de septiembre y se suponía que iba a reemplazar las muchas moratorias estatales y locales que habían expirado durante el verano. Pero los defensores de los inquilinos dicen que uno de los problemas radica en la falta de comunicación y la débil implementación. 

Mucha gente sigue sin conocer la directiva implementada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que impide los desalojos por no pagar el alquiler hasta el final del año.

Fue visto como un esfuerzo para evitar que más de 23 millones de inquilinos fueran desalojados en medio de un estancamiento de meses en el Congreso de más de decenas de miles de millones de dólares en ayuda para el alquiler, informó la AP.  La directiva también se planteó como una forma de luchar contra el coronavirus, ya que incluso entonces, los estudios mostraron que un aumento del desalojo llevaría a un aumento de los casos y las muertes.

Pero no ha funcionado. A pesar de la prohibición federal, los inquilinos siguen siendo desalojados en medio de un virus que sólo se intensifica en los meses de invierno. 

"Los estadounidenses están siendo desalojados de sus casas, a pesar de la débil moratoria federal que Trump puso en marcha", escribió en Twitter el ex secretario de HUD y candidato presidencial, Julián Castro. 

La orden de la CDC vence el 31 de diciembre, justo cuando un esperado pico en los casos de virus amenaza con perturbar aún más la economía, y los inquilinos aún deben varios meses de alquiler. Para enero, los inquilinos deberán hasta 34 mil millones de dólares.

Con eso en mente, Castro pidió que el Congreso aprobara una "verdadera" moratoria de desalojo y proporcionara "un alivio sustancial de la renta".

En el estudio también se determinó que los casos relacionados con los desalojos eran más graves que el promedio de la población de un estado, lo que probablemente era una manifestación de la "mala salud y los costos asociados con la atención de la salud", que exacerban el riesgo de desalojo.

Los investigadores recomendaron que se siguiera investigando la asociación entre el levantamiento de moratorias y las disparidades raciales en los casos y muertes de COVID-19. 

"El racismo estructural y la pobreza, causas fundamentales del riesgo de desalojo, también se manifiestan como comorbilidades y un acceso deficiente a la atención médica en las comunidades negras y latinas y en los hogares de bajos ingresos, lo que crea vulnerabilidades", escribieron los investigadores. 

De cara a 2021, hacen un llamamiento a los responsables de la formulación de políticas al final de la parte de "Hallazgos" del estudio sobre desalojos y se hacen eco del llamamiento a la acción de Castro. 

"Los responsables de la formulación de políticas deben considerar la posibilidad de ampliar las moratorias federales, estatales y locales junto con el alivio de los alquileres y otras protecciones legales y de apoyo para evitar futuros desalojos, la transmisión de COVID-19 y los daños asociados".